Patricia Janiot es periodista. Actualmente es presentadora y corresponsal senior de Univisión. Es presidenta de la organización Colombianitos.

Este 2019 será recordado como el año en que la inconformidad y la frustración hacia los gobiernos se transformaron en reclamos sociales e hicieron que los ciudadanos tomaran las calles de algunas de las principales ciudades de América Latina.

Algunas de estas manifestaciones lograron torcerle el brazo a sus gobernantes, quienes ofrecieron diálogo y cambios. Pero las soluciones a los grandes problemas del continente no son simples, fáciles, ni rápidas como muchos esperarían. Se requiere de liderazgos políticos, un manejo responsable de la economía, sacrificios de los sectores más productivos y amplios consensos de la sociedad.

Las protestas en los países vinieron por temas distintos que, al final, confluyen en autoritarismo, desigualdad y corrupción. Por ejemplo en Honduras, Nicaragua , Venezuela y Bolivia, los ciudadanos se hicieron sentir una y otra vez para protestar principalmente contra los fraudes electorales y la violación de sus derechos humanos.

En Bolivia, parte de la población logró su cometido: la salida del poder de Evo Morales y una nueva convocatoria a elecciones transparentes.

Mientras tanto, la Venezuela democrática aún espera un escenario similar para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. El impulso que al comienzo del año tuvo el presidente interino, Juan Guaidó, se fue desvaneciendo ante la falta de resultados. A pesar de las severas sanciones internacionales, no se ha logrado que el régimen le dé paso a elecciones libres y transparentes.

La región nos tenía acostumbrados a protestas que pedían garantías democráticas y rechazaban el abuso de poder de los regímenes de izquierda. Sin embargo, en la segunda mitad del año, nos sorprendió un estallido social en países gobernados por el centro o la derecha, que también dejó decenas de víctimas, entre muertos y heridos, y multimillonarias pérdidas.

Por ejemplo en Chile, Colombia y Ecuador, países que han tenido crecimiento económico, la gente salió a las calles a manifestar su malestar debido a los rezagos sociales que han ido acumulándose durante décadas. La realidad para millones de ciudadanos es contundente: viven en una economía muy precaria.

América Latina es la región del mundo que menos crecerá económicamente este año. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la región será de un ínfimo 0.2%. El año pasado fue de apenas 1%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que el período 2014-2020 es el de menor crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en las últimas siete décadas.

Con la falta de crecimiento, también aumentó la pobreza. La CEPAL establece que este año pasará del 30.1% a 30.8%, y la pobreza extrema de 10.7% a 11.5%. Al cierre de 2019. tendremos 72 millones de latinoamericanos viviendo en la pobreza extrema.

Estas cifras nos llevan a otra realidad: Latinoamérica es la región más desigual del mundo. La CEPAL dice que 76% de la población de América Latina pertenece a estratos de ingresos bajos o medios-bajos, y las personas que viven en estratos de ingresos altos son 3%.

Como vemos, hay razones de sobra para protestar. El expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso lo explica así: “La protesta no es el resultado del empobrecimiento sino de la frustración de expectativas que fueron elevándose a lo largo de 30 años de crecimiento económico, aunque éste haya sido más lento en el período reciente”.

¿Cómo satisfacer todas estas demandas sociales? Los países pueden aumentar sus ingresos con la recaudación de más impuestos, incrementar la productividad de instituciones públicas, pedir créditos o privatizar empresas estatales.

El dinero que actualmente se recauda en Latinoamérica no alcanza para aumentar el gasto social y no es sano endeudarse más, porque ya algunos países deben mucho dinero. Es preocupante el aumento de la deuda pública en Colombia, que asciende al 59% del PIB, o en Ecuador que se ubica en 49% del PIB.

Entre un sector de los economistas hay consenso de que se necesita aumentar la recaudación de impuestos. No es la medida más popular, pero es necesario compartir la responsabilidad tributaria para que el mayor peso no recaiga sobre las empresas más productivas y la carga sea repartida en forma gradual entre todos los ciudadanos de acuerdo a sus ingresos.

Hay otros mecanismos para obtener recursos, como los que acaba de aprobar la Asamblea Nacional de Ecuador: gravámenes a la compra de bolsas plásticas, al uso de plataformas digitales como Netflix, Spotify o Uber, y de comunicaciones celulares.

Pero mientras los países obtienen los fondos necesarios para financiar la inversión social, deben trabajar a la par en otro problema que requiere de una solución urgente: la corrupción.

El Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional señala que 85% de los ciudadanos en América Latina cree que la corrupción en el gobierno representa un gran problema. Más de la mitad considera que la corrupción está empeorando en su país y que su gobierno no está haciendo lo suficiente para terminar con ella.

Si los gobiernos buscan terminar con estas manifestaciones sociales, tendrán que atender no solo la desigualdad y el autoritarismo. Es imperativo que se frene el desangre de nuestras débiles economías por culpa de la corrupción. De lo contrario, ese debería ser un motivo suficiente para el próximo estallido social en la región.

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