Ignacio Escolar es director de eldiario.es y analista político en radio y televisión.

En Argentina lo llaman “la grieta”: una enorme división política y mediática que vive el país desde hace más de una década; una polarización extrema que parte a la sociedad en dos mitades aparentemente irreconciliables. O estás de un lado o del otro, porque en medio solo queda una enorme brecha.

Esta grieta explica la situación que vive hoy España. Tras 10 meses sin gobierno y dos elecciones generales en un año, Pedro Sánchez logró la presidencia por solo dos votos de diferencia en el Congreso de los Diputados: 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.

Desde que la democracia volvió a España, en 1977, nunca antes un Gobierno había tenido una mayoría tan exigua ni un parto tan complejo. España es una monarquía parlamentaria: al presidente lo eligen los diputados, no directamente los votantes. Si no hay una mayoría absoluta, al ganador le toca negociar, y hoy hay 16 partidos en el Congreso. Si ningún candidato logra más votos a favor que en contra, se repiten las elecciones. Ya pasó dos veces en los últimos cuatro años.

Para sacar su investidura adelante y evitar otra repetición electoral, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez tuvo que pactar el primer gobierno de coalición en 80 años. Es una rareza en España, pero habitual en los países con sistemas parlamentarios.

Esa primera coalición estará formada por el PSOE y Unidas Podemos, que es una agrupación de izquierdas, heredera del movimiento de Los indignados, que incluye al histórico Partido Comunista. Apoyó a Pedro Sánchez a cambio de un programa compartido, una vicepresidencia y cuatro ministerios. El PSOE también tuvo que convencer a cinco pequeños partidos más. Cada voto fue determinante.

Para la derecha española, la investidura de Pedro Sánchez y el pacto son una “traición” intolerable. No solo por la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno. También por la abstención de los 13 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), imprescindible para lograr la mayoría. ERC es uno de los partidos independentistas que promovieron el intento de secesión de Cataluña en 2017. Para lograr esa abstención, el PSOE se comprometió a abrir una mesa de negociación con el gobierno de Cataluña y a que lo pactado ahí sea votado por los catalanes.

Lograr esa abstención de ERC tampoco ha sido un acuerdo sencillo. Su líder, Oriol Junqueras, fue condenado a 13 años de cárcel por sedición al haber sido vicepresidente de ese gobierno catalán que convocó a un referéndum de autodeterminación ilegal y declaró simbólicamente la independencia. Es una condena hoy cuestionada, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —la máxima autoridad judicial en Europa— que considera que Junqueras sigue siendo hoy eurodiputado. Esto implica que el Tribunal Supremo español vulneró sus derechos al no respetar su inmunidad parlamentaria.

Para complicar aún más la investidura, el otro partido que se abstuvo —con cinco escaños— fue EH Bildu: la izquierda independentista vasca que, años atrás, justificó a la extinta banda terrorista ETA. El PSOE no negoció nada a cambio de esos votos, pero igual la derecha lo acusó de complicidad con ETA, cuyo último asesinato fue hace casi diez años pero que en su historia dejó 853 muertos.

Para la derecha y sus medios afines Pedro Sánchez lidera un gobierno “radical”, con “ministros comunistas de extrema izquierda”, que sale adelante con los votos de los independentistas “golpistas catalanes” y con los “terroristas vascos”; un “presidente ilegítimo” que “traiciona a la patria con tal de alcanzar el poder”, que está dispuesto a “vender España” y “liquidar la Constitución y el Estado de derecho”. A ojos de los votantes conservadores, azuzados por un discurso así, es difícil encontrar una combinación más explosiva.

Esa supuesta radicalidad izquierdista del nuevo Gobierno es bastante dudosa. Entre las medidas acordadas está una regulación de los precios del alquiler de vivienda, similar a la que ya aplican Berlín o París, pero que la derecha presenta como “un ataque a la propiedad privada”. O una pequeña subida de impuestos que afecta al 0.4% más rico de los contribuyentes, pero que la derecha ha tachado de “hachazo fiscal a las clases medias”.

El acuerdo con ERC, que apenas compromete a abrir una mesa de diálogo y votar después lo acordado, también se ha exagerado al extremo. La derecha lo ha presentado como un “referéndum de autodeterminación”, algo que los independentistas anhelan, pero que el PSOE en ningún caso ha firmado. Aunque lo hiciera, tal referéndum sería casi con seguridad anulado en los tribunales.

En apariencia, este complejo armado que puso a Pedro Sánchez en la presidencia es el fin del bloqueo político que vivía España desde hace cuatro años, cuando la derecha perdió la última mayoría absoluta. La izquierda ha sido mayoritaria en el Congreso desde diciembre de 2015, pero la enorme división entre PSOE y Unidas Podemos, y la falta de un acuerdo con los independentistas catalanes, provocaron cuatro años de enorme inestabilidad política.

Es una enrevesada historia que, con esta investidura, en apariencia se cierra. Pero el bloqueo deja paso a “la grieta”: la mayor división política en España en décadas. Y a una legislatura que sin duda será la más crispada desde que se recuperó la democracia tras la dictadura franquista.

La grieta tiene otra causa principal, que no es el bloqueo político o la falta de mayorías claras que llevó al PSOE a negociar con Unidas Podemos una coalición que durante años rechazó. Entre los nuevos partidos que han llegado al Congreso en los últimos años, el más pujante es Vox, una formación de extrema derecha que hoy cuenta con 52 diputados. Es el tercer partido más grande en el Congreso y también el más reaccionario. Uno de sus diputados en el Parlamento Europeo llegó a pedir públicamente al Ejército español que diera un golpe de Estado para evitar que Pedro Sánchez fuera nombrado presidente. Nadie en Vox le ha desautorizado y desde el Congreso su líder, Santiago Abascal, también ha cuestionado la legitimidad del nuevo Gobierno y ha acusado a Pedro Sánchez de ser “un villano de cómic, un tirano” y “un político indigno que ha cometido el mayor fraude electoral de la democracia”.

El discurso ultra ha arrastrado a su vez al resto de los partidos conservadores, incluso al Partido Popular (PP), el mayor de la derecha. Su líder, Pablo Casado, calificó al nuevo presidente de "sociópata, mentiroso, fatuo, arrogante y patético". El PP ha anunciado una oposición con todos los recursos a su alcance. En la sesión de investidura llegó incluso a amenazar a Pedro Sánchez con llevarle a los tribunales si no suspendía la autonomía de Cataluña.

Así, “la grieta” no es el único término de la política extranjera que en esta legislatura llega a España. También el “lawfare: la judicialización de la política. La derecha intenta ganar en los tribunales lo que perdió en las urnas.

El nuevo Gobierno de coalición asumirá el cargo en los próximos días y tiene por delante una responsabilidad histórica: frenar el crecimiento de la extrema derecha y romper la espiral de polarización que vive el país. Demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, de gestionar los recursos públicos, de integrar a Cataluña en España. Si lo consigue, será un ejemplo para Europa. Si fracasa, el próximo Gobierno también será de coalición: de la derecha con la extrema derecha.

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