Ignacio Rodríguez Reyna es periodista. Asociado fundador de Quinto Elemento Lab.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mantiene una relación de codependencia con los grandes consorcios de comunicación: no se gustan tanto, pero se necesitan.

Es una relación tóxica de amor y odio en la que, sin embargo, los hechos prueban que al final triunfa el amor del presidente hacia los empresarios integrantes de la élite de los últimos 50 años, encabezados por Emilio Azcárraga Jean (Televisa), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) y las familias Azcárraga-Madero (Radio Fórmula), Aguirre Gómez (Radio Centro) y Vázquez Raña (Grupo Imagen).

El guiño más reciente del presidente por favorecer a los miembros de este grupo, a varios de los cuales ha etiquetado antes como parte de la “mafia del poder”, es “devolver” el tiempo aire que por ley deben pagar al Estado mexicano.

Aunque falta conocer con detalle el decreto que oficializará el anuncio del Ejecutivo, la intención expresada es clara: “ayudar” (en realidad, beneficiar una vez más) en esta contingencia sanitaria y económica a un puñado de empresas privilegiadas siempre por el poder, sin importar quién encabece el gobierno ni cuál sea su partido.

En este “capitalismo de amigos” se usa el poder presidencial para favorecer a un grupo económico que, en reciprocidad y más allá de críticas superficiales, proporciona respaldo político al presidente.

Con este nuevo “decretazo”, AMLO muestra que, en medio de la crisis financiera que atraviesa la mayoría de los medios de comunicación por la caída de sus ingresos de publicidad oficial, él está listo para auxiliar a quienes más poder económico tienen, olvidando que varios de ellos promovieron las campañas más feroces en su contra durante los 18 años en que buscó llegar a la Presidencia.

Ya existen cuestionamientos de organizaciones como Artículo 19 sobre la procedencia legal de una medida así, dado que “los tiempos fiscales son una oportunidad del Estado para informar a la ciudadanía sin necesidad de comprar espacios publicitarios”.

Más allá de eso, AMLO tendría que responder por qué decide “condonar” el pago de impuestos, en contradicción absoluta con su discurso público.

Los minutos diarios que “devolverá” a los concesionarios de televisión y radio (siete y 14 minutos, respectivamente), para que ellos los comercialicen y obtengan una ayuda financiera en esta contigencia, representan una pérdida abrumadora para el Estado.

Al “perdonar” el pago de ese impuesto a las 2,600 estaciones de radio y televisión comercial en México, el presidente dejará al Estado sin al menos 18,200 minutos de tiempo de transmisión, es decir, unas 303 horas diarias que podrían utilizarse para difundir campañas públicas de salud, educación, cultura u otros temas.

Es difícil calcular lo que eso representará en ingresos para los operadores de radio y televisión, pero será una suma enorme para las televisoras hegemónicas: Televisa, que opera 282 concesiones de televisión abierta, y TV Azteca, titular de 182 concesiones.

Televisa podrá disponer diariamente para su comercialización de 1,974 minutos (5,922 spots de 20 segundos) y TV Azteca de 1,274 minutos (3,822 spots de 20 segundos).

Si a cada spot de 20 segundos le atribuyéramos un costo promedio exageradamente bajo de 5,000 pesos, el tiempo “devuelto” a ambas televisoras representaría un total de 48.7 millones de pesos diarios, 1,461 millones al mes o 17,539 millones de pesos al año.

Es incomprensible la parcialidad del presidente, quien no ha mencionado qué impuestos “devolverá” —o de qué forma “ayudará”— a los medios de comunicación impresos o a las plataformas digitales, entre las cuales existen muchos ejemplos de periodismo independiente y de calidad. En cambio, sí ha adelantado que reducirá de nuevo el presupuesto para publicidad institucional en esos medios.

Tampoco ha explicado por qué auxiliará con la condonación de este impuesto a los grandes consorcios de medios, a menudo ligados a otras actividades con enormes contratos con el Estado, y no a millones de micro, pequeñas y medianas empresas.

Aunque su retórica contra Televisa ha sido a menudo inflamatoria, AMLO ha decidido cerrar los ojos y padecer una amnesia selectiva.

En diciembre de 2014, AMLO sintetizó en un tuit su posición sobre la empresa de Azcárraga Jean: “Ni con todos los Teletones del mundo podría Televisa compensar el grave daño causado al pueblo de México como parte de la mafia del poder”.

Vendría un giro impensable: tras la elección presidencial de 2018, acudió en octubre de ese año al “Up-front 2018-2019” de Televisa, un evento comercial en el que la empresa presenta a sus anunciantes los proyectos venideros.

El primer presidente proveniente de un partido de “izquierda” echó marcha atrás radicalmente a sus posiciones: “La empresa es extraordinaria, es un orgullo para el país”, dijo en una entrevista realizada como parte del evento de la televisora.

Con TV Azteca y Salinas Pliego, cuya fortuna es la tercera más grande de México y está valuada en 11,700 millones de dólares por la revista Forbes, se produce una situación inversa.

AMLO da muestras incansables de afecto al empresario, pero recibe poco a cambio. Por ejemplo, el presidente integró a Salinas Pliego a su Consejo Asesor Empresarial, incorporó a hombres cercanos al dueño de TV Azteca a su gabinete y ha puesto en duda que sus empresas adeuden 14,000 millones de pesos al fisco, entre otras cosas.

El propietario de TV Azteca ha respondido a tantas deferencias presidenciales de manera extraña: “AMLO es un político extraordinario y un hombre muy sensible, está intentando abolir la corrupción”, lo alabó primero en una entrevista concedida al diario Financial Times en marzo de 2019.

Pero después lo censuró por sus “políticas populistas de izquierda” y su manera de manejar el poder, por cancelar el nuevo aeropuerto de la capital y por no seguir subastando zonas de explotación petrolera.

Más allá de las interpretaciones políticas, sociales e incluso sicológicas de esta tóxica relación, es preciso recordarle al presidente uno de sus lemas más socorridos: él gobierna para todos, por más amor que prodigue a los poderosos de siempre.

El Estado no puede renunciar a los tiempos que le corresponden por ley, menos cuando las campañas son cruciales para informar a la ciudadanía de las medidas de emergencia sanitaria y los planes de reactivación económica. Ojalá el presidente archive su idea en el fondo de un cajón y renuncie a conceder privilegios impropios.

Leer más: