Luz Mely Reyes es periodista y analista política. En 2015 cofundó el medio independiente Efecto Cocuyo, del que es directora.

La mesa de diálogo que sostuvo un sector minoritario de la oposición venezolana y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, sin contar con la presencia o el apoyo del opositor presidente interino, el diputado Juan Guaidó, luce como un golpe contra el líder de la oposición que tiene el respaldo internacional.

En un país en donde suelen producirse conspiraciones contra el poder, esta jugada apunta directamente al liderazgo de Guaidó, y de quienes les respaldan, y lo obliga a replantear su estrategia para lograr los objetivos de la hoja de ruta que fue planteada por él en enero de este año.

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El anuncio de las negociaciones fue hecho menos de 24 horas después del cese de las conversaciones entre Maduro y Guaidó, cuyos encuentros fueron mediados desde mayo por Noruega. En horas, tuvo un primer resultado: la excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.

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Guaidó ha recibido críticas de parte del sector de la oposición más extremista, que no concibe la salida negociada de Maduro del poder. Sin embargo, no fue ahí donde saltó la liebre, sino en un sector que se considera moderado.

La reunión entre esta ala y el régimen de Maduro, frente a diplomáticos extranjeros, no da buenos indicios de que se pueda avanzar hacia la una salida pacífica de Maduro y el restablecimiento real de la democracia. Parece ser que, como en ocasiones anteriores, el chavismo alarga los capítulos que le permiten despertar cada día en el poder.

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Pese a estar en una situación comprometida, Maduro ha logrado ejercer el poder sin respeto a las normas democráticas: ha administrado la crisis y la escasez con el sufrimiento de los venezolanos, y se ha sostenido —y reprimido— con las Fuerzas Armadas para lidiar con las sanciones estadounidenses.

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No obstante, en esta estabilización de la desgracia también han incidido los errores cometidos por las fuerzas de la oposición, como el intento frustrado de ingreso de ayuda internacional en febrero y el intento de rebelión de abril. Es posible que, en perspectiva, también haya sido un error dejar el espacio abierto para que Maduro hiciese lo que siempre suele hacer: buscar las fisuras dentro de la oposición y potenciarlas.

En enero de este año, se abrió en Venezuela una ventana de oportunidad para la salida pacífica de Nicolás Maduro: luego de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela, asumiendo que la reelección de Maduro fue a todas luces fraudulenta. El diputado planteó una hoja de ruta simple pero contundente: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

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Para ese momento unos 50 países —con Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea al frente— habían desconocido los comicios del 20 de mayo de 2018, en los cuales se reeligió Maduro. Por el contrario, la Asamblea Nacional (AN), que fue elegida en 2015 con una gran mayoría opositora, goza de reconocimiento mundial. Sin embargo, fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia manejado por Maduro, quien después creó una Asamblea Nacional Constituyente como parlamento paralelo, pero que tampoco tiene reconocimiento internacional.

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Nueve meses después de su juramento, Guaidó sufrió el revés del sector minoritario de la oposición que decidió sentarse a dialogar con Maduro. Según uno de los líderes que estuvo en estas negociaciones, el diputado Timoteo Zambrano, era algo que venían haciendo desde hace dos o tres meses.

El gobierno de Maduro aceptó la invitación de Noruega para buscar algún acuerdo que permitiera suavizar el régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos. Ocurrió lo contrario: en agosto, Donald Trump decretó la aplicación de sanciones secundarias. Este endurecimiento fue usado como excusa por Maduro para levantarse de la mesa. El domingo 15 de septiembre, Guaidó dio por concluida la negociación.

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Zambrano informó que se llegaron a varios acuerdos. Algunos de los más relevantes son: el retorno a la Asamblea Nacional de los diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, que habían salido para formar la Asamblea Constituyente; renovar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE); exhortar al sistema de justicia a que libere a algunos presos políticos; y la búsqueda de acciones para que el Tribunal Superior de Justicia levantamiento el “desacato” oficial en el cual se encuentra la Asamblea Nacional.

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La contraprestación para el Gobierno no queda clara. El grupo con el cual Maduro dialoga no tiene el reconocimiento internacional de Guaidó. Y los líderes Zambrano y Henri Falcón —excandidato presidencial en las elecciones de 2018— no gozan del apoyo popular que aún se manifiesta a favor de Guaidó según las encuestas.

Sin embargo, avanzar en estos acuerdos, sobre todo en la reincorporación de diputados chavistas a la AN y la liberación de los presos políticos, depende de que lo ordene Maduro a los miembros de su partido y al Tribunal Supremo de Justicia. Escoger un nuevo CNE debería ser objeto de discusión, pero aun faltaría ver si hay consenso para seleccionar un nuevo órgano electoral que realmente pueda recuperar el valor del voto. La mayoría de estos puntos ya se habían conversado en el diálogo de Santo Domingo, en 2017.

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El gobierno de Maduro habría podido aceptar estos términos y otros que se discutieron dentro del mecanismo de Oslo, pero nunca le ha interesado la celebración de unos comicios realmente libres. Con este paso avanza también hacia la toma de la AN, cuyas elecciones deben realizarse el año entrante, y con ello reducir a Guaidó y aprovechar las diferencias internas de la oposición. Venezuela, por el contario, no avanza.

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