Arturo Sarukhán es embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano y consultor internacional.

En 2001, dos senadores estadounidenses —uno demócrata y otro republicano— presentaron una iniciativa de ley para establecer un proceso mediante el cual los jóvenes que llegaron sin documentos a Estados Unidos cuando eran niños no enfrentaran la deportación. Desde ese momento, estos jóvenes bautizados como “dreamers” —adoptando el nombre de la iniciativa de ley, llamada Dream Act— se han convertido en rehenes de la polarización en el debate de las leyes migratorias de Estados Unidos.

En 2012, un acuerdo presidencial instrumentado por el entonces presidente Barack Obama le ha permitido a los más de 800 000 dreamers —la gran mayoría de ellos de origen mexicano— vivir sin esconderse. La medida, llamada Deferred Action for Childhood Arrivals (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA), les cambió la vida al permitirles obtener permisos de trabajo: pudieron salir de la sombra, trabajar, viajar, conducir. Hoy pagan impuestos, crean empleos y abonan a la economía, sociedad y cultura. DACA, sobre todo, les otorga protección contra la deportación. O lo hacía.

En 2015, el estado de Texas interpuso una demanda contra la administración de Obama por instrumentar DACA. Después, en 2017, el presidente Donald Trump ordenó que se dejaran de renovar los permisos temporales de trabajo para los beneficiarios del programa, como lo había prometido en campaña. La situación de los jóvenes quedó en un limbo. La orden del presidente fue bloqueada por un juez y, el 12 de noviembre de este año, el caso llegó hasta la Suprema Corte.

El cuestionamiento sobre DACA en la Corte es un tema de forma: si Obama actuó legalmente al establecer el programa mediante una directiva presidencial sin hacerla pasar por el Congreso. Pero, en el fondo, lo que está en juego es si el tribunal supremo —y esta administración de Trump, xenófoba, nativista y antiinmigrante— decidirá destruir o no las vidas de los jóvenes que aportan al bienestar y que no han vivido en otro sitio que no sea Estados Unidos. Y no solo es la vida de ellos, sino la de los cerca de 256 mil menores nacidos en EE. UU. cuyos padres están protegidos por DACA.

Lo que pretende Trump, y que la Suprema Corte podría lastimosamente avalar, es arrebatar derechos ya adquiridos a los inmigrantes, algo insólito y muy preocupante para una nación construida por oleadas sucesivas de gente que llegó de otros países.

Al final del día, es el Congreso el que debería tomar la responsabilidad de legislar y resolver el dilema existencial de estos jóvenes. Pero Trump ha usado a los dreamers como moneda de cambio y mercancía electoral. Ha amagado una y otra vez con proteger su estatus a cambio de que el Congreso le apruebe recursos para construir el muro fronterizo.

Los razonamientos para justificar su decisión de sobreseer DACA han sido inconsistentes, argumentando que la medida es anticonstitucional o que los dreamers son en su mayoría criminales, lo cual es patentemente falso: el índice de arresto para recipiendarios de DACA es 78% menor que el promedio nacional. Su exsecretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, dijo cuando estaba en el cargo que terminar con el programa desincentivaría la migración indocumentada, lo cual también es una mentira porque DACA solo ampara a quienes ingresaron al país antes de 2012.

Este ir y venir en la narrativa de la Casa Blanca viene acompañada del hecho de que una mayoría abrumadora de estadounidenses está a favor de no deportar a los dreamers. Incluso, un sondeo de Gallup señala que 83% de los estadounidenses estaría a favor de ir más allá de DACA y otorgarles la ciudadanía.

Las razones son claras: se estima que los dreamers contribuirán con unos $433 mil millones de dólares a la economía estadounidense en el transcurso de la próxima década y abonarán $12.3 mil millones en impuestos a la seguridad social y al programa Medicare. Gracias a DACA, y a poder participar legalmente en el mercado laboral, la calidad de vida de los dreamers y sus familias ha mejorado: crean nuevos negocios, obtienen casi el doble de ingresos, suben sus niveles de escolaridad y también sus contribuciones a la economía estadounidense. Los costos que tendría para la economía de los Estados Unidos si los dreamers perdieran la protección contra la deportación, son muy altos.

Los dreamers, antes acostumbrados a vivir ocultándose y contar sus historias con cautela, hoy han asumido un papel protagónico en el debate migratorio. Sus caras visibles y sus historias conmovedoras han jugado un papel clave en mover la aguja de las percepciones de opinión pública a su favor.

La pérdida que representa para México y Latinoamérica el capital humano y social de los dreamers es la ganancia de Estados Unidos. A lo largo de la historia, las naciones que han tenido éxito son las que fomentan conexiones humanas. Si la Suprema Corte falla en contra de la legalidad del programa, estaría metiéndole un autogol a la prosperidad y bienestar de su país, y a una sociedad abierta y tolerante.

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