Francisco Rivas es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

Han pasado 15 meses de la elección que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a ser elegido presidente de México. Fue histórica por el número de votos que obtuvo y los espacios que conquistó su partido, Morena, en los congresos, estados y municipios: ningún presidente en este siglo había contado con todos los elementos para transformar el país según su modelo.

El presidente llegó al poder en medio de una situación compleja de resolver: los dos años previos a su llegada la incidencia delictiva, particularmente de delitos violentos, alcanzó máximos históricos. En 2017 y 2018 se rompieron los récords de mayores tasas de homicidios dolosos en el país.

Desde 2006, cuando se postuló por primera vez a la presidencia, el actual mandatario señaló que sabía cuál era la solución al problema de inseguridad del país. No obstante, a casi un año de ejercer el poder presidencial, su estrategia se ha fortalecido poco y descansa en dos piedras angulares: la Guardia Nacional y los programas sociales.

Sin embargo, hay una simplificación del problema: hay objetivos e indicadores contradictorios, temas que no están en la agenda, como el sistema penitenciario y el acceso a la justicia, y un dramático recorte presupuestal al gasto en seguridad, que es de solo 0.96% del PIB cuando países como Colombia gastan más de 5% de su PIB en la misma materia.

Este recorte presupuestal carece de sustento y no se ha acompañado de una mayor supervisión y aplicación del gasto, lo cual ha empeorado la situación que el presidente recibió ya en crisis.

La Guardia Nacional, además, se ha implementado de manera incorrecta. Expertos y organizaciones civiles coincidíamos en que esta fuerza debía ser civil y, por lo menos en sus primeros años, no sustituir a la Policía Federal. Pero ya es un cuerpo con mando y formación militar y las leyes reglamentarias hacen imposible un viraje hacia lo civil.

Además, comenzó a operar casi inmediatamente en el territorio, a pesar de la ausencia de leyes reglamentarias, procesos de selección, evaluación y capacitación.

Es sus campañas electorales, el presidente había sido muy crítico de la militarización de la seguridad pública que propiciaron sus antecesores, pero también de lo que consideraba una ausencia de estrategia y falta de apego a protocolos. Ambas han sucedido en su gobierno.

Su primera acción de seguridad, que fue combatir el robo de combustibles —llamado “huachicol”—, provocó una escasez que generó daños económicos, pero que presumió como un éxito. Hasta la fecha los datos para evaluar los supuestos avances no se han transparentado.

Como esta, hay otras pifias: una explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde más de 130 personas perdieron la vida y otros tantos sufrieron lesiones; la privación de la libertad de 92 choferes por parte de estudiantes normalistas del Estado de México; o el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "Chapo” Guzmán.

Estos casos muestran que el presidente sigue confundiendo reacción y aplicación de la ley con represión. Por ello manda mensajes confusos a militares y guardias e impide que actúen como saben y para lo que fueron preparados.

A la vez, a la Guardia Nacional se le han asignado funciones que no debía tener y para las que no está capacitada, como hacer que impida la llegada de migrantes desde Centroamérica a México.

El presidente sigue sacrificando a su institución insignia, la Guardia nacional, así como al Ejército y la Marina. Hasta el momento, no ha habido consecuencias visibles de estas fallas: a nadie se le ha removido de su cargo y parece que nada se ha aprendido.

No son sólo estos eventos. La estadística delictiva también muestra los fallos. Los datos oficiales de enero a septiembre de 2019, comparados con el mismo periodo de 2018, señalan que casi totalidad de los delitos han crecido: desde homicidio doloso y feminicidio, hasta robo con violencia y trata de personas y narcomenudeo.

En contraste, solo el robo a casa habitación muestra un descenso marcado, mientras que el robo a negocio y las violaciones disminuyen en apenas 2%. Por lo que refiere al secuestro, no hay un cambio significativo respecto a 2018.

¿Estos datos señalan que las piedras angulares de la política de seguridad —Guardia Nacional y programas sociales— no funcionan? Definitivamente no podemos concluir eso. A lo que sí apuntan es que la construcción de la Guardia Nacional requerirá de mucho tiempo y esfuerzo, y que fue un error desaparecer en el proceso a la Policía Federal. También, que los programas de desarrollo social no son programas específicos de prevención del delito y la violencia.

Dar recursos directamente a la población para que no delinca no ha funcionado. El génesis de la violencia y la delincuencia tiene que ver mucho más con impunidad y debilidad del Estado que, como cree el presidente, con modelos económicos y pobreza.

A casi un año del arranque de este gobierno, el país está en una crisis de inseguridad, impunidad, violencia y falta de acceso a la justicia mucho más grave que la que recibió el presidente. Es hora de que AMLO ejecute cambios en su gabinete, escuche las voces de especialistas —incluso aquellos que no coincidimos con su visión y acciones— y desarrolle una verdadera estrategia de seguridad.

Debe, de inicio, crecer al triple el presupuesto que se le destina a seguridad, y tener también mecanismos de evaluación de eficacia, transparencia y rendición de cuentas. En caso de mantener las mismas acciones, narrativa y recursos, no sólo 2019 será el año más violento de la historia moderna del país, sino que este será el sexenio más violento.

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