Abraham Jiménez Enoa es periodista en Cuba y director de la revista ‘El Estornudo’.

En 2006, cuando una enfermedad intestinal obligaba a Fidel Castro a abandonar el poder, Cuba era un país que le exigía a sus ciudadanos una solicitud de permiso de salida para viajar al extranjero; un país donde no estaba autorizada la compra y venta de autos y casas, solo los turistas foráneos podían hospedarse en hoteles y apenas 11.2% de los 11 millones de cubanos había logrado alguna vez conectarse a internet.

Luego, durante 2008, y después de asumir dos años de presidencia interina, Raúl Castro se convertía en el nuevo gobernante del país. Y, aunque luego ejecutaría una gestión igual de autoritaria y dictatorial que la de su predecesor, tuvo al menos la prudencia de intentar aflojarles un poco el día a día a los cubanos con una serie de reformas socioeconómicas que pusieron fin a algunas de las prohibiciones del gobierno anterior.

Una de las indulgencias del gobierno de Raúl Castro fue colocar antenas inalámbricas con conexión a internet en las principales plazas públicas del país. En 2015 por primera vez, sentados en aceras o recostados en árboles, los cubanos pudieron navegar en una red pública. Al cierre de ese año, 31.2% de los cubanos estaban conectados.

Para 2015 el uso de internet ya no era un lujo, sino una necesidad humana, pero Cuba estaba aún en el pequeño saco de naciones donde internet era (y sigue siendo) una cuestión prohibitiva. El miedo al tráfico de información, a la interrelación, a la ingobernabilidad, a la gestación de un universo paralelo donde cada individuo es capaz de expresarse y hacerse escuchar, aterró por años al gobierno cubano.

Darle internet a sus ciudadanos suponía emplazarse ellos mismos. El paisaje distópico de la realidad cubana quedaría al desnudo. No obstante, no les quedó de otra que tragar en seco y dar el paso, su propio performance de país en democracia los traicionó. Tras las antenas wifis en las plazas públicas llegó la instalación de la red en hogares de barrios seleccionados en 2017, y la tecnología 3G y 4G a los teléfonos celulares en 2019.

Según el informe digital 2020 de la agencia We Are Social en conjunto con la plataforma Hootsuite, 7.1 millones de cubanos acceden hoy a la red, lo que representa 63% de la población.

Cuba está más conectada y es cierta la intención del actual presidente, Miguel Díaz-Canel, y su gabinete de potenciar el acceso a internet en la isla. Pero el propósito ha sido, como de costumbre, un juego de números. Los dirigentes cubanos de nueva generación siguen cumpliendo al dedillo con el manual de estilo de marketing político de Fidel Castro: generar una cortina de cifras para trastocar una verdad.

Es inadmisible que una hora de navegación en una plaza pública cueste 0.70 dólares y que haya que desembolsar cinco dólares para quedarse con un paquete de 400 MB, el más pequeño de todas las ofertas de datos móviles, cuando el salario mínimo mensual en Cuba es de 16 dólares (400 pesos cubanos) y el sueldo medio está fijado en 42.6 dólares (1067 pesos cubanos).

En una ecuación simple, la cuenta no da. El rédito es inmenso para el gobierno cubano: con bombos y platillos vende la idea de ofrecer al pueblo internet, pues es un derecho casi democrático hoy en el mundo y ellos, los vanguardias del progreso, no pueden darse el lujo de negarlo. Se enriquecen a un nivel exponencial de la sed tecnológica de sus ciudadanos y de esa forma, con el negocio que les reporta la única empresa de telecomunicaciones que existe en Cuba, pueden saldar algunos de los números rojos que genera el disfuncional sistema económico del país.

Por otro lado, el alto costo de internet funciona como una especie de filtro, pues el gobierno lo utiliza como método de regulación: con ese precio, son pocos los que en Cuba pueden estar todo el tiempo conectados a la red.

Los obstáculos solapados que el gobierno cubano les impone a sus ciudadanos para conectarse a internet forman parte de una estrategia que tiene como fin mantener a toda costa el control mediático y social en tiempos de modernidad. Es por ello que un gran porcentaje de esos usuarios en realidad son perfiles y cuentas falsas que pertenecen a los escuadrones de troles del Ministerio del Interior y el resto de las instituciones estatales, que navegan de manera gratuita con el único fin de imponer una matriz de opinión a favor de la Revolución.

A esa estrategia gubernamental también se suma la censura de los sitios webs que relatan el acontecer que le es incómodo al gobierno. Para contrarrestar el auge del discurso disconforme en internet, la última de las maniobras es abrir una carrera universitaria de ingeniería en Ciberseguridad con el fin engendrar troles más capacitados.

Algo queda claro: el gobierno de Cuba ha puesto a disposición la infraestructura para que las personas accedan a lo que a éste le interesa que accedan y, además, a un precio de otra realidad para que se piense a la hora de dar un clic.

Cuba ha cambiado con la llegada de internet, a pesar de los altos precios. Sus ciudadanos se han empoderado en el espacio virtual y la dictadura ya no puede secuestrar la realidad de la isla. Quizás, a pesar de hacer todos los esfuerzos por ensamblar el totalitarismo también en la red, el gobierno siente que se ha dado un disparo en un pie otorgándole internet a la ciudadanía.

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