Julio Astillero es periodista. Es columnista del diario ‘La Jornada’ y conduce en redes sociales los programas ‘Videocharlas Astilladas’ y ‘Astillero Informa’.

Las discordancias y los ataques declarativos entre los empresarios y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no son nuevos ni corresponden solo a esta etapa de estridencia agudizada por del tema del coronavirus en el país.

Nunca hubo fundamento para esperar una luna de miel con los grandes empresarios, a muchos de los cuales AMLO acusó durante largos años de ser una “mafia del poder”. Fue electo en 2018 como presidente justamente para tratar de corregir y exterminar muchos de los vicios corruptos que caracterizaron históricamente la relación entre esos capitales dominantes y los gobiernos federales y estatales. Pero hoy, en plena crisis global, algunos empresarios parecen alentar un enfrentamiento que no le beneficia a nadie.

El primer momento de confrontación seria se dio el 4 de enero de 2019, apenas un mes después de que AMLO tomó posesión, cuando se anunció la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para Ciudad de México. Dicho proyecto era considerado uno de los más importantes en décadas en materia de infraestructura nacional, había iniciado su construcción en 2014 y, en su primera fase, habría de consumir unos 13,000 millones de dólares, de los cuales se habían gastado unos 6,000 millones a la hora de la cancelación.

Aun cuando López Obrador creó un peculiar consejo de asesoría integrado por empresarios relevantes, e hizo algunos intentos de acercamiento protocolario con ese gremio, los puntos de discordia se multiplicaron a causa de otros proyectos de inversión pública que a las personas de negocios le parecieron inconsultos, equívocos o francamente disparatados.

A esa relación, ya en deterioro y con intereses no siempre explícitos, llegó como detonante la pandemia del coronavirus. Ha habido entre los empresarios críticas fuertes en privado, y un tanto atenuadas en público, tanto por la reticencia de AMLO a adoptar medidas de distanciamiento en actos masivos —durante los cuales tuvo cercanía física, y repartió y recibió besos y abrazos—, como por las políticas de salud pública encaminadas a retardar lo más posible el imponer medidas restrictivas extremas y el consecuente impacto que estas tendrán en una economía nacional endeble.

En el abanico de posturas empresariales ante la crisis nacional derivada del coronavirus se han producido ofrecimientos de ayuda al gobierno por parte de algunos empresarios. Carlos Slim, el más rico del país y uno de los más ricos del mundo, ha mantenido diálogo y cercanía con AMLO y donó equipo médico por 1,000 millones de pesos. Otros con quien había mantenido una adversidad pública como Germán Larrea, dueño del minero Grupo México, cederá un hospital en Oaxaca; y el grupo de tiendas departamentales y servicios financieros Coppel entregó 50 millones de pesos.

Por otra parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana, uno de los órganos de representación de “empresarios de todos tamaños y sectores”, ha usado la crítica abierta, a veces ácida, respecto a conductas, declaraciones y políticas de AMLO. Su presidente, Gustavo de Hoyos Walther, ha sido señalado por el propio presidente de parecer un político miembro del derechista Partido Acción Nacional, y que en realidad estaría buscando ser candidato presidencial en 2024.

La acumulación de enconos ha explotado también a causa de otra cancelación: la de una planta cervecera en el norteño y desértico estado de Baja California. El polémico proyecto pertenece a Constellation Brands, una empresa dedicada a la producción y distribución internacional de vinos, licores y cerveza.

Dicha empresa ha gastado 900 millones de dólares —de un total de 1,400— en una planta que ha sido largamente impugnada por activistas y movimientos sociales a causa del abusivo consumo de agua que implicaría, y de los presuntos actos de corrupción que habrían permitido su avance durante el anterior gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Tal proyecto ha sido anulado luego de una consulta pública organizada por el gobierno de AMLO, en la que participaron casi 37 mil ciudadanos, de los cuales 76% votó contra la planta. Varias voces empresariales, analistas y medios cercanos a ese ámbito han asegurado que tal decisión es un golpe casi definitorio en cuanto a la confianza y certidumbre de los capitales locales y extranjeros con planes de inversión en México.

Los forcejeos entre los empresarios y el gobierno tienen ahora un escenario propicio para aún mayores beligerancias. Standard & Poor’s bajó la calificación de la deuda en moneda extranjera a largo plazo de México. En una nueva revisión de sus estimaciones hacia México, JP Morgan consideró que el Producto Interno Bruto de México podría caer este año 7%. Y Moody’s pronosticó que la economía se contraerá 5.2% durante el primer trimestre del año y 3.7% a final de 2020.

Ante tales perspectivas difíciles, que han sido causadas o acentuadas fuertemente por el tema mundial del coronavirus, la figura del presidente sigue siendo un factor esencial de equilibrio e incluso estabilidad y seguridad nacional. Como en el juego de mesa Jenga, los adversarios de AMLO, partidistas, patronales o empresariales, deberían asumir que, en un país estructuralmente postrado por una corrupción salvaje de la que muchos de esos opositores se beneficiaron fuertemente, y necesitado de esperanza y aliento en momentos sombríos, no deben alentarse movimientos desestabilizadores que podrían derrumbar torres institucionales y sociales.

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