Laura Castellanos es reportera feminista y autora del libro Crónica de un país embozado 1994-2018

Durante la contingencia del COVID-19 en México se han incrementado las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas: más asesinatos, llamadas telefónicas de auxilio, denuncias por violencia familiar y sobrecupo en algunos refugios para víctimas. También ha quedado expuesta la omisión del Estado para atender esta otra pandemia, la de violencia de género, como la considera la Organización de las Naciones Unidas.

Las instancias federales y estatales han puesto en mayor vulnerabilidad a las mujeres en riesgo de violencia en esta contingencia sanitaria: el gobierno federal retiene los 405 millones de pesos del presupuesto anual de la Red Nacional de Refugios (RNR) por burocracia, el poder Legislativo no intervino antes para garantizarle a esa red un presupuesto de carácter permanente, el poder Judicial paró parcialmente la atención de denuncias en 27 de los 32 estados del país, y los gobiernos estatales escatiman las medidas de protección.

La pandemia de violencia de género, hasta el 13 de abril, ha cobrado más vidas de mexicanas que el COVID-19: 100 mujeres han muerto por el coronavirus desde que irrumpió en el país el 28 de febrero, mientras que 367 han sido asesinadas en ese lapso, según el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la fuente más actual de información oficial.

Si bien previamente —desde enero y febrero de este año— el Estado se preparó para responder al brote del coronavirus, no hizo nada ante el agravamiento de la otra pandemia, el aumento de homicidios y feminicidios —que promediaron diez casos al día—, y las 40,910 llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer hechas en el mismo período, la mayor cifra bimestral registrada desde 2016.

Tampoco reaccionó ante las 33,645 carpetas de investigación por violencia familiar abiertas durante esos dos meses, lo que significa que mujeres violentadas interpusieron 23.3 denuncias por hora, de acuerdo a un estudio de la organización Equis Justicia para las mujeres. Lo anterior evidenciaría un aumento de la violencia, pero quizá también de la disposición a denunciar, porque 78.6% de las mujeres violentadas no denuncian ni buscan apoyo institucional, según las últimas cifras oficiales. Es un indicador de la dimensión oculta de esta pandemia.

La suspensión de actividades escolares y laborales ha multiplicado la carga doméstica y de cuidados familiares de las mujeres, ya estimada en tres veces más que la de los hombres. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reforzado esta situación inequitativa al responsabilizar a las hijas de la atención de las personas adultas mayores porque esa es la costumbre nacional “y los hombres somos más desprendidos”.

La instrucción de quedarse en casa obliga a muchas mujeres a permanecer en un aislamiento crispado con su agresor durante esta contingencia. La RNR reportó que a partir de la implementación de la segunda fase, el 23 de marzo, las llamadas de auxilio recibidas crecieron 60% y que sus 69 refugios están entre el 80% y el 110% de su capacidad.

Pese a ello, el gobierno federal determinó entregarles su financiamiento 30 días después de que cada uno de estos concrete el usualmente complicado papeleo burocrático. Aunque la doctora Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, me dijo que el gobierno tiene voluntad política para agilizar su entrega.

Wendy Figueroa, la directora de la RNR, advirtió que, por la contingencia sanitaria, el sector salud comenzaba a evadir atender a mujeres golpeadas, pues a tres de ellas que fueron a espacios de salud del Estado de México “les dijeron que no eran lesiones graves, que lo importante era el coronavirus y que se fueran porque se podían contagiar”.

El Estado mexicano tampoco garantiza a las mujeres violentadas que sean socorridas al pedir auxilio al 911. Figueroa manifestó que la atención no es expedita y que el servicio no cuenta con geolocalización de llamadas, por lo que se pierde tiempo valioso en los salvamentos. La organización Causa en Común señala que el personal que atiende las llamadas puede carecer de una coordinación con las policías estatales, además de que no monitorea el proceso de la emergencia y su cierre.

La doctora en sociología, Irma Saucedo, una de las feministas precursoras en la investigación de la violencia de género en el país, analizó la base de datos de la Línea Mujeres del Gobierno de Ciudad de México, de 2017 al 31 de marzo de 2020, que se hizo pública por vez primera el pasado 6 de abril.

Ella encontró que 55% de las llamadas eran de mujeres solteras, seguidas por 34% de casadas y 0.7% en unión libre. Las mujeres casadas denuncian menos que las solteras, expone, porque su movilidad o contacto social están controlados por parte del agresor, porque temen a las consecuencias familiares, carecen de un teléfono o desconocen que pueden hacerlo.

El Estado mexicano ha centrado todos sus recursos en su campaña “Quédate en casa” mientras apenas difunde sus medidas para las mujeres en riesgo de violencia: el servicio del 911, recurrir a la RNR o a las Casas de Justicia estatales. Además, la poca difusión la ha enfocado en las mujeres urbanas que cuentan con internet, excluyendo a las rurales, de lenguas indígenas y de capacidades diferentes.

Saucedo me dice que esto sucede porque los gobiernos carecen de estrategias para atender la avalancha de casos de violencia de género que recibirían: “Saben que serían rebasados”.

Su propuesta para salvar las vidas de mujeres durante esta contingencia retoma un proyecto ya en marcha en Ciudad de México, donde el gobierno creó un número para que la ciudadanía envíe mensajes SMS si cree ser un posible caso de contagio y, a partir de identificar ciertos síntomas, envía personal médico a verificar el estado de salud. Ese mecanismo también se podría usar para detectar casos graves de violencia familiar.

Considera que el gobierno capitalino —o los de los otros estados— también podría ubicar las zonas con más llamadas de auxilio y cruzarlas con las denuncias interpuestas de mujeres por violencia familiar, para socorrer los casos más graves y prevenir posibles asesinatos. En su opinión las llamadas de auxilio y las denuncias se hacen cuando ya hay serios antecedentes pues “un feminicidio es una crónica de una muerte anunciada”.

La pandemia del COVID-19 en algún momento será superada en México. Pero la pandemia de la violencia de género, ya crónica, provocará a la larga más mortandad y destrucción de vidas si el Estado mexicano la sigue ignorando durante esta contingencia sanitaria, la cual ni siquiera está aún en su tercera fase de seis que avizora hasta ahora.

Nota del editor: En una versión previa de este artículo aparecían las cifras sobre el número de víctimas de homicidio y contagios de COVID-19 al 11 de abril, las cuales se actualizaron al 13 de abril.

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