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Opinión Las divisiones de género durante la pandemia violentan los derechos de la población trans

Soldados vigilan mientras una fila de hombres espera para comprar pollo en un mercado en Lima, Perú, el viernes 3 de abril de 2020. (Rodrigo Abd/AP Photo)
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Nathalia Guerrero Duque es periodista, editora y activista feminista. Trabaja para medios impresos y digitales en Colombia.

Desde el lunes 13 de abril, una nueva medida divisoria se suma al aislamiento obligatorio que vivimos en Bogotá, Colombia, desde el pasado 25 de marzo: hombres y mujeres nos moveremos en las calles, para lo estrictamente necesario, durante días diferentes. El decreto que anunció la alcaldesa Claudia López como otra medida para contener el contagio del virus ordena que, hasta el final del aislamiento, las mujeres solo podremos circular los días pares, y los hombres saldrán los días impares.

La restricción ayudaría, según la alcaldesa, a controlar el flujo poblacional en la calle a la mitad, algo que por ahora no se ha logrado en Bogotá. Hasta el 8 de abril, en Bogotá se habían puesto más de 24,200 infracciones por violar el aislamiento obligatorio, según cifras del Distrito y la Policía. “Esta restricción es para facilitar el control, y para que la Policía haga más fácil la verificación”, explicó López cuando presentó el decreto 106, que ahora se conoce en la ciudad como “Pico y género”, comparándose a la restricción de “Pico y placa” vehicular que Bogotá tiene normalmente.

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Este decreto sigue los pasos de Perú y Panamá, que adoptaron la misma medida a inicios del mes, dividiéndolo por días de la semana. El país panameño fue el primero en implementar la división desde el primero de abril, siendo señalada en redes sociales como una de las medidas más radicales para contener el contagio del virus.

En Perú, la norma duró apenas una semana. Su resultado más visible: un video que se hizo viral donde policías obligan a tres mujeres trans a hacer sentadillas mientras les hacen decir varias veces “quiero ser un hombre”. El 2 de abril, cuando anunció la medida, el presidente Martín Vizcarra sostuvo que las Fuerzas Armadas y de la Policía tenían la instrucción de no tener actitudes discriminatorias con la población trans: “Nuestro gobierno es inclusivo”, dijo entonces.

En Panamá el diario La estrella de Panamá también registró el arresto de una activista trans, Bárbara. “Señor, usted es un hombre, hoy es el día de las mujeres verdaderas”, le dijo el oficial según cuenta Bárbara, y la arrestó por tres horas hasta que pagó una multa.

A pesar de que las razones que dan los gobernantes sobre cómo esta norma facilita el control y el trabajo de la Policía en las calles, el binarismo de la norma violenta a poblaciones trans, personas con identidades de género no binarias y demás identidades disidentes, como ya se vio en Perú y Panamá.

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Hacer obligatoria la separación por género en medio de la pandemia, en una sociedad en la que los integrantes de las fuerzas armadas y policiales evidencian una falta de sensibilidad respecto a la diversidad de género al desempeñar sus labores, es un riesgo latente para la seguridad de las personas con identidades que no cumplen con la norma cisgénero, es decir, hombres y mujeres cuya identidad de género coincide con la identidad que les asignaron al nacer.

En este momento, donde más necesitamos de coordinación, cuerpos y voluntades por parte del Estado, es donde más debemos estar atentos a que tal gestión no se convierta en represión policial y abusos de poder. Una pregunta se forma encima de todo esto: ¿Cómo asegurarnos de que la Policía, que históricamente atenta contra la población LGBTIQ+ en América Latina, va a ser un primer filtro respetuoso de las identidades trans en estos territorios?

En Bogotá existe, dentro del nuevo decreto de división de género, un espacio que se refiere a la población trans: “Las personas transgénero circularán de acuerdo a la restricción aquí establecida según su identidad de género”. A pesar de ese guiño de inclusión, activistas de la comunidad trans se pronunciaron contra la medida y sobre los posibles riesgos de abuso policial que abre en su contra.

Laura Weinstein, directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans expresó en medios que “si bien se transmite un mensaje claro de respeto a la identidad de género de las personas trans, la medida abre la puerta a situaciones de discriminación y abusos policiales”. Weinstein también llamó la atención sobre una violencia evidente en el caso de Bogotá, Panamá y Perú, y es la invisibilización de las personas cuya expresión de género se sale de la norma binaria: “Estas personas pueden ser discriminadas en la calle, en la tienda. Otra persona puede llamar a la Policía, y ahí hay posibilidades altísimas de abuso de autoridad”.

La Red comunitaria trans de Bogotá también se declaró en contra, afirmando que la vida de las mujeres trans está en peligro en manos de la Policía: “Con esta nueva medida, la Administración Distrital le otorga a esta institución el rol de policía y disciplinador del género’. La Red compartió casos de brutalidad policial conocidos contra la población trans, como la golpiza que le dieron a dos mujeres trans a mediados de mayo del año pasado en el barrio Santafé, o la muerte de una persona trans en una Unidad Permanente de Justicia, que sirve para retener y judicializar personas en Colombia.

Por otro lado, la organización Sentiido, que promueve y protege la diversidad sexual y de género, difundió el domingo 12 de abril una circular conjunta de la Alcaldía Mayor de Bogotá, dirigida a las autoridades policiales de la capital, en la que se explica cómo será el procedimiento de verificación desde el lunes 13: no se debe pedir la cédula de identidad y el procedimiento no tiene que violentar a ninguna población.

Es entendible que las decisiones de los gobernantes alrededor del mundo no pueden beneficiar a toda la población. Pero no es justo que las poblaciones precarizadas como las disidencias de género, personas pobres, racializadas, migrantes y demás, ocupen de nuevo el último lugar cuando estamos hablando de derechos básicos. Lo último que necesitamos en este momento es un disciplinamiento de los cuerpos y de la norma binaria a cargo de un policía. Pueden existir otras medidas que no impliquen vulnerar los derechos de estas poblaciones, cuando la norma general es esa vulneración.

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