Abraham Jiménez Enoa es periodista en Cuba y director de la revista ‘El Estornudo’.

El gobierno cubano lo tiene claro: siempre será menor el ruido que cause la denuncia de una arbitrariedad que el que genere alguien que tome un micrófono y se suba a un estrado a explicar cómo es la verdadera vida en Cuba. Los 61 años de vida de un régimen al que la oposición no le ha causado fisuras es la evidencia de que su diseño de represión es eficaz. De ahí la decisión de levantarle rejas a la isla.

El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Cuba es signataria de la declaración, pero cumple con ella de forma arbitraria.

El gobierno cubano encierra en la isla a todo ciudadano que considere pertinente al negarle la posibilidad de viajar al extranjero. Con este mecanismo se castiga a opositores, activistas de la sociedad civil, líderes religiosos y periodistas independientes para limitar su incidencia con la comunidad internacional. Este método represivo se ha vuelto habitual en los últimos años de la dictadura.

A estos ciudadanos les llaman “regulados migratorios”. Según el Instituto Patmos, una organización de la Iglesia Bautista Eben Ezer, 225 personas no pudieron salir de Cuba en 2019. Es una lista en la que me encuentro y que va en aumento: es casi una constante conocer cada semana la noticia de un nuevo “regulado”. Uno podría pensar que el país puede tornarse en una olla en ebullición si el gobierno sigue dejando encerrados en la isla a todos sus enemigos, pero no, se equivoca.

El sistema autoritario impuesto en Cuba desde 1959 no ha permitido cuestionamientos durante todos estos años. La imposición de un modelo absoluto ha significado que sus detractores sean asumidos por el régimen como personas non gratas. Para mantener en pie el totalitarismo, la estrategia principal del gobierno cubano ha sido intentar exterminar o callar a quienes se le han enfrentado y así mal vender al mundo la imagen falseada de que en la isla todo es paz y armonía.

Parte de su estrategia para estrangular las voces contrarias está dirigida a impedir que esos actores sean reconocidos fuera de las fronteras de la isla: limitar su participación en foros sobre Derechos Humanos, que reciban premios o que acudan a talleres y cursos de desarrollo profesional es un objetivo del gobierno. Con ello prefiere hacer público su rasgo tiránico antes de permitir la interacción con el exterior de la sociedad civil inconforme.

El único orificio por donde se le escapa un poco el aire a esa estrategia gubernamental es la Internet. Que hoy 56 % de los ciudadanos tenga acceso a la red significa que, al menos en las plataformas virtuales, existe un espacio donde el discurso antagonista puede emerger. Las redes sociales y los medios de comunicación independientes son cada vez más consumidos por los cubanos, lo que ha generado que la realidad de la nación, que por años ha estado oculta, ahora salga a la luz.

Un ejemplo reciente: en diciembre, la seguridad del estado arrestó al periodista independiente Agustín López Canino, uno de los organizadores de una protesta pacífica que acontecería en los predios del aeropuerto internacional de La Habana y que tenía como fin manifestarse en favor de todos los ciudadanos que no pueden salir del país. La protesta no se concretó, pues el gobierno encerró en sus casas a todos los supuestos manifestantes a través de una redada policial que tuvo lugar el día internacional de los Derechos Humanos.

Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 52 de la nueva Constitución cubana reconoce la libre circulación de personas, pero su gobierno ha decidido no cumplirlo.

Es cierto que en Cuba se cumplen la mayoría de los Derechos Humanos contemplados en esa declaración, pero también que hay otros derechos fundamentales a los cuales los ciudadanos no pueden acceder, como la libertad de expresión, de asociación y de movimiento. La Organización de Naciones Unidas y el resto de organismos internacionales deberían dejar de mirar a la isla como un país en democracia.

Durante 61 años, Cuba ha engañado al mundo con su marketing político y su propaganda socialista. Pero quien quiera ver su verdadero rostro, que le pregunte al gobierno por qué encierra en su isla a sus ciudadanos.

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