¿Hará justicia la extradición más allá del interés anti-drogas de EE.UU.?

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Por Marcela Sanchez
Especial por washingtonpost.com
Friday, May 23, 2008; 12:00 AM

A comienzos de la semana pasada el gobierno de Colombia extraditó a 13 comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia a los Estados Unidos. Se trata de algunos de los hombres más temidos en Colombia, acusados de actos de tortura inconcebibles, masacres y desplazamiento de poblaciones enteras.

Ahora repartidos en centros de detención a lo largo de Estados Unidos, estos líderes paramilitares esperan juicio por cargos de conspiración para importar, producir y distribuir cocaína en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que está complacido de que estos hombres que "usaron el tráfico de drogas para ...envenenar a los estadounidenses con toneladas de cocaína" enfrentarán la justicia.

Y ello deberá satisfacer a autoridades en Estados Unidos que por mucho tiempo han visto a la extradición como una herramienta principal en la lucha contra las drogas. Además de buscar largas sentencias contra los acusados, los fiscales aseguran que los procesos judiciales a menudo revelan nueva información acerca del narcotráfico y de individuos involucrados.

Pero la pregunta principal es si los deseos de justicia de Colombia también quedarán satisfechos. ¿Confesarán estos líderes sus asesinatos masivos? ¿Revelarán los nombres de los que en las clases empresarial y política de Colombia los apoyaron e, incluso, fomentaron sus actividades? ¿Estarán dispuestos a pagar reparaciones para las miles de víctimas de sus crímenes? En otras palabras, ¿cumplirán alguna condena no solo por lo que hicieron contra estadounidenses, sino también contra colombianos?

El Presidente de Colombia Álvaro Uribe cree que todas estas inquietudes tienen mejor opción de resolverse ahora con los paras en Estados Unidos. En el discurso en que anuncio su decisión de permitir la extradición, Uribe indicó que el proceso para llevarlos a la justicia se había atascado. Muchos no estaban cooperando y todos permanecían callados acerca de propiedades obtenidas ilegalmente y que debían destinarse a resarcir a las víctimas. Algunos, afirmó Uribe, incluso continuaban dirigiendo sus empresas criminales desde la cárcel.

Los críticos son escépticos y afirman que Uribe uso la extradición para deshacerse de polémicas figuras precisamente cuando empezaban a revelar algunas verdades inconvenientes. Varias docenas de políticos, incluidos aliados de Uribe, enfrentan cargos por sus supuestas asociaciones con paramilitares.

Independientemente de las motivaciones de Uribe, la realidad es que los líderes paramilitares están aquí ahora. Le pedí a varios ex fiscales federales, abogados que han representado a otros extraditados con cargos similares y analistas de Colombia que evaluaran la forma en que el sistema de justicia criminal estadounidense podría en efecto complacer los deseos de justicia de Colombia.

Si los líderes paramilitares deciden que ya no tienen nada que perder y empiezan a "cantar como canarios", como lo expresó Adam Isacson, experto en Colombia del Center for International Policy, el llamado escándalo de la parapolítica podría seguir su curso. Como parte de un acuerdo entre ambos países, se espera que fiscales colombianos tengan acceso a los acusados para seguir tratando de obtener confesiones. Salvatore Mancuso, uno de los más conocidos líderes extraditados, ha expresado ya interés en ver a un fiscal colombiano "a la mayor brevedad posible".

Si los paras no hablan, sin embargo, los fiscales estadounidenses pueden ofrecer sentencias reducidas como incentivo. Para asegurar que eso ocurra, la Secretaría de Justicia puede emitir una directriz que "instruya a los fiscales generales a que promuevan" ese tipo de acuerdos, según Kenneth Roth, un ex fiscal federal de Nueva York y actual director ejecutivo de Human Rights Watch. Roth solicitó eso precisamente en una carta enviada el viernes a Secretario de Justicia Michael Mukasey.

Si bien Estados Unidos se concentrará en los cargos de narcotráfico contra todos los paras, Roth y otros coincidieron en que éstos podrían ser procesados por otros cargos. Por ejemplo, podrían ser acusados de tortura, así como Charles "Chuckie" Taylor Jr, el hijo del ex hombre fuerte de Liberia, está siendo procesado en Miami. Taylor fue inicialmente acusado por una violación migratoria.

Otra opción disponible para los fiscales estadounidenses, según el Representante Bill Delahunt (D-Mass.), es aprovechar estos testigos de primera mano para investigar vínculos entre compañías estadounidenses y paramilitares en Colombia. En una confesión de culpabilidad, la empresa con sede en Ohio Chiquita Brands International aceptó pagar una multa por $25 millones de dólares por sus pagos al grupo de autodefensas, señalado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista internacional en 2001.

Hasta ahora, de acuerdo con la prensa colombiana, las víctimas no han visto nada de los $25 millones. De igual manera, los colombianos tal vez creen que su deseo de alcanzar un punto final se atrasará aún más con las extradiciones. Claramente estos procesos toman tiempo y justicia plena tal vez no se logre nunca, pero con los líderes paramilitares ahora procesados en Estados Unidos, la impunidad parece hoy mucho menos probable que antes. Y si el gobierno estadounidense aprovecha la oportunidad, podría hacerse justicia más allá de una simple reducción del tráfico ilegal de drogas.


© 2008 The Washington Post Company

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