Maximiliano Reyes Zúñiga es el subsecretario para América Latina y el Caribe del gobierno mexicano.

La vorágine de sucesos que se desencadenaron en Bolivia el fin de semana pasado y que tuvieron como resultado el rompimiento del orden constitucional tras el anuncio en cadena nacional de las fuerzas armadas pidiendo la dimisión del presidente Evo Morales, detonaron no sólo la renuncia forzada del mandatario boliviano sino también hechos graves de violencia, que llevaron al gobierno de México a actuar con inmediatez y sentido de responsabilidad.

La situación que venía gestándose después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre se agudizó tras conocerse el reporte preliminar de la OEA sobre el reciente ejercicio de auditoría del proceso electoral. En ese contexto, el presidente Morales propuso la realización de nuevas elecciones, dando señales de aceptación y de buena voluntad. No obstante, poco después, las Fuerzas Armadas “sugirieron” la renuncia del presidente en funciones, la que el presidente Morales finalmente aceptó en aras de mantener la calma y paz social.

Es evidente que Evo Morales —presidente elegido democráticamente por tercera vez en 2014 y cuyo mandato constitucional finalizaba en enero 2020— recibió presiones por parte de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del país. Con lo anterior, se vio obligado a terminar anticipadamente su mandato presidencial, vulnerando así el orden constitucional en Bolivia.

Este hecho tiene graves repercusiones para nuestra región. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de Derecho son fundamentales para la democracia.

Lamentablemente, a lo largo de la historia, nuestra región ha sido escenario y testigo de violentos acontecimientos en donde se quiebra el orden constitucional y las autoridades democráticamente electas se ven obligadas a abandonar todo para proteger sus vidas y su seguridad. Lo sucedido en Bolivia trae a la mente esos tristes recuerdos, que se creían ya superados por nuestras democracias, pero a la vez trae consigo una señal de alarma, que nos advierte sobre el papel que pueden ejercer las Fuerzas Armadas en perjuicio de una institución civil producto de una elección democrática como es la Presidencia. Estamos frente a un grave retroceso para la vida democrática de los países de nuestra región.

México no puede permanecer pasivo ante esta situación. La actuación mexicana encuentra su sustento en dos vías: el derecho internacional público a través de la convenciones en materia de asilo, de las cuales México forma parte, y la larga tradición diplomática del asilo, que constituye una práctica internacional reconocida y fundamentada en nuestra propia constitución.

El derecho internacional reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado del que no es nacional el reconocimiento como asilado. Esta práctica encuentra su fundamento en la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954, así como en la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático y la Convención de Montevideo sobre Asilo Político. Por otro lado, el propio marco jurídico mexicano contempla la figura del asilo en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011.

Nuestro país no solo es signatario de estos instrumentos, sino que nuestra propia experiencia nos colocó como uno de los principales impulsores de este tipo de convenciones internacionales. México no podía permanecer indiferente ante las oscuras etapas de dictaduras militares latinoamericanas de tiempo atrás y de ahí forjó una sólida —y reconocida— tradición en asilo político y diplomático que ayudó a salvar la vida de miles de personas de la mayoría de los países de nuestra región, pero también extracontinentales que sufrían las consecuencias de grandes conflagraciones como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil española.

Esta práctica que México ha hecho suya y que ayudó a tipificar a nivel internacional, es uno de los timbres de orgullo de nuestra política exterior y muestra nuestra caracterización como un Estado solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países.

México ha abierto los brazos a importantes figuras internacionales, pero también a mucha otra gente que requería la protección del Estado mexicano. Aparte del caso de Evo Morales, actualmente un grupo de más de 20 nacionales bolivianos se encuentra bajo nuestro resguardo en nuestra representación diplomática en La Paz.

La institución del asilo diplomático es una figura señera y entrañable de la historia mexicana que hoy se reafirma por razones humanitarias y de protección a los bolivianos que son perseguidos políticos. Las condiciones en el terreno ameritaban un análisis cuidadoso. Dicha valoración concluyó que la vida y seguridad de Evo Morales podrían encontrarse en riesgo derivado de las manifestaciones de violencia en su contra, siendo él la más alta figura pública, así como por el amedrentamiento ya recibido por sus familiares cercanos.

En este tenor, haciendo uso de una prerrogativa del Estado mexicano, se actuó en congruencia con nuestra orgullosa tradición diplomática y en nuestra obligación ineludible de privilegiar y proteger la vida humana, estrictamente bajo consideraciones de carácter humanitario.

Ahora Bolivia se encuentra de frente a una compleja transición política que no encontraba previsión constitucional. Ciertamente corresponde a los bolivianos ejercer su autodeterminación para elegir a su próximo gobierno de acuerdo con su marco constitucional. En lo que toca a México, expresamos nuestra confianza en el ejercicio democrático que habrá de realizar el pueblo boliviano, y hacemos votos para que esta esta transición —por sobre todas las cosas— ocurra de manera pacífica, democrática y con pleno respeto a la legalidad y al orden constitucional.

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