Lucina Melesio es periodista. Colabora en medios como ‘Scientific American’ y ‘Al Jazeera’.

Ciudad de México (CDMX), foco de la pandemia de COVID-19 en el país, se prepara para la reapertura gradual de actividades en el momento con mayor número de muertes y contagios. Lo hace, de acuerdo con especialistas, sin un modelo epidemiológico federal transparente y sin seguir las recomendaciones internacionales de realizar pruebas masivas, lo cual puede ocasionar que la capacidad hospitalaria quede rebasada. Hasta el momento, esto no ha sucedido.

La capital, que tiene el mayor número de contagios y muertes en México al 24 de mayo, según cifras oficiales, planea iniciar el regreso paulatino a las actividades desde el 1 junio, cuando reabrirá la industria marcada como esencial. Los especialistas que entrevisté señalan que las estadísticas y los modelos epidemiológicos oficiales que se usan en este momento para monitorear la pandemia no son precisos ni transparentes. Esto implicaría que la renovación de las actividades se haría sin tener datos suficientes.

Agregaron que no se trata solo de saber el número de muertes o contagios, sino también de cuándo sucederán los picos. Ante la falta de datos, las estimaciones de las fechas de los especialistas difieren entre sí y con las de las autoridades, las cuales también se contradicen entre sí a nivel federal y local.

Otros especialistas, e investigaciones de medios nacionales e internacionales, han señalado que existe un subregistro en la cifra de contagios y de muertes, ocasionada principalmente por la falta de pruebas de diagnóstico. Esto ha sido aceptado por las autoridades, quienes han señalado que su estrategia no es realizar pruebas masivas.

México es uno de los países que menos pruebas ha realizado, con 1.4 por cada 1,000 habitantes al 24 de mayo, mientras que Dinamarca realiza 76.4, Estados Unidos 41.6, Chile 23.9 y Cuba 8.1.

“Es prematuro pretender regresar a nuestro estilo de vida como si nada hubiera pasado. Vamos a tener que construir una nueva normalidad y, para ello, es imperativo aplicar pruebas masivas,” me dijo Moisés Santillán, especialista del CINVESTAV Monterrey en sistemas dinámicos aplicados a la biología, quien ha monitoreado la evolución de la pandemia.

Gustavo Cruz, matemático del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, me dijo que el modelo epidemiológico con el que las autoridades actuaron inicialmente sí funcionó: “Aunque los números de la Secretaría de Salud federal no sean precisos, sí permiten ver tendencias y, por lo tanto, tomar decisiones informadas. Para tomar decisiones, las tendencias son más importantes que los números totales”.

Sin embargo, señaló que en este momento es muy necesario hacer más pruebas. Cruz se dedica a crear modelos epidemiológicos desde hace más de 15 años y forma parte de la comisión interdisciplinaria dedicada a la emergencia del coronavirus en su universidad.

Tanto Cruz como Santillán utilizan modelos similares para monitorear la pandemia, conocidos como SIR (Susceptibles-Infectados-Recuperados), para reducir el margen de error. Modelos más complicados requieren más parámetros, los cuales las autoridades o no miden o no ponen a disposición pública. Ambos investigadores consideran que, mientras menos datos haya, el margen de error aumenta considerablemente.

Las cifras de contagios y de muertes son algunos de los parámetros necesarios para cotejar que sus modelos funcionan pero, para desarrollar otros más complejos, se necesitan estadísticas de pacientes asintomáticos, las tasas de recuperación o los períodos de infección, entre otros.

A nivel científico, realizar pruebas masivas ha permitido que los países produzcan estos datos y se hayan dado cuenta que el COVID-19 es mucho más que una enfermedad de las vías respiratorias, que causa coágulos incluso en pacientes jóvenes, quienes mueren por accidentes cerebrovasculares. En países como Estados Unidos o Inglaterra, los modelos están abiertos al escrutinio público.

Fernando Alarid-Escudero, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha desarrollado junto con la Universidad de Stanford un modelo con el cual hace proyecciones para la toma de decisiones públicas sobre COVID-19. También lamentó que las autoridades no produzcan suficientes datos para monitorear puntualmente la epidemia, y que es necesario hacer más pruebas.

Rafael Lozano, director de sistemas de salud del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, me dijo: “La arqueología de datos es lo que nos va a salvar. Ahora solo vemos la punta del iceberg”. Eso es lo que ha ocurrido en otros países, que se dan cuenta después de lo que en realidad estaba ocurriendo en etapas tempranas.

El Director Ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, dijo el 11 de mayo que las pruebas y el rastreo de contactos son medidas necesarias para detener al COVID-19 en la reapertura de las economías: “Cerrar los ojos e intentar atravesar esta pandemia a ciegas es una ecuación tonta. Y estoy realmente preocupado de que ciertos países se preparen para manejar a ciegas la situación en los próximos meses”.

Ya diversos países que habían anunciado la reapertura, como Líbano e Irán, han tenido que imponer una nueva cuarentena en ciertas zonas por el resurgimiento de brotes.

La Secretaría de Salud federal no aceptó mis repetidas solicitudes de entrevista para contrastar estas opiniones.

El gobierno federal buscó reabrir las actividades en más de 300 municipios del país desde el 18 de mayo, impulsado por la pérdida de 700,000 empleos entre el 18 de marzo y el 28 de abril, y teniendo en cuenta que el pronóstico para la economía este año es una contracción del Producto Interno Bruto que va de 3.9% hasta 12%.

Si bien la decisión de no realizar pruebas masivas para monitorear la evolución de la pandemia funcionó en la escala generalizada, señalaron los especialistas, sin ellas ahora será muy difícil reabrir actividades sin que ocurran nuevos picos de contagios, por lo cual habrá que volver al aislamiento social y al empeoramiento de la economía.

Sin las pruebas, los familiares de los pacientes sospechosos de COVID-19 no pueden estar seguros de que el tratamiento corresponda a lo que necesitan. Otros nunca tendrán la certeza sobre la causa de su muerte.

La escasa información que producen nuestras autoridades le hace un flaco favor a la ciencia del país. Y la falta de transparencia en la construcción y el manejo de sus modelos epidemiológicos no permite que la comunidad científica pueda mejorarlos y asegurar que se están tomando las mejores decisiones.

Los picos de contagio

Hasta el momento, indicadores como la tendencia de la curva de contagios y el porcentaje de camas de hospitalización disponibles muestran que las autoridades de CMDX aún no han sido rebasadas a nivel hospitalario.

Eso no significa que la calidad de la atención médica —que ya mostraba deficiencias graves por falta de medicamentos y personal desde antes del COVID-19— sea buena o suficiente, ni que la capital esté a salvo de una crisis hospitalaria.

Las cifras oficiales en CDMX reportaban al 24 de mayo una ocupación de camas de hospitalización general de 71%, y de 67% en las camas con ventilador. En el país, la cifra estaba en 38% y 35%, respectivamente. El 15 de mayo, cuando según la Secretaría de Salud federal sería el pico de casos graves intubados, hicimos un recorrido por hospitales en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que incluye a CDMX y municipios del colindante Estado de México.

CDMX oficialmente tenía ese día una ocupación cercana al 80% de camas de hospitalización general y casi 70% de camas de terapia intensiva con respiradores para pacientes de COVID-19.

Tras revisar el sitio web en el que, a través de un semáforo, el gobierno capitalino refiere a sus ciudadanos a hospitales, acudí a verificar que los que indicaban disponibilidad (en verde) estuvieran recibiendo pacientes. También la situación de los marcados con disponibilidad media (en amarillo) y sin disponibilidad (en rojo).

El único hospital en verde en CDMX era el Hospital General Balbuena, de la Secretaría de Salud de CDMX (SSA). Ahí, Alejandro Balcázar estaba sentado en la calle esperando el informe de los médicos sobre el estado de salud de su madre, de 63 años: “Mi mamá está intubada aquí desde las 11:00 de la noche (de ayer). Pensé que iba a morir en la ambulancia”.

Balcázar dijo que llegaron a ese hospital porque fue el que le indicaron cuando llamó al servicio telefónico 911. No todos los enfermos corrían con la misma suerte. Junto a la entrada de autos para urgencias, los hermanos Elia y Filiberto Guzmán esperaban a que atendieran a su papá, de 89 años, quien estaba sentado en una silla en plena banqueta.

Filiberto dijo que fueron por lo menos a otros dos hospitales antes de llamar al 911 y ser enviados a ese hospital. Dos días después de entrevistarlos, Elia me dijo por teléfono que, después de esperar durante horas, no internaron a su papá allí. Aunque el servicio de 911 prometió trasladarlo en ambulancia a otro hospital, esta nunca llegó.

Decidieron llevarlo ellos mismos al Hospital 20 de Noviembre, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde tampoco lo recibieron. Lo llevaron al Hospital Adolfo López Mateos —también del ISSSTE—, que ese día estaba marcado en amarillo, donde finalmente esa noche lograron internarlo.

Tanto el Hospital General de las Américas de Ecatepec, de la Secretaría de Salud del Estado de México —marcado en verde—, como el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, de la SSA —marcado en rojo—, seguían admitiendo pacientes de COVID-19

Algunos de los especialistas que entrevisté, como Cruz y Santillán, consideraron que el motivo por el cual México no se ha convertido en un caso catastrófico es porque el modelo epidemiológico que utilizó inicialmente, llamado de vigilancia centinela, detectó a tiempo los primeros contagios. Además, las medidas de distanciamiento social se implementaron a tiempo.

Desde la pandemia de influenza AH1N1, en 2009, que afectó gravemente al país, el gobierno mantiene activo un sistema de alrededor de 475 hospitales centinelas en todo el territorio, que rutinariamente procesan muestras aleatorias de pacientes para detectar ciertas enfermedades, entre ellas las emergentes como el COVID-19. El gobierno construye sus modelos epidemiológicos con estos datos. Los que se utilizan actualmente no son públicos hasta el momento porque, según una entrevista al diario El País, se busca proteger su propiedad intelectual.

Las autoridades de CDMX anunciaron el 20 de mayo su “Plan gradual hacia una nueva normalidad”, que involucra varias fases. Las variables actuales para migrar de fase involucran la ocupación de camas hospitalarias y dos semanas de tendencia a la baja en el número de contagios.

Hasta el momento, las predicciones de los picos de contagios —que afectan directamente a esas dos variables— que hacen las autoridades federales y locales han sido distintas por varias semanas, como en el caso de CDMX. Lo mismo pasa con los análisis de los especialistas.

La Secretaría de Salud federal señaló el 5 de mayo que el 8 sería el pico de contagios en CDMX. El nuevo plan de las autoridades capitalinas estima que será el 3 de junio.

Para Moisés Santillán, el pico de contagios fue alrededor del 7 de mayo y la curva de contagios debía comenzar a bajar hacia el 21 de mayo. Sin embargo, para Gustavo Cruz el pico ocurrirá hacia la última semana de mayo o principios de junio.

El modelo de Fernando Alarid-Escudero lo prevé a mediados de junio, y casi tan elevado como el que hubiera ocurrido sin medidas de distanciamiento social si estas terminan a principios de junio, como está planteado actualmente a nivel federal.

Rafael Lozano afirmó: “Nosotros no hemos visto el pico de la curva todavía. No estoy convencido de que lo que dicen (las autoridades) está pasando; yo no lo puedo reproducir”.

Lozano lamentó también que las autoridades no publiquen datos actualizados sobre la capacidad y la reconversión hospitalaria durante la epidemia. Esto es porque su modelo revisa la evolución de los contagios, la saturación de los hospitales y el número de muertes en función de diferentes medidas de distanciamiento social.

Mientras las pruebas masivas siguen sin hacerse y los datos sobre el pico de contagios siguen sin cuadrar, la situación en los hospitales se va recrudeciendo.

En el recorrido, el Hospital General De Zona 2A, del IMSS, estaba marcado en amarillo, pero cambió a rojo en la tarde. Pese a ello, había poca gente afuera.

Arturo, quien pidió no ser identificado con su apellido por miedo a que lo despidan, esperaba afuera de la zona de urgencias a su hermana Fanny, quien llevó a su madre de 80 años porque le costaba trabajo respirar y tenía las uñas moradas.

Arturo dijo que, seis días antes, el servicio 911 identificó a su madre como caso sospechoso y, ese día, le indicaron que fuera al hospital por el color de sus uñas.

Fanny, en una llamada telefónica posterior, me dijo: “Mi mamá estaba sentada en una silla en el área de pacientes de COVID-19, le pusieron oxígeno y la canalizaron allí. Me dijeron que no me podía quedar y me fui”. Esa fue la última vez que la vio.

Fanny dijo que, al día siguiente de internar a su madre, recibió una llamada del hospital pidiéndole que se presentara con documentos de identificación. Ella esperaba informes de su estado de salud, pero lo que recibió fue un acta de defunción.

Dijo que el acta señala “probable COVID-19” como causa de muerte. “Es como ponerle ‘probable infarto’, ‘probable apendicitis’. Si no saben de qué murió, no se lo debieron poner”.

“¿Le habrán dado cama? ¿O la habrán dejado en esa silla?”, se preguntó Fanny con la voz entrecortada, lamentando que no tiene más información que la que está escrita en el acta de defunción. “Quiero saber cómo murió mi mamá”.

Nota del editor: En una versión previa se señalaba que Rafael Lozano era director del Institute for Health Metrics and Evaluation.

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