Sandra Romandía es periodista de investigación y coautora del libro ‘Narco CDMX’.

Un grupo armado llegó el 26 de mayo a un edificio ubicado en el número 15 de la calle Peña y Peña, a solo siete cuadras de las oficinas del gobierno de Ciudad de México (CDMX), para sacar a todos los que ahí vivían. Según la denuncia hecha por los afectados ante el ministerio público, y las investigaciones, los invasores que los dejaron sin casa aquella tarde pertenecen al grupo criminal La Unión de Tepito, quizás el más poderoso de la capital mexicana, con presencia en 11 alcaldías.

El despojo de este edificio se dio después de que las autoridades presumieran la detención de “18 objetivos” criminales en medio de la cuarentena por el COVID-19. Los grupos delincuenciales siguen operando a pesar de las restricciones de movilidad y las detenciones de sus líderes: despojan edificios, extorsionan, matan y cobran cuota a los comerciantes que mantienen sus negocios abiertos, me han dicho varias víctimas y líderes del comercio formal e informal.

Esto no es nuevo: en los últimos tres años, las cifras muestran que las detenciones o abatimiento de los delincuentes de alto perfil no se traducen en menos violencia. La clave podría estar en las cárceles capitalinas. Desde 2002 se ha documentado que no son las autoridades las que mandan en ellas, sino los internos. Con el auge del crimen organizado en la ciudad, los detenidos que llegan son más violentos y poderosos.

Tepito es un barrio complejo. Ahí se desarrollaron las bandas que controlan el mercado de las drogas en esta ciudad, pero también es una zona de comerciantes que nada tienen que ver con el crimen. Podría ser el símil del sur del Bronx, en Nueva York, por el tráfico de drogas y asesinatos; con una mezcla del este de Los Ángeles y sus callejones llenos de mercancía rematada. O lo que en el pasado fue Wynwood, en Miami, o la Comuna 13, en Medellín. Es una mezcla de todo lo anterior.

Ahí, en una década, La Unión se fortaleció ayudada por la corrupción policiaca y pasó de ser un grupo de distribución de drogas a un cártel: tiene laboratorios para la confección de estupefacientes y estableció rutas tanto para la obtención de materia prima como para la venta en otros estados del país. Empezó también a invadir predios, extorsionar y cobrar una cuota para permitir a los comerciantes trabajar, conocida como “derecho de piso”.

Hoy controla el mercado de las drogas y extorsiones en zonas de alta plusvalía, turísticas, residenciales y comerciales, como las colonias Condesa, Polanco, Santa Fe, y áreas de recreación como Garibaldi. Otras áreas están controladas por grupos distintos, como las células del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La fuerza de La Unión no ha disminuido pese a los arrestos de su cúpula. En agosto de 2018 las autoridades detuvieron a Roberto Moyado, alias “El Betito”, presunto jefe de La Unión. El gran acontecimiento mediático se opacó con lo que ocurrió meses después: los homicidios con arma de fuego continuaron con un promedio de 70 a 80 mensuales, y las denuncias por extorsión se mantuvieron entre 30 y 40 al mes, de acuerdo con cifras oficiales.

En noviembre de ese año se presumió el arresto de David García, alias “El Pistache”, quien, según las autoridades, era el segundo al mando. Sin embargo, al mes siguiente, los homicidios en CDMX aumentaron 50%.

En estos meses de pandemia, en los que las autoridades presumen las 18 detenciones de cabezas de la organización, los homicidios también se han mantenido. Sólo en el área de Tepito se registraron 18 asesinatos en los últimos tres meses, una cifra no muy lejana a la del año pasado, cuando hubo 13.

Las detenciones no se traducen en una reducción de la violencia porque los líderes siguen operando tras las rejas. En el caso de La Unión, el jefe máximo, “El Betito”, internado en el Reclusorio Oriente de Ciudad de México, cuenta con una estructura dentro que le ha permitido ser uno de los líderes en una prisión de 8,500 reos.

Las prisiones son microciudades donde gana el que tiene más fuerza dentro y fuera de ella. En ellas hay comunicación hacia el exterior, dinero y droga que entra y sale, presos que vuelven a la libertad rápidamente y regresan a las calles a vengarse. Los líderes criminales logran mantener su poder y control de acción, así como la capacidad de negociación para cargamentos de droga y armas. Su poder no se pierde cuando son detenidos, al contrario: es utilizado para delinquir porque no existe orden al interior de los penales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la única instancia independiente que logra entrar anualmente a los penales mexicanos para evaluarlos, lo advierte en sus informes: los reclusorios Oriente, Norte y Sur en CDMX están gobernados por los presos, quienes desde ahí extorsionan, sobornan y controlan el crimen. El Oriente, donde están recluidos varios de los jefes del narco de La Unión como Oscar Flores, “El Lunares”, y David García, “El Pistache”, tiene una calificación reprobatoria de 5.8.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha reconocido esta debilidad. En una conversación que tuvimos, me dijo que la Policía puede trabajar para detener a presuntos delincuentes, pero si al final ellos siguen operando desde las cárceles y no son trasladados a centros federales —como lo han solicitado las autoridades—, la cadena criminal persiste. Asegura, sin embargo, que no tanto como ocurría antes.

Si se quiere frenar la violencia e inseguridad en Ciudad de México se debe, entre otras acciones, reestructurar el sistema penitenciario local, algo que para las autoridades es considerado demasiado complejo, como me lo han confirmado algunos funcionarios involucrados. Se debe voltear a ver lo que históricamente ha sido ignorado. De lo contrario, el narco y su poderío seguirán creciendo desde dentro y fuera, con el peligro de dañar a más ciudadanos.

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