Alberto Pradilla es reportero en el sitio Animal Político y autor del libro ‘Caravana: cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad.

Evin Alexander, hondureño de 23 años, dejó la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, la madrugada del 11 de abril. Caminó durante días hasta que pudo refugiarse en la Casa del Migrante de Agua Clara. No sabe aún si regresar a su casa o retomar el camino hacia Estados Unidos. A Jacqueline, también hondureña, la dejaron tirada, junto a sus dos hijas, en la frontera entre Tabasco y Guatemala. Caminaron durante cinco horas hasta llegar a un punto fronterizo. Junto con otras 50 personas, pagaron 1,300 dólares para que las devolvieran a su país en un microbús. Otros en su misma situación no tuvieron tanta suerte y fueron repatriados en un camión de ganado.

Tanto Evin como Jacqueline fueron detenidos en Estados Unidos por la Patrulla Fronteriza y entregados a las autoridades mexicanas. Antes del COVID-19, cuando un migrante era sorprendido cruzando irregularmente a Estados Unidos, lo encerraban en un centro de detención antes de ser deportado. Ahí tenía la opción de pedir asilo. Desde 2019, por el programa “Remain in Mexico”, la mayoría de solicitantes de refugio eran llevados a México para esperar su cita con el juez. El resto eran devueltos a sus países. Pero la expulsión corría a cuenta de Washington.

Desde que comenzó la pandemia es México el que se encarga de los centroamericanos detenidos en la frontera. Cientos, como Jacqueline, han sido abandonados a dos mil kilómetros de donde fueron arrestados. Otros, como Evin, fueron liberados de las estaciones migratorias sin más recursos que la orden de no regresar al norte. A un tercer grupo lo expulsaron en dos tiempos: de Estados Unidos a México, y de México a sus países de origen.

La pandemia ha permitido al presidente estadounidense, Donald Trump, implementar la política migratoria de sus sueños: cerrar las fronteras y poder expulsar directamente a migrantes y solicitantes de asilo sin trámites legales. Desde el 21 de marzo, bajo la excusa de prevenir contagios de coronavirus, ya no hay debido proceso ni legislación internacional para pedir refugio, solo un registro y devolución inmediata, sin posibilidad de apelar a un juez. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido jugar el papel de deportador subcontratado.

Según la Oficina de Aduanas estadounidense, en marzo fueron deportadas 6,306 personas por este método, sin distinguir entre mexicanos y centroamericanos. No hay datos sobre abril, pero la última cifra publicada hablaba de más de 10 mil. “Si hubiera tenido oportunidad hubiera pedido asilo”, dice Jacqueline. Pero no la tuvo. Tampoco Evin Alexander.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha dicho que los migrantes “no se colocan en medio de ningún lado” y que la práctica de abandonarlos en estados fronterizos “no se puede hacer”. El testimonio de organizaciones como la Pastoral de Movilidad de Guatemala lo contradicen. Por desgracia, la opacidad con la que se maneja el gobierno mexicano en asuntos migratorios impide saber qué ha hecho realmente con los centroamericanos a los que Estados Unidos rechazó.

En medio de la pandemia las opciones son muy limitadas. Por eso el Ejecutivo mexicano ha tenido que improvisar.

Mantenerlos encerrados en estaciones migratorias, un posible foco de contagio, no era viable. El 1 de abril un solicitante de asilo guatemalteco murió asfixiado en el centro de detención de Tenosique, en el estado de Tabasco. Sus compañeros habían prendido fuego a varios colchones para denunciar las condiciones de hacinamiento y exigir su liberación. Presionado por organismos internacionales y de la sociedad civil, México liberó a cientos de centroamericanos. Les dio un documento que señalaba que eran solicitantes de refugio y les permitía la estancia en el país durante 90 días con un único mandato: no regresen al norte. Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Migración, hay 106 personas aún en los centros de detención, pero antes de la crisis sanitaria eran más de 3,500.

Tampoco pudo alojarlos en refugios porque la sociedad civil se vio obligada a cerrar la mayoría. Desde el inicio de la pandemia denunciaron la falta de apoyo institucional y la ausencia de medidas de protección básicas. El 20 de abril se cumplieron los peores presagios: 15 migrantes resultaron contagiados en el albergue de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El primer enfermo fue un mexicano deportado desde Houston, Texas.

La tercera opción, devolverlos, no fue posible en un principio porque las fronteras estaban cerradas. Finalmente, a cuentagotas, lo consiguió. Desde el inicio de la crisis, México ha deportado a 3,653 personas a Guatemala, Honduras y El Salvador.

Para los migrantes que tratan de alcanzar Estados Unidos, el coronavirus significa la desaparición de las normas a las que, de algún modo, podían aferrarse para defender sus pocos derechos. Si estas reglas excepcionales se mantienen en el tiempo, pueden convertirse en una nueva realidad.

Nada desearía más Trump que consolidar este régimen migratorio, construido a la medida de su discurso xenófobo. Especialmente si pensamos en las consecuencias de la crisis económica en países ya devastados como los centroamericanos, y un previsible incremento en el éxodo hacia Estados Unidos.

México no tiene obligación legal de recibir a los centroamericanos expulsados, mucho menos de ser un eslabón más en la deportación exprés. Al aceptar las reglas de juego impuestas por Trump, participa en un sistema que niega derechos fundamentales como el de pedir asilo. Parece que López Obrador ha decidido, otra vez, sacrificarlos para tener margen de negociación con Estados Unidos en otros asuntos (como la producción petrolera).

No hay salida buena ante políticas que dinamitan el derecho internacional y los derechos humanos, pero es urgente exigir al menos un adecuado control sanitario en la frontera que evite los contagios y una regularización temporal que permita a aquellos que quieran pedir asilo en Estados Unidos permanecer cerca mientras dura la emergencia. López Obrador tiene otra oportunidad para defender a los más vulnerables frente a la arbitrariedad y la xenofobia, y no la debería desperdiciar.

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