Francisco Coll Morales es economista y director Regional de HAC Business School de Nueva York. Como analista, ha colaborado con organismos como el Foro Económico Mundial y el Secretariado de Transparencia Internacional.

Plataformas como Uber Eats, Glovo y Rappi, han penetrado con éxito el mercado laboral de América Latina. Con un 18% de desocupados entre los 15 y 24 años, las ofertas de empleo que presentan estas empresas de la comúnmente llamada gig economy —economía en la que la demanda de trabajo suele estar acotada a necesidades puntuales, con duración determinada y sin exclusividad corporativa—, tienen la capacidad de acceder a la demanda de una gran parte la población juvenil en países de la región como respuesta a una necesidad latente. Esto crea muchos retos —en la actualidad y hacia el futuro— que social y económicamente se están volviendo insostenibles.

Desde los organismos multilaterales, estos retos se están calificando como la punta del iceberg. La precarización del mercado laboral, ante la baja oferta de trabajos con condiciones laborales dignas y la falta de empleo cualificado, está teniendo un fuerte impacto en la desigualdad de la región.

A fecha de 2018, América Latina contaba con ocho de los diez países con mayores niveles de desigualdad del mundo. Una situación de la que se han beneficiado muchas empresas, buscando en aquellas necesidades vitales una oportunidad de negocio única y de gran rentabilidad.

Pero el daño, en primer lugar, lo sufren los trabajadores. En un artículo de la revista Altair Magazine, un repartidor de Uber Eats entrevistado aseguró trabajar más de 10 horas diarias, de lunes a sábado, para poder generar un salario cercano a los 1700 pesos mexicanos semanales (unos 86 USD). Por contraste, el salario mínimo en México oscila alrededor de los 9600 pesos mexicanos mensuales, después del pago de impuestos.

La baja remuneración, ausencia de garantías y seguridad en este tipo de empleos pone de manifiesto el avance de la precarización laboral legalizada. La falta de acceso a pensión por jubilación, seguro médico, vehículo de empresa, prestaciones por baja laboral, garantías de subsidio o un sueldo digno, son algunas de las características que lo definen. La situación llega a ser tan precaria que, en México, algunos repartidores han creado un colectivo llamado “Ni un repartidor menos”, que busca mejorar sus condiciones laborales.

La recuperación débil que ha experimentado el mercado laboral tras la recesión de 2008 ha propiciado un nuevo escenario clave para todo este tipo de compañías que ofrecen empleo con garantías de acceso inmediatas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y El Caribe existen cerca de 10 millones de jóvenes que desean incorporarse al mercado laboral y, por la condición del mismo, no pueden hacerlo.

Para hacernos una idea más precisa, para trabajar en una compañía como Uber Eats en México, la empresa pone como requisitos, entre otros, tener un vehículo y un teléfono inteligente. La ausencia de procesos de selección tediosos podría contarse como uno de los pocos beneficios de este tipo de empleos, junto con la capacidad de obtener ingresos de forma flexible.

También, cabe diferenciar este tipo prestación de servicios con las de otros trabajadores que funcionan dentro del espectro del trabajo autónomo o “freelance”. Entre las grandes diferencias está el poder de negociación, en materia de precios y en todos los aspectos de su relación con el cliente. En el caso de estas compañías, las políticas de precios vienen determinadas por la propia empresa, así como las metodologías de actuación y relación con los demandantes. Motivo por el que no podemos compararlas con un profesional que, de forma cualificada o no, ejerce su profesión de manera independiente.

El otro gran daño lo sufren las economías nacionales, las cuales se ven amenazadas con un gran agujero fiscal ante la falta de regulación y legislación gubernamental. Presentándolo así, esto podría sugerir un gran descenso en la recaudación tributaria en aquellos países en los que operan. Hablamos de empresas que están acabando con su competencia por un valor añadido, pero que representan, para el estado, unos modelos de negocio disruptivos y confusos a la hora de integrarlos en la normativa tributaria.

La gig economy gana una fuerte presencia en la región, cambiando por completo el trabajo tal y como lo conocíamos. Esta tendencia hacia un empleo cada vez más precario y con salarios por debajo de los mínimos impuestos por los gobiernos, se ven compensados con el fácil e inmediato acceso de los jóvenes a estos puestos. Pero esto es solo un parche en la economía de la región. Debemos entender que, con el paso del tiempo, la normalización de esta serie de empleos no es más un posible desenlace, sino nuestra realidad laboral actual.

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