Dánae Vílchez es periodista nicaragüense.
Al 29 de abril, las estadísticas oficiales del gobierno reportaban 13 personas infectadas por el virus, mientras que países vecinos como El Salvador y Costa Rica contaban 377 y 705 casos confirmados, respectivamente. Pareciera que, por las cifras oficiales, Nicaragua goza de una especie de bendición que hace a sus ciudadanos casi inmunes al virus. Pero lo que hay detrás es solo un presagio de mala fortuna.
Estamos a merced de una dictadura inescrupulosa e indolente, que no se inmuta ante la amenaza más grande contra la humanidad en su historia reciente. El sistema sanitario del país es sumamente deficiente y Nicaragua es el país mas pobre de América Latina después de Haití.
Aunque se contabilizan apenas 13 infectados, tres de ellos han fallecido y el gobierno mantiene que se trata de casos “importados” y que en el país no hay contagio comunitario. No obstante, expertos independientes temen que las cifras de contagio sean mucho mayores y que en realidad haya una negligencia injustificada.
Decenas de funcionarios han señalado de forma anónima a medios independientes que hay un alza de casos de “neumonía atípica” en varios hospitales del país, los cuales tienen síntomas de COVID-19 pero a los que el gobierno no les realiza la prueba.
El gobierno cubano, un aliado fundamental del régimen del presidente Daniel Ortega, aseguró que al menos tres de sus ciudadanos ingresaron a su país infectados con COVID-19 desde Nicaragua. Podemos empezar a sospechar que en este caso alguien miente, y no parecen ser los cubanos. ¿Cómo se explica que un país sin cuarentena ni medidas especiales tenga apenas 13 casos y todos importados?
La Organización Panamericana de la Salud ha llamado a Nicaragua a acatar las medidas de distanciamiento social y a la aplicación de más pruebas. El gobierno ha hecho caso omiso. Incluso mantiene en secreto lo que ha pasado con las 26,000 pruebas rápidas que le donó el Banco Centroamericano de Integración Económica en las pasadas semanas.
A través de sus alcaldías, el presidente Ortega promueve actos de celebración religiosa, aunque la misma Iglesia católica ha pedido que se suspendan. El deporte tampoco ha parado: la liga de fútbol es una de las cinco en el mundo que aun permanecen activas y los torneos de boxeo siguen realizándose. Incuso se han transmitido por la famosa cadena deportiva ESPN, con gala de morbo.
En medio de esto, el presidente Ortega no dio ninguna declaración por 34 días y luego reapareció el 15 de abril en un evento televisado, donde habló de las guerras y las fallas de los organismos internacionales, pero no dio datos importantes sobre lo que su gobierno está haciendo para enfrentar la pandemia. Tras su aparición, el tirano volvió a su cueva y, hasta el 29 de abril, sigue sin reaparecer.
En cambio su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, aparece todos los días en sus alocuciones en los medios oficialistas, donde además de recordarnos el santoral y las predicción del clima, a veces da datos sobre los pacientes de COVID-19.
Lo que no cuenta Murillo es la represión desatada que aún mantienen junto a una Policía que les sirve como ejercito privado. El 18 de abril se conmemoraron dos años del inicio de una rebelión popular que, hasta 2019, había dejado 350 muertos, 760 presos políticos y 65,000 exiliados. Este aniversario la Policía reprimió cruelmente a los ciudadanos que intentaron manifestarse pacíficamente con banderas de Nicaragua, que ahora es considerado un crimen. Fuerzas antidisturbios se movilizaron a distintas ciudades del país para reprimir y capturar a quienes se manifestaron. El operativo dejó un saldo de al menos dos heridos y cinco detenidos.
Murillo tampoco da cuenta de las razones por las que, aunque las fronteras de Nicaragua siguen técnicamente abiertas, el gobierno le niega la entrada a trabajadores nicaragüenses que intentan regresar de El Salvador e Islas Caimán. Se encuentran en estado de indigencia pues su propio país les ha negado la entrada y perdieron los trabajos que les permitía subsistir.
Algunos grupos de oposición en Nicaragua, que incluyen a las cámaras empresariales así como el recién creado Comité Científico Multidisciplinario para el abordaje del COVID-19, han llamado a los ciudadanos a practicar una auto-cuarentena y a tomar las medidas necesarias aunque el gobierno no las haya impulsado.
Lamentablemente, sin el empuje de una recomendación oficial, y una economía en la que al menos 50% de las personas permanece en la informalidad, el llamado parece entrar a oídos sordos. Solo basta con salir a Managua, la capital del país, para darse cuenta que la cuarentena es un lujo que la población no puede darse. Así, la gente sigue en las calles, atenida también a que “apenas tenemos 13 casos”.
Si bien el COVID-19 es un reto para todos los gobiernos del mundo, y ha marcado un antes y un después en la sociedad moderna, para Nicaragua la situación es particularmente problemática. Sin cuarentena ni datos oficiales creíbles, y siempre en medio de un estado policial que acalla cualquier intento de protesta, lo que le espera al país es devastador.
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