Claudia Cisneros es periodista independiente, activista feminista y MA en Comunicación y Desarrollo (OU). Es autora del libro ‘Resistir e Insistir’ (2017).

Morir en un McDonald’s en el siglo XXI, trabajando 12 horas al día, sin beneficios sociales, sin horarios fijos y con contratos temporales. Morir electrocutada a los 18 años por un cable suelto mientras trapeas un piso de madrugada; a $1.36 USD la hora porque soñabas con ahorrar lo suficiente para estudiar un día en la universidad y llegar a ser una abogada. Alexandra Porras, de 18 años, murió en el piso de un McDonalds en un barrio de clase media en Lima, Perú, electrocutada, sin botas ni guantes de seguridad y socorrida por su mejor amigo, Carlos Gabriel Campos, de 19. Ambos víctimas del mismo chorro de electricidad que los unió en una muerte evitable producto de un sistema laboral precarizado por el modelo que nadie quiere nombrar pero que recorre como un fantasma todas las estructuras sociales de la región: el modelo neoliberal.

Alexandra y Carlos murieron el domingo y pasaron a ser una estadística de la precarización laboral. Ambos eran parte de los casi 4.5 millones de trabajadores formales en un país donde, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, 66% de la fuerza laboral es informal. Uno pensaría que el trabajar para una empresa formalizada, más aún para una transnacional, garantizaría sus derechos. Pero la realidad en el Perú muestra lo contrario. Según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo de 2017, 64% de los contratos laborales son temporales. Es decir, sin estabilidad laboral o beneficios sociales.

Las políticas públicas han permitido ir quitándole cada vez más derechos a los trabajadores formales; sobre todo a los más jóvenes, a los que el mercado ha convencido de que deben someterse a la precariedad sin quejarse porque “están ganando experiencia”. En la jerga neoliberal de las empresas y del cómplice Estado le llaman “flexibilización laboral”, pero en la práctica es recortarles los derechos laborales, no cubrir sus beneficios sociales, mantenerlos a expensas de una renovación de contrato cada dos meses sin poder unirse a un sindicato para negociar un sueldo justo, horarios fijos, pago por sobretiempo, implementos de seguridad o un seguro de trabajo.

La falsa promesa de los actores políticos y empresariales es invariablemente la misma: ‘flexibilizar’ ahorra costos al empleador para mantener su empresa, las inversiones y generar empleo. La pregunta que nunca se hacen es ¿qué clase de empleo? Uno que le quita a la gente sus derechos, dignidad y posibilidades de un presente y futuro sustancialmente mejores.

Es el neoliberalismo y aunque sus beneficiarios se nieguen a concederlo, ha fracasado como modelo económico. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, lo sentenció a mediados de 2019 en una columna en el diario inglés The Guardian: “El neoliberalismo debe ser pronunciado muerto y enterrado”. Stiglitz confirma lo que la práctica ha mostrado: que desregular el trabajo y los mercados, reducir impuestos a los millonarios y la globalización, solo han generado crecimiento para los más ricos.

Así lo confirma también un informe publicado en enero por la organización internacional Oxfam, que muestra cómo 82% de la riqueza mundial producida en 2018 estuvo en manos del 1% más rico del planeta, mientras el 50% más pobre no se benefició en absoluto. Específicamente en América Latina y el Caribe, Oxfam encontró que 10% de personas concentran casi 70% de la riqueza total; y concluyó que las razones para esta brecha cada vez más honda son la precarización de los derechos laborales, la influencia del lobby empresarial en las políticas públicas y, claro, la esencia misma del modelo neoliberal: minimizar costos a costa del trabajador —a quien actores neoliberales han bautizado como “colaborador”— para maximizar las ganancias del empleador.

Desde que Alejandra y Carlos murieron, en Perú se ha desatado una ola de quejas nunca antes registradas tan al unísono por parte de jóvenes trabajadores explotados por distintas transancionales y corporaciones; en redes sociales vienen compartiendo sus historias de terror. En las puertas de varios McDonald’s (operado en Perú por Arcos Dorados Holdings Inc., el franquiciado más grande de la empresa en el mundo) han escrito ‘asesinos’.

Según la ministra de trabajo, Sylvia Cáceres, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tiene 30 días para presentar su reporte, y el 23 de diciembre anunciará algunas medidas para fortalecer la fiscalización laboral.

Pero este no es un caso aislado. Tres décadas de precarización laboral han generado un problema estructural que requiere soluciones estructurales y que no son un gran misterio, solo que la clase empresarial se resiste y la clase política la asiste. La solución está en una regulación laboral que no denigre la condición humana; en un Estado que vele por los derechos que el privado siempre intentará disminuir; en aumentar el impuesto a los ricos en retribución solidaria con quienes los ayudan a forjar sus fortunas. Pero, sobre todo, en retomar el paradigma ético-polítco que tiene al ciudadano como fin primordial de la sociedad y por encima del interés privado. La realidad nos muestra, sin embargo, que el cambio no lo generarán los beneficiarios del modelo, sino que es la presión social el recurso capaz de devolver la regulación a favor de la sociedad toda. Para que los sueños de otros jóvenes no sigan muriendo explotados en el piso de una transancional en pleno siglo XXI.

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