Carlos Loret de Mola Álvarez es periodista de televisión, radio y prensa en México. Ha escrito varios libros y participado en películas documentales.

La primera vez que la izquierda pudo haber llegado al poder en México, la figura de Manuel Bartlett se le atravesó para impedirlo.

En 1988 Bartlett era el poderoso y temido secretario de Gobernación del régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando ese partido dominaba todos los poderes. La economía iba en picada, la corrupción campeaba y se vivía la primera explosión del narcotráfico al amparo de altos funcionarios.

Tres décadas después el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo nombró director general de la Comisión Federal de Electricidad y le encomendó limpiarla de corrupción.

El 28 de agosto, el portal informativo Carlos Loret de Mola publicó el reportaje “Bartlett bienes raíces”, donde se documenta que el funcionario, su pareja Julia Abdala Lemus, su hijo León Manuel Bartlett Álvarez y otros familiares directos acumulan 23 propiedades de las que no dio cuenta en su declaración patrimonial.

Hoy el portal publica “Bartlett S.A. de C.V.” un reportaje que continúa la investigación y documenta la vinculación de Bartlett con 12 empresas: dos en las que participa directamente, cinco de su pareja y cinco de su hijo. Ninguna de ellas aparece en su declaración ante la Secretaría de la Función Pública. Tampoco transparentó el posible conflicto de interés que suponen, sobre todo porque dos de ellas han sido contratistas del gobierno y al menos una lo sigue siendo en la administración actual (ya recibió dos millones de pesos). Otra de esas empresas ofrece servicios de fibra oscura y ahorro de electricidad, actividades relacionadas con el sector energético en el que Bartlett es funcionario.

Tras la publicación del primer reportaje, el gobierno federal no desmintió los documentos. El presidente dijo que confiaba en el funcionario; Bartlett lanzó un tuit y un comunicado de un par de párrafos negando el asunto sin contestar al cúmulo de documentos; su vocero insultó a los periodistas que lo difundimos; y la secretaria de la Función Pública, encargada de combatir la corrupción dentro del gobierno, desestimó la denuncia. Fue tal el escándalo que una semana después tuvo que aceptar abrir una investigación.

En el partido oficialista, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), muchos de los participantes en la lucha por construir instituciones democráticas contra el sistema priísta no se han sumado a la defensa de Bartlett. Y entre los expanistas y expriístas asimilados al lopezobradorismo, lo que ha privado es el silencio.

Bartlett y López Obrador comparten la matriz ideológica del priísmo de los años setenta y ochenta, que se autodefinía como nacionalista y popular: hablaba de soberanía, autodeterminación y justicia social, pero gobernaba sin contrapesos, desconocía la transparencia y rendición de cuentas, y clasificaba como malos mexicanos a los que discrepaban con el sistema.

Para entender a fondo quién es Bartlett hay que recordar la noche del 6 de julio de 1988. Cuando llegaron los primeros resultados de los comicios presidenciales, aparecía a la cabeza el candidato de la coalición de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Abajo de él figuraba el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari.

El flujo de resultados cesó abruptamente en el sistema computacional. Cuando se reanudó, Salinas aparecía en primer lugar. El episodio fue irónicamente bautizado como “la caída del sistema”. A cargo de ese sistema estaba Bartlett.

Bartlett fue nombrado secretario de Educación federal en el nuevo gobierno priísta y, en 1992, el presidente Salinas lo impulsó para ser gobernador de Puebla, cargo que ejerció de 1993 a 1999.

Semanas después de las elecciones, Cuauhtémoc Cárdenas recibió en sus oficinas al entonces priísta Andrés Manuel López Obrador, quien se convirtió ese año en candidato a la gubernatura de Tabasco por el Frente Democrático Nacional, la semilla de lo que sería después el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual se desprendió a su vez Morena.

Además de “la caída del sistema”, dos episodios marcaron el paso de Bartlett por la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988.

El primero: en 1984, el agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena Salazar se infiltró en el Cártel de Guadalajara y sus informes permitieron que se realizara la Operación Rancho Búfalo, en contra del mismo. En 1985, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado. Washington lanzó la Operación Leyenda, una investigación sin precedente en territorio mexicano. Los testimonios señalan que agentes de la Dirección Federal de Seguridad, adscrita a la Secretaría de Gobernación, participaron en el crimen.

Ignacio Morales Lechuga, procurador general de México de 1991 a 1993, me confirmó la semana pasada que, durante una cena de trabajo en Texas, el entonces procurador general de Estados Unidos, William Barr —quien hoy es también procurador del presidente Donald Trump—, le pidió la extradición de Bartlett para enfrentar cargos por su presunta implicación en esos hechos. La solicitud fue negada por Morales Lechuga, quien afirma que los testimonios de los narcotraficantes no tenían sustento.

El segundo: el 30 de mayo de 1984, el periodista Manuel Buendía fue asesinado a tiros en Ciudad de México. Sus revelaciones en el periódico Excélsior sobre la complicidad del gobierno con el narcotráfico, la presencia de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en nuestro país y las actividades de la ultraderecha, causaron irritación en el régimen. La investigación concluyó —ya concluido el sexenio de De la Madrid— que uno de los autores materiales del crimen fue Juan Rafael Moro Ávila, agente de la Dirección Federal de Seguridad, quien había sido escolta personal de Bartlett, y que el autor intelectual fue Antonio Zorrilla Pérez, director de esa corporación. El jefe directo de Zorrilla era Bartlett.

Más allá de la historia, la investigación que hoy publicamos con pruebas contundentes, pone en duda la gran bandera lopezobradorista: defender de nuevo a Bartlett será exhibir que su lucha anticorrupción tiene poderosas excepciones.

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