Romain Le Cour Grandmaison es investigador de La Sorbona y co-fundador del centro de investigación Noria Research. José Luis Pardo Veiras es periodista y co-fundador de la productora Dromómanos.

En la región de La Montaña del estado mexicano de Guerrero, el hospital más cercano puede estar a 10 horas de distancia y contar con tres ventiladores para atender a más de 400,000 personas. Esta es una de las zonas rurales que representa con mayor crudeza el abandono del campo en México y cómo lo afecta el COVID-19.

“¿Prevención del coronavirus en La Montaña? En muchas comunidades no hay ni agua corriente. Lo que hay es adaptación”, nos dijo Lenin Mosso, un periodista local que sigue recorriendo la zona.

En esta crisis, los ciudadanos exigen al gobierno audacia, rapidez y transparencia, pero, en esta zona, el Estado se encuentra casi solamente en forma de profesores y soldados. Si sus habitantes llegan a escuchar las ruedas de prensa de las autoridades, saben que ellas no deciden qué se hace en su comunidad. Pese a la petición gubernamental de quedarse en casa, los habitantes de este lugar hacen lo que siempre han hecho: salir para poder comer, huir, migrar.

En La Montaña no se habla sobre la crisis que viene: el presente solo amplifica el olvido que viene del pasado. Lo que ha hecho el COVID-19, sobre todo, es desnudar las desigualdades. Su impacto en las zonas rurales de México, que ya estaban en crisis desde antes de la pandemia, puede ser devastador.

En estos municipios hay que cuidarse sin contar con servicios sanitarios; recibir ayuda en medio de la marginación social y territorial —la pobreza llega a 66%—; y confinarse cuando salir es la única opción de supervivencia, más para 80% de la población que trabaja en el mercado informal, muy por encima de 57% de la media nacional.

En La Montaña, varias comunidades se han organizado de forma autónoma, limitando la movilidad a través de retenes sanitarios o cerrando las puertas de sus territorios. En otras regiones de Guerrero, como La Sierra, han sido los grupos de narcotraficantes quienes han impuesto cuarentenas.

La efectividad de las medidas es un misterio, como lo es el alcance de la crisis sanitaria. En un lugar donde cremar a los muertos es una odisea, hacer pruebas a los vivos es una quimera. Según las cifras oficiales, hasta el 11 de mayo en Guerrero han muerto 75 personas por COVID-19. Estas cifras son imposibles de verificar. Lo palpable es la crisis económica y social.

El cultivo de alimentos en Guerrero, y en otras muchas zonas de México, es de subsistencia. Los habitantes de La Montaña usualmente migran a los estados norteños de Sinaloa, Sonora o Baja California como jornaleros. Ahora, las rutas hacia allá están cerradas o, peor, masivamente expuestas al contagio.

Ser una región remota es una ventaja para evitar contagios. La subsistencia ahí, sin embargo, se basa en tres ejes que dependen de relaciones nacionales e internacionales: el magisterio, los cultivos ilícitos —principalmente la amapola para producción de goma de opio, y en menor medida la marihuana— y las remesas.

A finales de 2019, el gobierno federal anunció una reducción de 21,000 millones de pesos a programas educativos . Ante la recesión económica en la que ya está el país, y la austeridad que defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador, es probable que la situación para el magisterio se agrave. Para algunas familias de La Montaña es el único ingreso estable.

La economía de la amapola entró en un profundo retroceso hace más de dos años. La superproducción local y el cambio en la demanda en Estados Unidos por la irrupción de opiáceos químicos como el fentanilo, dejó gran parte de los campos de siembra vacíos. El precio del kilo de opio se desplomó desde picos de 30,000 pesos hasta menos de 3,000. Cultivar amapola ya no era rentable. El gobierno prometió ayuda para paliar la situación. Nunca llegó.

A principios de este año la demanda por la goma de opio remontó y los precios de compra subieron hasta 10,000 pesos. Los campesinos volvieron a sembrar y a vender. Por algunos meses se alivió el panorama económico de miles de familias, aunque lejos de la estabilidad y las ganancias de los mejores años. El cierre de las fronteras chinas ha reducido el abastecimiento de los precursores necesarios para producir opiáceos químicos. Este escenario podría hacer que el repunte de precios de la amapola continúe, pero siempre a expensas de la volatilidad de los mercados ilegales y, por supuesto, sin solucionar las vulnerabilidades estructurales de la región.

Pero si el cierre de las fronteras chinas ha podido ser una noticia relativamente buena en medio de las diferentes crisis, la predicción del Banco Mundial después de la llegada del virus a Estados Unidos es que las remesas mundiales se desplomarán un 20%: “El descenso más intenso de la historia reciente”.

El año pasado los cerca de 700,000 guerrerenses que viven en Estados Unidos enviaron 1,700 millones de dólares a sus familiares, alrededor de 9% del Producto Interno Bruto de Guerrero. Después del boom de remesas que hubo en marzo, el dinero desde Estados Unidos no solo ha dejado de llegar a La Montaña, sino que las familias ya envían dinero hacia el norte a los familiares que antes les ayudaban.

En la región pronto empezará la temporada de lluvias. Es una buena noticia para los cultivos. Pero entonces el viaje de diez horas al hospital se convertirá en un imposible: muchas comunidades se quedarán todavía más aisladas entre los caminos embarrados. Lo mismo sucederá con la recuperación económica de la zona.

Se necesita con urgencia una estrategia de los gobiernos estatal y federal dirigida a las zonas rurales. Si el abandono gubernamental sigue la pauta instaurada décadas atrás —poca o nula inversión pública, y militarización constante— lo más probable es que en La Montaña se potencie la marginación social y económica, la consolidación de poderes violentos y paraestatales, y la dependencia casi absoluta hacia la migración o las economías ilegales e informales para la supervivencia. La realidad post COVID-19 será la misma de siempre, solo que peor.

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