Laura Castellanos es periodista independiente y autora del libro ‘Crónica de un país embozado 1994-2018’.

Los pueblos indígenas y las organizaciones sociales en México como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ya preparan un frente contra el Tren Maya, el megaproyecto más ambicioso de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO advirtió desde hace meses que su construcción “va porque va”, aunque para legitimarlo su gobierno realizó una cuestionada consulta en la que poco más de 93 mil personas votaron por su creación.

Las impugnaciones a dicha consulta se deben a que, quienes votaron, lo hicieron sin que se les proporcionara información de las afectaciones a la flora, fauna y al patrimonio cultural de la zona, y porque el gobierno no cumplió con sus obligaciones constitucionales e internacionales de garantizar el derecho a decidir de los pueblos indígenas en su territorio.

El gobierno tampoco escuchó voces científicas, como las de la organización GeoComunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura, quienes alertaron acerca de la carencia de estudios de impacto ambiental y de planificación integral, mientras se definían las licitaciones del proyecto.

Geocomunes también ha alertado que el proyecto planea expropiar aproximadamente 2,620 hectáreas, 90% de las cuales son de núcleos agrarios, para construir 397 kilómetros de nuevas vías férreas.

La imposición del gobierno tampoco está sopesando la pérdida de legitimidad política que tendrá ante los pueblos indígenas, los cuales, en las pasadas elecciones presidenciales, negaron su voto histórico al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y masivamente apostaron por AMLO y su partido, Morena.

Aunque para el presidente, este proyecto no tiene marcha atrás, para los pueblos originarios opositores, esta guerra va iniciando. El abogado mixteco Francisco López Bárcenas, autor de una docena de libros sobre autonomía y derechos indígenas, avizora que comunidades y organizaciones sociales opositoras utilizarán los amparos judiciales para impedir el socavamiento de los derechos indígenas territoriales ganados a pulso durante las últimas dos décadas.

Los pueblos indígenas en México tienen que ser consultados sobre las decisiones de gobierno que afecten su territorio y vida comunitaria, y hacerlo de una forma informada, libre, y que respete sus formas y tiempos asamblearios para deliberar. Así lo señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada ya por México.

Esta vía jurídica ya fue recorrida una vez sin fortuna. En 2001 hubo una cascada de amparos después que el Congreso federal aprobara una ley distinta a la que se derivó de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que fue impulsada por el EZLN y la sociedad civil durante seis años, para garantizar constitucionalmente los derechos indígenas sobre su territorio.

Ese año, diversas comunidades y municipios indígenas interpusieron 330 controversias constitucionales para ampararse ante la ley sustituta, aunque la Suprema Corte de Justicia las rechazó todas en 2003.

Pero en 2014 la misma Suprema Corte sentó un gran precedente al resolver favorablemente, y de forma unánime, la controversia del Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán —interpuesta contra los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Michoacán— por haber realizado una reforma que violaba el derecho de esa comunidad a elegir a sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres.

Los habitantes de Cherán apelaron al derecho a la consulta de los pueblos indígenas asentado en el Convenio 169 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los opositores al Tren Maya utilizarán también esos recursos jurídicos, que los protegen ante la imposición de mega proyectos.

Las otras vías que quedan a las comunidades indígenas son la protesta y la movilización social, a las que han recurrido tradicionalmente en un país en el que la ley y la corrupción posibilitan el despojo y la destrucción por intereses económicos y extractivistas.

El Tren Maya es solo el conflicto más visible en este momento, pero en México hay más de 500 en contra de proyectos similares, de acuerdo a las investigaciones de Víctor Toledo, actual secretario federal del Medio Ambiente. Existen otros grandes proyectos de este gobierno que ya han provocado o provocarán nuevos conflictos comunitarios, como el Corredor Transístmico, la Termoeléctrica Morelos y la refinería Dos Bocas.

Tal multiplicidad de resistencias surgió en este siglo después del rechazo gubernamental a los citados Acuerdos de San Andrés. A partir de entonces las luchas indígenas entraron en procesos inéditos de defensa y radicalización, como lo documenté en mi libro Crónica de un país embozado 1994-2018.

Los frentes de lucha de pueblos originarios se siguen abriendo para el Gobierno, y el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) buscan articular nuevas estrategias para enfrentar los megaproyectos. Por esa razón, el CNI realiza su cuarta asamblea nacional del 18 al 20 de diciembre en el estado de Chiapas.

La guerra por la defensa del territorio indígena inicia una nueva escalada de lucha. Los pueblos originarios tendrán que trascender diferencias políticas para articular frentes comunes y garantizar el respeto a sus derechos territoriales. Mientras tanto, las resoluciones del sistema judicial y la Suprema Corte de Justicia estarán de nuevo a prueba en esta batalla contra más imposiciones de un Estado autoritario.

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