Edmundo Paz Soldán es escritor boliviano y profesor de literatura latinoamericana en la universidad de Cornell (Nueva York).

Tras las elecciones presidenciales del domingo 20 de octubre, Bolivia está en una etapa turbulenta: sedes departamentales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) incendiadas, ciudadanos protestando los resultados y líderes de la oposición creando un Comité de Defensa de la Democracia y pidiendo que acepte una segunda vuelta al presidente Evo Morales, quien busca su cuarta reelección consecutiva.

Morales, líder del MAS (Movimiento al Socialismo), es presidente desde 2006 y es la primera vez que está en una elección cerrada. Ayer miércoles se anunció que el recuento final le da la victoria a Morales. De concretarse, estará en el poder hasta 2025.

El domingo, cuando se cerraron las mesas después de una jornada tranquila, el sistema de conteo rápido del TSE emitió un primer resultado: con 83% de mesas computadas, Morales tenía 45.28% de los votos frente a 38.16% del segundo candidato, el ex-presidente Carlos Mesa, líder de CC (Comunidad Ciudadana). Todo indicaba que sería necesaria una segunda vuelta. En Bolivia, aunque el candidato no gane con 50% de los votos, puede ser presidente si consigue más de 40% y le lleva 10% de ventaja al segundo.

Poco después comenzaron los problemas: el TSE debía anunciar el resultado del 95% de las mesas a la medianoche, pero ingresó a un apagón informativo que duró 24 horas. En ese interín, Evo dijo que no habría segunda vuelta y se proclamó presidente.

A medida que pasaban las horas, crecía la desconfianza y la furia hacia el TSE. Su credibilidad estaba golpeada desde el año pasado, cuando su presidenta renunció por presiones y se quedó a cargo gente afín al MAS. Cuando reapareció la información del TSE, Evo había ampliado su ventaja a 10.1% y evitaba la segunda vuelta. El recuento final de ayer le dio una ventaja de 10.55%.

Comenzaron los incendios en inmuebles, las protestas y la oposición llamó a desconocer a Morales. Santa Cruz, el departamento más próspero de Bolivia, ha iniciado un paro indefinido, al que se le han sumado otros departamentos, y han dicho que solo se levantará si Morales acepta una segunda vuelta.

La OEA y la Iglesia han señalado irregularidades y sugerido una segunda vuelta como una salida para pacificar el país. La respuesta de Evo no ha sido conciliadora: ha hablado de un intento de “golpe de Estado”, declarado estado de emergencia y pedido a sus votantes salir a “defender la democracia y el voto indígena”. A Mesa lo llamó “delincuente” y “cobarde”.

Han quedado lejos los mejores tiempos del “proceso de cambio”, en los que Morales llegó a tener hasta 80% de aprobación. Ese respaldo popular le permitió consolidar una hegemonía política que se tradujo en una Constitución para un nuevo modelo de república pluralista e incluyente. También en un sistema económico asistencialista y nacionalizador de empresas en áreas estratégicas, que fue apoyado por los movimientos sociales —mineros, campesinos, cocaleros— y los poderosos empresarios del oriente; pese a su tradicional retórica de izquierda, Evo consolidó el extractivismo, amplió la frontera agrícola y fue contra la ideología del masismo original: el “vivir bien”, el respeto a los derechos de la Tierra.

En sus primeros años de gobierno Evo Morales contó con el respaldo del expresidente venezolano Hugo Chávez y su proyecto bolivariano, pero no tardó en proyectarse internacionalmente como un carismático líder populista con su propia base de apoyo. El auge en la producción de materias primas no se tradujo en la necesaria industrialización del país, pero sí en una notable estabilidad macroeconómica y en el crecimiento de la clase media y el consumo. Las cifras oficiales señalan que la pobreza se redujo de 60% de la población a 35%.

Entre sus errores están una institucionalidad débil —usó el poder Judicial como arma arrojadiza contra sus opositores—, los crecientes casos de corrupción, la desatención a la salud y a la educación, y un manejo personalista del Estado. Morales, endiosado, se hizo construir un museo dedicado a honrar sus logros, convencido de que ni su partido ni el país podían funcionar sin él.

Hay muchos orígenes de la crisis política actual, pero el más significativo se remonta al 2016, cuando Evo, después de ser reelegido con 64% de apoyo, hizo un mal cálculo y planteó un referéndum para poder cambiar la Constitución y presentarse por cuarta ocasión a elecciones. La derrota lo llevó a desconocer la voluntad popular y pedirle al Tribunal Constitucional —dominado por gente de su partido— que reconociera su “derecho humano” a volver a presentarse. El Tribunal obró la magia.

En medio de la incertidumbre provocada por la debilidad institucional, en julio de este año iniciaron los incendios forestales; el mal manejo de la crisis produjo un cambio en la percepción internacional del presidente: el supuesto líder anticapitalista era uno de los principales responsables de la depredación de los bosques en Bolivia.

Evo Morales logró, durante una década y media, romper el sistema de democracia pactada con el que se manejó el país desde los años ochenta, y enterrar la polarización entre occidente y oriente del Bolivia: la ciudad y el campo. Ahora han vuelto los tiempos de las masas enfrentadas y los discursos exaltados: Morales gobierna, pero para la mayoría carece de legitimidad. Su base dura sigue estando en el campo; buena parte de las ciudades las ha perdido.

El dirigente cocalero que se templó en la lucha política al enfrentarse al poder esta vez está al otro lado, instalado en el fastuoso palacio que se mandó a construir cuando se creía el líder providencial, un patriarca llamado a gobernar hasta su muerte con el cariño y agradecimiento eterno de sus súbditos. El pueblo, sin embargo, le manda un simple mensaje: no se puede escamotear la voluntad popular sin que él y el país sufran consecuencias nefastas.

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