Carolina Jiménez Sandoval es Directora Adjunta de Investigación para las Américas en Amnistía Internacional. Rafael Uzcátegui es Coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

El 13 de abril el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, se preguntó en Twitter si el regreso de “venezolanos que renegaron públicamente de la nación, luego de ser ultrajados en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, etc.” era “karma.” Dos días después, Iris Varela, Ministra de Asuntos Penitenciarios, tuiteó: “Ante el retorno de fascistas y golpistas camuflados, necesario es reflexionar sobre la naturaleza del escorpión!”. Ambos mensajes, referidos al retorno de personas venezolanas al país debido a la pandemia de COVID-19, y expuestos por altas autoridades y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), son una muestra del lenguaje estigmatizante que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza para pintar como enemigos o traidores a quienes ejercen su derecho a regresar a su país de origen.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 5 millones de venezolanos han huido del país en los últimos años. Es la segunda crisis de personas refugiadas más grande del mundo, sólo superada por la de Siria. A pesar de este éxodo masivo sin precedentes en la región, los países de recepción y transito no han sido capaces de implementar políticas públicas que garanticen sus derechos humanos. En Colombia, Perú y Ecuador, países que hospedan a 3 millones de venezolanos, se calcula que 90% trabajan en empleos informales y no cuentan con seguridad social para ellos y sus familias. La gravísima precariedad que enfrentan está obligando a muchas personas refugiadas venezolanas a regresar, por cualquier medio, al país gobernado por quienes provocaron su exilio y el cual ahora las recibe con estigmas y humillaciones.

En la última década, al agravamiento de la crisis de derechos humanos se le añadió una emergencia humanitaria compleja y el aumento de conflictividad social, con protestas masivas en 2017 que arrojaron un saldo de más de 120 personas fallecidas y al menos 1,958 heridas. Esta dramática realidad quedó retratada en las imágenes de familias enteras que cruzaban a pie la frontera hacia las principales ciudades de Colombia, o hasta Ecuador, Perú y Chile, minando la narrativa negacionista de la crisis que el gobierno venezolano había insistido en construir y dejando en evidencia la vulnerabilidad de millones de personas que ya no podían vivir en su propio país. En el contexto de la pandemia del COVID-19, la alta informalidad que caracteriza al empleo de muchas personas refugiadas venezolanas (debido en parte a las dificultades para obtener protección internacional o regularizar su estatus migratorio) imposibilita a muchos mantener el aislamiento dentro de sus hogares, seguir pagando el alquiler de la vivienda, los servicios básicos y alimentos en los países de recepción.

Las imágenes recientes de familias venezolanas siendo desalojadas de sus viviendas en Perú y Colombia por no poder pagar el alquiler han comenzado a mostrar los enormes retos que se enfrentan. La ausencia de familiares cercanos y redes comunitarias en quienes apoyarse, está obligando a muchas personas a retornar, a pesar de que las circunstancias que provocaron su salida de Venezuela subsisten. Así, su vuelta puede considerarse tan forzada como su decisión de migrar fuera del país.

Ante este escenario, el gobierno venezolano ha establecido “centros de alojamiento temporales”, donde las personas retornadas deben permanecer varios días en “cuarentena” antes de que puedan trasladarse sus ciudades de origen. En un gobierno que ha hecho de la opacidad parte de su política comunicacional, probablemente nunca habrá cifras claras de cuántas personas han retornado en las últimas semanas, pero la ONU señala que hay al menos 97 centros de alojamiento con una capacidad para 8,615 personas. Según su última actualización del 16 de abril, al menos 6,653 personas ya estaban en cuarentena preventiva, por lo que estarían próximos a desbordarse.

En un informe reciente, un grupo de organizaciones de derechos humanos señalaron que los centros de alojamiento temporales no cuentan ni con la infraestructura ni las condiciones sanitarias necesarias. Una de sus mayores preocupaciones ahora es que la etiqueta de “enemigos de la patria”, impuesta por autoridades de alto nivel jerárquico, genere condiciones para tratos inhumanos, crueles y degradantes sistemáticos contra los retornados, como se reflejan en los testimonios que están recibiendo de quienes ya regresaron. Según el informe, en uno de estos centros, una persona retornada que se quejó por las condiciones del lugar recibió una respuesta tajante de un militar, que da cuenta de la narrativa oficial que subyace frente a quienes retornan: “Nadie te mandó a irte del país”.

Las denuncias llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó públicamente que “rechaza categóricamente declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios de gobierno hacia personas migrantes que retornan al país por COVID-19, a quienes han tildado de ‘oportunistas’, ‘apátridas y ‘traidoras’, entre otros”. Aunque es difícil tener una atención diferenciada sobre Venezuela en las actuales circunstancias, es imperativo que la comunidad internacional mantenga su mirada atenta sobre el país para impedir que la pandemia sea una excusa más que lleve a Nicolás Maduro a poner también en cuarentena a los derechos humanos. El gobierno venezolano debe permitir mayor cooperación de la sociedad civil y de las agencias de las Naciones Unidas, la cual debe incluir, entre otras cosas, monitoreo, transparencia y rendición de cuentas. Debe implementar protocolos de atención adecuados a las necesidades de quienes retornan a Venezuela, y abstenerse totalmente de estigmatizar a una población que necesita apoyo y protección.

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