Alejandra Sánchez Inzunza es periodista, co-fundadora de Dromómanos y co-autora de ‘Narcoamérica’.

A principios de abril, 52 municipios de 21 estados de México prohibieron la venta de alcohol —llamada Ley Seca— con la intención de evitar fiestas y reuniones masivas para reducir los contagios de coronavirus. El gobierno federal, además, prohibió la producción de cerveza al considerarla una actividad no esencial. Las consecuencias de la escasez de alcohol no tardaron en aparecer: al menos 164 muertos por beber alcohol adulterado en ocho estados y cientos de personas intoxicadas, compras de pánico y venta clandestina por redes sociales.

En México existe un mercado de alcohol ilícito desde hace décadas: cuatro de cada diez botellas que consumimos son ilegales. Los traficantes lo contrabandean desde países vecinos, evaden impuestos o producen licores adulterados con metanol, un químico altamente tóxico que produce desde ceguera hasta la muerte. Los muertos en menos de un mes —que podrían ser más, porque algunos gobiernos municipales no han reportado aún a la Secretaría de Salud— reafirman que la prohibición genera muchos más problemas de los que resuelve.

Quien quiera beber siempre encontrará la manera de hacerlo. Las leyes prohibicionistas estimulan los mercados negros y la clandestinidad implica bebidas más caras, sin controles, que pueden ser adulteradas. Al comprarlas, el consumidor pone en riesgo su salud y seguridad, y beneficia a acaparadores, evasores de impuestos y delincuentes. Lo sabemos, al menos, desde hace un siglo: desde la prohibición de la venta de alcohol en Estados Unidos durante los años 20, hasta la guerra contra las drogas que en México ha dejado más de 300,000 muertos y 61,000 desaparecidos.

Entre 1920 y 1933, el alcohol fue vedado en Estados Unidos al considerar que su venta y consumo llevaban a la decadencia social. El gobierno lo colocó como el culpable común de fenómenos como la prostitución, la delincuencia e incluso algunas enfermedades. Pero fue en este periodo cuando se sofisticó y expandió el crimen organizado.

Aunque la oferta se vetó, la demanda continuó. La venta clandestina de alcohol, que los traficantes producían en bodegas ilegales o importaban de Canadá y México, se disparó en las grandes ciudades al igual que los precios en el mercado negro. Las mafias se extendieron por todo el país, aumentando drásticamente el homicidio, el robo y la corrupción. Después de un descontento generalizado, cárceles saturadas, y el crac bursátil de 1929, finalmente el presidente Franklin Roosevelt abolió la ley en 1933. Eliot Ness, el agente del Tesoro estadounidense, famoso por sus esfuerzos para hacer cumplir la Ley Seca en Chicago, celebró con una copa el fin de la prohibición.

Lo que parecería una vieja historia, de la que durante un siglo se han analizado todos los errores, se acaba de repetir en diversos estados de México —las normativas sobre alcohol son descentralizadas— a pesar de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció los inconvenientes de estas medidas.

Las leyes secas siempre se imponen en nombre de la moral, pero rara vez se analizan los efectos públicos que pueden provocar. A pesar de la prohibición, las reuniones continuaron. Gran parte de las muertes se produjeron después de celebrar el Día de las Madres, el 10 de mayo. Al ver los fallecimientos por alcohol adulterado, y el crecimiento del mercado negro, estados como Nayarit y Sinaloa echaron atrás sus restricciones.

La prohibición de alcohol, o de cualquier otra sustancia, nunca ha sido una política pública acertada. Como afirma el académico español Antonio Escohotado: “La ley creó al traficante de drogas y el traficante creó al adicto”. Lo que ha pasado recientemente con las leyes secas se puede extrapolar a la fallida política de drogas que ha tenido sus efectos más drásticos desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Las prohibiciones no resuelven los problemas de seguridad y agravan los de salud. Entre 2010 y 2017, en México hubo 22,856 muertes relacionadas con el uso de drogas legales e ilegales, y 95% fue por consumo de alcohol. La legislación actual no atiende los problemas que provocan las sustancias desde el punto de vista sanitario y, además, ignora las tendencias en el consumo. México es uno de los países donde más ha incrementado el consumo de marihuana en la última década. A esto se suma que, desde la perspectiva de seguridad, la prohibición y su estrategia militarista han provocado que, tan solo el año, pasado más de 35,000 personas fueran asesinadas.

Al restringir un mercado con demanda, siempre habrá alguien que lo satisfaga desde la clandestinidad. Cuando en 1971, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró el consumo de drogas el “enemigo público número uno” de ese país, la tasa de homicidios en el continente era de ocho por cada 100,000 habitantes. Cuatro décadas después, países como El Salvador o Venezuela han superado los 50 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

El riesgo para la salud de sustancias como las drogas —alcohol y tabaco incluidos— es el principal argumento para prohibirlos, pero debería ser el mayor para legalizarlos. La regulación permite controlar la calidad y el suministro del producto, informar a la población con transparencia, ejecutar campañas para fomentar un consumo funcional y tratar dignamente el problema.

En el caso del alcohol, por ejemplo, regular los días y horarios en puntos de venta, prohibir la venta a menores, así como su consumo en espacios públicos, han demostrado ser medidas mucho más efectivas que las leyes secas.

A estas alturas, el fracaso de las políticas prohibicionistas es un hecho. En los últimos años se ha abierto un nuevo panorama en políticas públicas que se debería intensificar. La marihuana, una droga cada vez más aceptada socialmente y con menores riesgos para la salud que el alcohol o el tabaco, está abriendo un camino alternativo: que la prohibición se sustituya por una regulación escalonada de los narcóticos.

Los aciertos y errores en las leyes sobre el alcohol y el tabaco deberían ser una guía para buscar la mejor legislación para otras sustancias. Lo que se ha vuelto a demostrar con las —por lo menos— 164 víctimas por alcohol adulterado que registraba el gobierno mexicano la semana pasada, es que controlar el riesgo es mucho más seguro que desconocerlo.

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