Siete de cada 10 profesionales del sector social y de salud son mujeres. Aunque perciben 28% menos de ingresos que sus pares hombres, las trabajadoras sanitarias, cuidadoras y lideresas comunitarias están operando en condiciones precarias y, en muchos casos, sin los insumos básicos para garantizar la mínima protección contra el virus. Con la presión añadida sobre los sistemas de salud, son las mujeres quienes están padeciendo el costo físico y emocional más elevado.
Adicionalmente, son ellas quienes asumen el grueso del trabajo de cuidado no remunerado de niños, ancianos, familiares enfermos y con discapacidad, y desempeñan entre dos y 10 veces más labores de este tipo que los hombres. Estas responsabilidades se ven exacerbadas con el cierre de escuelas y el desbordamiento de los sistemas sanitarios, lo cual aumenta el riesgo de contagio e impide el acceso al empleo remunerado al no poder compatibilizar ambas responsabilidades.
Paradójicamente estas contribuciones, que han mitigado los devastadores efectos de la pandemia, continúan siendo infravaloradas e invisibilizadas. En algunos países estos servicios ni siquiera forman parte del mercado formal de trabajo y quienes los realizan carecen de cualquier cobertura de salud o protección contra el desempleo.
El impacto económico de la pandemia también golpeará con más contundencia a las mujeres, quienes representan 54% del mercado informal de trabajo. Como ejemplo, las trabajadoras domésticas, quienes suman 18 millones en América Latina y el Caribe, enfrentan un elevado riesgo de quedar sin ingresos, a medida que se les solicite dejar de trabajar para evitar contagiar a las familias que las emplean. Lo que es más grave: corren el riesgo de contagiarse ellas mismas por estas familias, sin tener el mismo acceso a servicios de salud de calidad. Las medidas de distanciamiento social pueden afectar además el cobro de pensiones, ayudas y transferencias.
Por si fuera poco, en períodos de confinamiento, la casa no siempre es el lugar más seguro para mujeres, niñas y niños. En países como Francia y Australia, la violencia doméstica se ha disparado desde la puesta en marcha de medidas de cuarentena, llevando a ambos gobiernos a adoptar repuestas. Las restricciones a la movilidad durante la cuarentena representan para muchas mujeres obstáculos adicionales para huir de la violencia o acceder a órdenes de protección y servicios esenciales, como alertó esta semana el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. En América Latina y el Caribe, donde se encuentran algunos de los índices más altos de femicidio a nivel global, esto nos preocupa de manera particular.
¿Cómo asegurar entonces que los efectos de esta pandemia no perjudiquen de manera desproporcionada a las mujeres?
Es indispensable, en primer lugar, que las mujeres y las organizaciones de mujeres tengan poder de decisión y liderazgo en la elaboración de los planes de respuesta a todos los niveles. Las políticas y medidas que no toman en cuenta las necesidades especiales de las mujeres no son sostenibles y están destinadas al fracaso. Esto contempla, necesariamente, asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo y análisis de género, que midan las tasas diferenciadas de infección, los impactos económicos, la carga de cuidados y la incidencia de violencia doméstica y sexual.
Los planes de emergencia y las medidas extraordinarias que los gobiernos adopten como respuesta al coronavirus no pueden ignorar las demandas de las mujeres durante este período. Y hay ejemplos alentadores: Canadá destinará 50 millones de dólares al fortalecimiento de centros de atención a víctimas de violencia doméstica y sexual como parte de un paquete de respuesta a la pandemia. En América Latina, Argentina y Uruguay están prorrogando automáticamente las medidas cautelares de protección para víctimas de violencia de género que vencieron en los últimos 40 días o que vencerán dentro del periodo de la cuarentena.
Por último, pero no menos importante, el rol que las organizaciones de mujeres y feministas están desempeñando en esta pandemia es absolutamente crucial. Al igual que en otras crisis, estas organizaciones están al frente de las respuestas en sus comunidades y llegan a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad: manteniendo en operación los centros de atención a las víctimas de violencia, canalizando mensajes de salud pública, movilizándose contra el incremento de la violencia machista y organizando “ruidazos” desde sus casas y en plataformas digitales.
Por lo tanto, es indispensable que estas organizaciones sean consultadas y que sus propuestas y demandas —así como su experiencia y conocimiento— sean plenamente incorporadas en los planes de respuesta. Es más importante que nunca financiar estas organizaciones para que puedan seguir jugando su rol, fortalezcan sus capacidades de respuesta y desarrollen nuevas soluciones frente a esta crisis.
El mundo entero está de pie contra una amenaza común que ha alterado nuestra forma de vida más allá de lo imaginable. No descuidemos a quienes lo están dando todo para preservar esa forma de vida y para que todos y todas podamos volver a disfrutarla más temprano que tarde.
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