Pablo Piccato es doctor en Historia y profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Escribe sobre la historia del México moderno y su libro más reciente es “History of Infamy: Crime, Truth and Justice in Mexico”.

Desde hace días, cientos de mujeres han salido a protestar en las calles de Ciudad de México por el feminicidio de Ingrid Escamilla y la divulgación de las imágenes del crimen. Las manifestantes pintaron la puerta del Palacio Nacional, donde está la oficina presidencial, y quemaron un camión repartidor del periódico popular La Prensa. Denunciar la violencia de esas imágenes abre un nuevo frente en la lucha por la seguridad y la igualdad de las mujeres.

La prensa criminal, conocida en México como nota roja, adquirió su popularidad durante el siglo pasado gracias a su capacidad para presentar ante el público los detalles de los crímenes más impresionantes, que los gobiernos querían ocultar. Pero lo que comenzó como una forma de periodismo crítico hoy se ha convertido en una extensión de la violencia de género.

Ingrid Escamilla, de 25 años, fue asesinada por el hombre con quien vivía. Fotos del cuerpo desollado y un video del asesino justificando sus acciones, que fueron tomadas por los policías o los investigadores, circularon en redes sociales y después fueron publicadas en las portadas de La Prensa y Pásala, otro tabloide.

Las manifestaciones por este caso no son la primera acción colectiva en protesta por la violencia contra las mujeres. Estudiantes han hecho paros por meses en facultades y preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México en protesta contra el hostigamiento y la violencia sexual. El año pasado hubo muchas otras protestas contra los abusos cometidos por hombres y policías.

El caso de Ingrid provocó una respuesta similar porque ilustró una realidad persistente: en 2019 al menos 3,825 mujeres fueron asesinadas en el país, y la tendencia es ascendente.

Además de esta violencia, es común la sevicia contra el cuerpo de las asesinadas. Lo mismo sucede con muchas de las miles de víctimas del crimen organizado. Los grupos criminales instalan escenas del crimen (ahorcados, decapitados, cadáveres con un mensaje a su lado) porque quieren que los medios de nota roja local las reproduzcan. Esto infunde temor entre sus rivales, las autoridades y la sociedad civil. Las imágenes creadas complementan la violencia inicial mediante el abuso de los cuerpos de sus víctimas.

Los criminales no hacen más que utilizar un lenguaje que está disponible. Desde principios del Siglo XX la nota roja ya publicaba imágenes sangrientas. Esto respondía a las condiciones del sistema judicial y policial en México. Desde esos años, y hasta hoy, los lectores de la nota roja saben que el Estado no va a ofrecer una verdad final sobre el crimen ni un castigo apropiado contra los responsables.

Los editores imprimían todos los detalles sobre cada caso sensacional, desde las fotos de la escena del crimen hasta los testimonios de testigos y la confesión del sospechoso. Con un reporteo extenso, la nota roja servía a los lectores como una fuente informativa completa sobre la realidad del crimen y la impunidad, y les permitía fundar su propio juicio. Además, con su éxito comercial, La Prensa y otras publicaciones gozaban de cierta autonomía del gobierno y podían criticar la corrupción en los niveles más bajos del aparato estatal, los más relevantes en la vida de sus lectores.

Pero en las últimas décadas del Siglo XX, la nota roja comenzó a privilegiar imágenes a color escandalosas y a devaluar el reporteo de la historia. Al publicar fotos que privaban a las víctimas de cualquier dignidad, estos periódicos no sólo buscaban aumentar sus ventas, también sugerían que parte de la culpa era de las propias víctimas, sobre todo cuando se trataba de mujeres o personas homosexuales. Muchos asesinatos eran caracterizados como “crímenes de pasión”, en los que el acusado argumentaba que la conducta de la víctima lo había orillado a usar la violencia para “defender su honor”.

Esta concepción de la víctima y ese lenguaje visual han sobrevivido hasta nuestros días. En las últimas décadas, la profusión de imágenes sangrientas ha contribuido a normalizar la violencia provocada por el crimen organizado y las estrategias represivas del Estado. La falta de respeto hacia los cuerpos de miles personas muertas significa, en ese lenguaje, que algo sucio hubo en sus vidas y que su muerte era inevitable. Las redes sociales y las notas deshumanizan a las víctimas para lograr más likes y clicks.

Pero Ingrid Escamilla tenía una maestría, había viajado, y ponía sus fotos en redes sociales. La imagen que ella había creado de sí misma contrastaba con la que su asesino y la nota roja intentaban dejar para la posteridad. Eso la distinguía de la mayoría de las víctimas de feminicidio o desaparición que permanecen anónimas, sin rostro ante el público, y cuyas muertes —en parte por esa razón— no son investigadas. El caso también es significativo porque ocurre en un momento en que una nueva generación de mujeres comienza a avanzar en la lucha por la igualdad y el respeto: ya no tienen tiempo para continuar la estrategia gradual del feminismo de la generación anterior.

A pesar de los avances legales que ha habido, el tráfico sexual, la violación y el feminicidio aumentan o no se denuncian. La nueva forma de lucha de estas jóvenes incluye el reconocimiento de que la violencia material está conectada con la violencia de las imágenes. Combatir la violencia de género ahora incluye también revisar críticamente el lenguaje y las imágenes de la nota roja, que todavía permea la esfera pública mexicana cuando se habla del crimen y se acepta la impunidad.

No se trata de censurar la nota roja, que en cierto punto ha servido para alimentar una actitud crítica de los lectores hacia un Estado ineficaz para garantizar justicia y seguridad. Y contrarrestar el morbo en las redes sociales va a ser difícil mientras los grandes actores —como Facebook y Twitter— se nieguen a aceptar su responsabilidad como editores. Sin embargo, la rabia de las protestas contiene una lección que medios y lectores, sobre todo hombres, debemos aprender pronto: imágenes como las del cuerpo de Ingrid Escamilla son una extensión de la violencia de género que las hizo víctimas inicialmente.

Y consumir o circular esas imágenes significa aceptar las explicaciones implícitas que la nota roja nos vendió como de sentido común cuando dejó de hacer investigación periodística y empezó a solo publicar imágenes sangrientas, en las cuales la culpa es de la víctima y el uso de la fuerza es un privilegio masculino. Para contrarrestarlas es necesario explicar a los lectores que las fotos de la escena del crimen no sustituyen entender qué es la violencia de género. Medios y gobiernos deben definir esta violencia y escuchar las voces que ayuden a prevenirla.

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