Del sentido común al sin sentido

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Por Marcela Sanchez
Especial por washingtonpost.com
Friday, November 9, 2007; 12:00 AM

El gobernador de Nueva York dice que quiere hacer más seguras las carreteras, mejorar la labor policial y ahorrarle a automovilistas $120 millones de dólares en tarifas de seguro. Pero parece que por ahora su plan se ha varado.

El Gobernador Eliot Spitzer pensó que el estado podría otorgarle licencias de conducir a cualquier residente que pueda pasar el examen de manejo y demostrar su identidad - sin importar su estatus migratorio. El plan, pensó Spitzer, tenía sentido común: es mejor saber quién usa las carreteras y aumentar la probabilidad de que conozcan las reglas de tránsito, porten seguro y estén así menos dispuestos a huir en caso de accidente.

Tomó cinco semanas de feroces ataques para convertir el sentido común en algo sin sentido. En un evidente cambio de postura, Spitzer anunció hace dos semanas que ahora apoya planes federales de hacer el acceso a licencias de conducir aun más estricto. Dice que además prefiere que su estado emita una segunda clase de documento que estaría disponible para inmigrantes ilegales. Es difícil imaginar que a los indocumentados les interese solicitar un documento que los pondría al descubierto.

Hace tres años un comité especial en Maryland encargado de estudiar el tema recomendó no prohibir las licencias a los inmigrantes ilegales. La Delegada estatal Ana Sol Gutiérrez dijo que el comité determinó que la seguridad pública prevalecía sobre la preocupación migratoria. Ahora, dijo Gutiérrez en una entrevista esta semana, presiones políticas harían "muy difícil lograr mantener esa recomendación".

La histeria sobre la inmigración ilegal es tal por estos días que cualquier medida que insinúe siquiera la posibilidad de beneficiar a quienes están acá ilegalmente - incluso si el beneficio público ampliamente compensa la módica ganancia para el inmigrante - será probablemente derrotada.

Tal es el caso del Dream Act, un proyecto de ley que le daría residencia legal permanente a hijos de inmigrantes ilegales que no han tenido roces con la ley, han asistido a la universidad por lo menos dos años o prestado servicio militar. De manera similar, funcionarios en la población de Herndon, Va., prefirieron cerrar las puertas de un centro para trabajadores jornaleros antes que cumplir con una orden judicial que los obligaba a servir a todos los trabajadores, legales o ilegales. Ahora, los trabajadores han regresado a las esquinas y estacionamientos a buscar trabajo, nuevamente generando una reacción pública y repitiendo la situación que el centro buscaba remediar.

La ola anti inmigrante también dificulta más la labor de quienes sirven a la comunidad en general.

Jefes de policía y asociaciones policiales aseguran que hacer de sus agentes protectores de las leyes de inmigración pone en peligro su habilidad de mantener la seguridad pública al desalentar a todo un segmento de la población a que reporte crímenes y busque su asistencia. Como lo dijo un comandante policial de Maryland, el éxito "depende de que los residentes consideren a la policía como aliada en la lucha contra el crimen, no como enemiga".

Una desconfianza similar desanima a los inmigrantes a buscar atención médica cuando la necesitan, lo que a su vez puede potencialmente amenazar la salud de la población en general. Expertos en salud afirman que el cuidado preventivo como las vacunas en niños puede evitar problemas severos de salud o la propagación de infecciones. Aun así, un estudio de Harvard de 2005 encontró que hijos de inmigrantes reciben una cuarta parte del cuidado médico que el de niños nacidos en Estados Unidos.

"Es verdad que el tema de la inmigración ha atraído la atención de todo el país y provocado emociones muy fuertes", dijo Justin Levitte del Brennan Center for Justice de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. "Aunque algunos explotan esas emociones, eso nunca conduce a la formulación de políticas públicas sólidas".

Por años Levitt ha estudiado el tema, emocionalmente marcado, del supuesto fraude electoral perpetrado incluso, como ya se habrán imaginado, por inmigrantes ilegales. Aunque la mayoría de estas acusaciones han demostrado ser infundadas, la presión política continúa para que se exija un documento de identificación en los puestos de votación. Levitt llama esas demandas una mala solución a un problema no existente. Cree que en el proceso se pueda crear un problema real de exclusión al hacer más difícil que millones de ciudadanos voten - primordialmente pobres, ancianos y minorías.

Queda claro que las víctimas de la histeria anti inmigrante no son solo "los ilegales". Desafortunadamente, no parece que llegue pronto un fin a esta situación. En los meses por delante se hará más difícil para gobiernos locales y estatales el adoptar medidas razonables con respecto a inmigración mientras candidatos continúan explotando las emociones de las personas sobre el tema. Incluso la elección de un presidente el próximo año tal vez no ponga fin al dilema federal. Algunos analistas ya están especulando que cualquier esfuerzo por revivir una reforma migratoria integral tendrá que esperar hasta un segundo mandato - si es que éste se da.


© 2007 The Washington Post Company

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