Kumi Naidoo es el Secretario General de Amnistía Internacional.

Hoy, hace exactamente un año, hombres armados asesinaron a balazos a Julián Carrillo, líder de una comunidad indígena rarámuri en la Sierra Tarahumara de México, enfrente de su nieto.

Julián enfrentaba amenazas constantes y ya había sufrido los asesinatos de cinco de sus familiares, entre ellos uno de sus hijos. Un mes antes de su muerte, Julián le dijo a Amnistía Internacional que creía que los ataques se debían a su labor como defensor del medio ambiente y del territorio de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en el estado norteño de Chihuahua, una zona disputada por bandas criminales involucradas en la tala y minería ilegal, y la siembra de amapola.

Estos problemas existen en todo el país. Según información del Instituto nacional de Estadística y Geografía de México, a diciembre de 2017 el país había perdido la tercera parte de sus selvas en los últimos 30 años. Mientras tanto, en julio de este año, el conglomerado minero Grupo México fue culpable de una fuga de 3 000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.

Desgraciadamente, el asesinato de Julián no fue un caso aislado. Una y otra vez, las autoridades mexicanas han incumplido sus obligaciones de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y sus familias ante la violencia que enfrentan, y de garantizar los derechos de las víctimas a justicia, verdad y reparación.

El número de asesinatos de personas que defienden los derechos humanos en México ha pasado de 26 en el 2016, a 31 en 2017, y hasta 48 en 2018, según la organización Front Line Defenders. Estas cifras ponen a México como el segundo país más letal en el mundo para personas defensoras, por detrás de Colombia.

Aunque las autoridades rara vez identifican o castigan a los culpables, muchas de las victimas parecen ser atacadas por defender sus comunidades ante la imposición de megaproyectos, industrias extractivas y deforestación. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 21 asesinatos de personas que defendían la tierra, el territorio o el medio ambiente el año pasado y Amnistía Internacional ha registrado 12 asesinatos de activistas que luchaban por estas causas en los primeros nueve meses de 2019.

En un caso, agresores no identificados dispararon a matar a Samir Flores afuera de su casa en el estado de Morelos en febrero de este año. Samir, un defensor indígena náhuatl, había recibido amenazas de muerte relacionadas con su trabajo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, un colectivo dedicado a proteger el medio ambiente y el territorio en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. El fiscal general de Morelos está siguiendo seis líneas de investigación, entre ellas la hipótesis de que alguien vinculado al gobierno haya estado involucrado en su asesinato, como represalia por su oposición a un plan de infraestructura eléctrica en la región.

En el caso de Julián, el Estado le había proporcionado un teléfono satelital, un botón de pánico y, ocasionalmente, escoltas policiales a través de su Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, las autoridades fallaron en considerar las causas estructurares de violencia en su comunidad, como la pobreza, marginación, discriminación, falta de acceso a servicios básicos y presencia del crimen organizado.

En estas circunstancias adversas, no basta con adoptar medidas de protección de forma individualizada. Las autoridades mexicanas deben implementar sin demora políticas de prevención colectivas para proteger a comunidades enteras en situaciones de riesgo, desarrolladas en consulta con ellas y de acuerdo con sus necesidades particulares. Urgimos al presidente Andrés Manuel López Obrador a que reconozca públicamente la situación y la importancia de la labor de las personas que luchan en defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Asimismo, se debe garantizar que las personas y comunidades afectadas por mega proyectos sean consultadas, y que los pueblos indígenas gocen de su derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que afecten sus territorios y recursos.

México ya tomó un paso positivo el año pasado al firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado vinculante que establece protecciones ambientales en América Latina y el Caribe, y el único en el mundo en incorporar disposiciones específicas para garantizar un entorno seguro para defensores ambientales. Países como Bolivia, Jamaica y Uruguay ya han dado el siguiente paso al ratificar el Acuerdo e incorporarlo en sus leyes nacionales. Pero otros cinco países deben hacerlo para que entre en vigor. Como una de las naciones más grandes e influyentes de la región, México debe demostrar su liderazgo y ratificar el Acuerdo ahora.

Estamos en un momento clave para la salud del planeta y el futuro de sus habitantes. Las decisiones que nuestros líderes toman hoy tendrán un impacto enorme para las próximas generaciones en todo el mundo. Los valientes guardianes de la tierra y el medio ambiente arriesgan sus vidas todos los días para defendernos ante los desastrosos e interconectados efectos de la explotación extractiva, la contaminación industrial y la emergencia climática. Si no pueden trabajar en condiciones seguras, todos sufriremos las consecuencias.

Leer más (en inglés):