El gobierno de Donald Trump se embarcó este año, junto con países europeos y latinoamericanos, en una nueva estrategia para buscar un cambio en Venezuela. La idea era respaldar al líder de la oposición, Juan Guaidó, como el presidente interino y una alternativa al presidente Nicolás Maduro. Dada la situación desesperada del país sudamericano, donde el derrumbe económico y las violaciones a los derechos humanos han provocado el éxodo de hasta cuatro millones de personas —de una población de 32 millones—, era una táctica que valía la pena intentar. ­Fue una apuesta particularmente plausible por la rara confianza de la administración de Trump en el camino del multilateralismo.

Por desgracia, la estrategia no ha tenido éxito. Hasta la fecha ni la presión diplomática, las sanciones económicas o la apertura a los potenciales disidentes del aparato de seguridad venezolano por parte de la administración estadounidense han llevado a Guaidó al poder. Maduro se mantiene ahí con el apoyo de Cuba y Rusia, y se fortalece con las ganancias de la venta de oro y el tráfico ilegal de drogas, mientras la población sigue sufriendo.

La estrategia estadounidense ha llegado al punto en el cual no puede apretar más al régimen de Maduro sin que esto signifique más problemas para los venezolanos. Una prueba de esto es una nueva orden ejecutiva de Trump, la cual amplía las prohibiciones existentes en las negociaciones que se pueden tener con más de 100 funcionarios y entidades gubernamentales —lo cual abarca ya al régimen madurista completo— y congela sus activos en los Estados Unidos, incluidos los de Citgo, la empresa petrolera venezolana con sede en el país norteamericano.

Aunque no es una prohibición total hacia el comercio o la ayuda humanitaria con ese país, la nueva medida se acerca más a ese punto que las sanciones anteriores. Además pone más presión sobre la exportación petrolera, industria clave de Venezuela, y extiende el boicot hacia otros países que hacen negocios con Caracas. Los objetivos principales parecen ser Rusia y China, que tienen una participación considerable en Venezuela, pero podría impactar a otros socios comerciales en Europa y Asia. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dijo sobre el tema: “Estamos enviando una señal a quienes quieren hacer negocios con el régimen de Maduro: procedan con precaución extrema”.

Sin embargo, cuantas más sanciones estadounidenses se apliquen, y cuanto más tiempo permanezcan vigentes, más creíble será la propaganda del régimen de Maduro que culpa a Washington de los problemas que en realidad originaron su mala gestión y la corrupción. Bolton y otros funcionarios argumentan que vale la pena correr este riesgo, dadas la graves condiciones de Venezuela y la urgencia de ponerles fin. Estamos de acuerdo en que la situación es crítica e insostenible, y que la inestabilidad puede extenderse a países vecinos como Colombia, que enfrenta a la vez una avalancha de refugiados de Venezuela y la amenaza de violencia por parte de la guerrilla patrocinada por Caracas.

Bolton probablemente también tiene razón en que el régimen de Maduro está utilizando las negociaciones con la oposición para ganar tiempo, no para buscar una solución pacífica. Dada la necesidad de una transición pacífica hacia una democracia genuina, y el fracaso de los intentos de Estados Unidos para lograrlo por otros medios, no apostamos por descartar las negociaciones. Un portavoz de Guaidó señaló que las nuevas sanciones son una forma de presionar a Maduro para que negocie de buena fe. No hay muchas formas previsibles de que esta política de Estados Unidos pueda dar frutos a corto plazo, pero forzar a que haya conversaciones serias podría ser la mejor esperanza.

Lee más (en inglés):