Eileen Truax es periodista y autora de los libros “Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano” y “We Built the Wall: How the U.S. Keeps out Asylum Seekers from Mexico, Central America and Beyond”.

El tiroteo en la ciudad de El Paso, Texas, y las redadas masivas en el estado de Mississippi, dos eventos que ocurrieron con cuatro días de diferencia, dejaron un saldo de 22 personas asesinadas el primero, casi 700 inmigrantes arrestados el segundo, y una denuncia inmediata de la política y retórica antiinmigrante del presidente estadounidense, Donald Trump. En el mediano plazo, el reto más grande es para el gobierno mexicano: redefinir, de cara a estos eventos, su relación con Estados Unidos, que inevitablemente seguirá girando en torno a las políticas de migración.

En los primeros nueve meses de su gestión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no ha sido capaz de enviar un mensaje contundente sobre su política migratoria en las dos áreas que le competen: la migración proveniente de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, y la protección de la comunidad mexicana migrante en ese país.

Tras un año atropellado, en el que la relación bilateral se ha regido por la presión y los chantajes de Trump, López Obrador llega a su primer informe de gobierno con un solo resultado: la transformación de la frontera sur de México en una extensión de la de Estados Unidos.

Esta situación no es completamente nueva. En 2008 entró en vigor la Iniciativa Mérida, un acuerdo a través del cual Estados Unidos aportó tres mil millones de dólares para el combate al crimen organizado en la frontera sur mexicana. Diez años después el crimen sigue tan organizado como entonces y la mayor parte del dinero fue invertida en disminuir el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

En 2014, tras la “oleada” de niños migrantes que viajaban hacia EU no acompañados, llegaron recursos adicionales bajo el nombre Programa Frontera Sur.

Esta visión de la frontera de México con Centroamérica, ligada a la seguridad interior de Estados Unidos, solía plantearse como parte de una agenda de cooperación entre países; pero con la llegada de Trump ha quedado claro que esto es un ultimátum con consecuencias económicas: o México controla el paso de inmigrantes centroamericanos, o Estados Unidos le impondrá tarifas comerciales.

Este es el paquete que le ha tocado administrar a López Obrador, quien no lo tiene fácil. El candidato que durante su campaña habló de cancelar la Iniciativa Mérida, ha respondido como presidente de inmediato a las demandas de Trump con el envío de la Guardia Nacional a custodiar la frontera, la detención de inmigrantes centroamericanos, y aceptando que quienes logran llegar a la frontera norte a buscar asilo esperen una respuesta en territorio mexicano, lo cual viola las normas internacionales de refugio y asilo, y los expone a nuevos ciclos de violencia.

Mientras eso ocurre, Trump refuerza el discurso que criminaliza a inmigrantes, y sus seguidores los agreden verbal y físicamente. Un buen día uno de ellos decide matar a 22 personas en una ciudad fronteriza solo por ser mexicanas. Cuatro días más tarde, cuando el gobierno de AMLO aún está pensando cómo reaccionar, detienen a más de 120 inmigrantes mexicanos en las redadas de Mississippi.

Reza un dicho popular que no se puede quedar bien con dios y con el diablo, por eso el presidente de México tiene que corregir el rumbo y definir una postura clara en el tema migratorio: una que priorice la protección de los derechos humanos y que refuerce la seguridad sin militarización.

Es necesaria también una estrategia que incluya negociaciones con los contrapesos dentro del propio gobierno estadounidense —el Congreso, algunos miembros del gabinete— para que la agenda comercial y económica de la relación binacional no se estanque cada vez que haya un arrebato de Trump.

El segundo año de gobierno de López Obrador coincide con el año en el que el presidente estadounidense se juega la reelección. Las presiones que ha recibido el gobierno mexicano son solo una muestra de lo que vendrá. Trump ha comprobado que atacar a los inmigrantes como elemento de campaña le da resultados; y cada vez que el gobierno mexicano acepta sus condiciones sin exigir a cambio mecanismos para la protección de sus vidas, está reforzando esa dinámica.

López Obrador está a tiempo de construir una política migratoria justa, con rumbo. Para ello es necesario que México reconozca su responsabilidad como país expulsor, y su imposibilidad de ser un tercer país seguro para los migrantes centroamericanos en tanto no desaparezca el clima de violencia e impunidad en el país. Con esta acción puede salvar vidas.

Debe sumarse a las iniciativas para evitar el tráfico, la explotación y la violencia contra migrantes, pero también comprometerse a respetar el derecho a la solicitud de asilo de quienes cruzan por México; y debe, sobre todo, denunciar y rechazar cualquier expresión que criminalice o denigre a las personas migrantes.

Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con el capital político de 40 años de carrera, que corren el riesgo de evaporarse en menos de un sexenio si no se administran bien. El arribista político que es Trump, en cambio, no tiene nada que perder.

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