Eileen Truax es periodista en Estados Unidos y autora de, entre otros libros, ‘We Built the Wall: How the U.S. Keeps out Asylum Seekers from Mexico, Central America and Beyond’. Es directora de contenido del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones que se celebra en Mérida, España.

La semana pasada la Suprema Corte de Estados Unidos dio un revés a la administración del presidente Donald Trump, al declarar improcedente su orden para derogar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), una protección temporal para jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, que han hecho su vida en este país y a quienes comúnmente se les conoce como Dreamers.

La noticia es muy buena. El programa fue implementado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, como una protección temporal mientras el Congreso aprobaba una ley de regularización migratoria. Hoy ya protege a 700,000 jóvenes, quienes cuentan con un número de seguro social y un permiso de trabajo que les permite existir administrativamente: trabajar, conducir un auto, o acceder a financiamientos para educación superior de manera legal. Todo esto les habría sido retirado bajo la orden de Trump.

Si bien el fallo de la Corte representa un respiro para los Dreamers y sus familias, tras vivir tres años en espera del veredicto, ha quedado claro que DACA no es la solución a la situación migratoria irregular de una generación que ha vivido en Estados Unidos la mayor parte de su vida. Dado que el programa fue implementado por una orden ejecutiva, su continuidad siempre dependerá de la voluntad del siguiente presidente. En este sentido, DACA ha sido una bandita adhesiva intentando mantener cerrada una herida que, se sabe, requiere una cirugía mayor.

Cuando Trump anunció la revocación del programa, en septiembre de 2017, lo hizo con un argumento válido: si la iniciativa tenía como fin la protección temporal mientras los congresistas llegaban a un acuerdo de regularización, ¿cómo es que en cinco años aún no lo habían hecho? El presidente dio un plazo de seis meses a los legisladores para presentar, discutir y aprobar una iniciativa de ley sobre el tema.

Tan pronto se hizo el anuncio, las organizaciones de jóvenes indocumentados y sus aliados, entre ellos las autoridades de varias universidades en el país, interpusieron recursos legales para detener la revocación. Tres meses más tarde, jueces federales de California y Maryland ordenaron la reinstalación de la protección para los jóvenes, y el caso se fue a la Suprema Corte. Tras un proceso legal de dos años, el veredicto del 18 de junio pasado bloquea la amenaza por el momento.

¿Qué sigue ahora? Dado que resolver el impasse en el que se encuentran las vidas de estos jóvenes depende de los congresistas, este tendría que ser uno de los temas principales en las campañas políticas rumbo a noviembre de este año, cuando se elegirá presidente y se renovarán las dos cámaras del Congreso. Los representantes de ambos partidos cuentan con los argumentos morales y económicos para legalizar de una buena vez la presencia de los Dreamers en Estados Unidos.

Durante los ocho años que DACA ha funcionado, sus beneficiarios han mostrado que, a pesar de sus limitaciones legales y económicas previas, cuando se les da la oportunidad, su capacidad de liderazgo político, desarrollo académico, y visión productiva y empresarial los convierte en un activo con valor específico para la sociedad estadounidense.

En 2017, los CEO de las empresas Apple, Google, Amazon, y otras 800 compañías de Silicon Valley, enviaron una carta a los líderes del Congreso exigiendo una solución para los Dreamers por ser indispensables para la competitividad a nivel global. Dejar de tenerlos en estas empresas, añadía el texto, representaría la pérdida de 460,000 millones de dólares del Producto Interno Bruto nacional y 24,000 millones de dólares en contribuciones al Seguro Social y servicios médicos vía impuestos. Al menos 18 de las 25 principales empresas de la lista Fortune 500 cuentan con beneficiarios de DACA entre sus empleados.

En 2016 el Center for American Progress publicó una evaluación a cuatro años de la implementación de DACA. De los 750,000 jóvenes que habían recibido la protección del programa —77% de ellos mexicanos—, 95% estudiaba, trabajaba, o ambos. De los beneficiarios de DACA, 6% se convirtió en un pequeño empresario, lanzando iniciativas propias y generando empleo; uno de los entrevistados por el estudio tenía nueve empleados.

Un documento del Center for Migration Studies, con estimaciones de la Oficina del Censo de 2018, indica que el área en la que más trabajan los beneficiarios de DACA es restaurantes y servicios de alimentos, con casi 77,000 jóvenes. Les siguen 43,000 en cuidado de la salud y asistencia social, incluidos más de 10,000 que trabajan en hospitales. Otros 21,000 trabajan en bodegas y transporte de mercancía; 32,000 en supermercados, farmacias y otros comercios; 14,000 en el sector manufacturero, y más de 10,000 realizan labores de limpieza y manejo de desperdicios. Este año, tras la llegada del COVID-19, quedó claro que los beneficiarios de DACA son parte de los trabajadores esenciales al frente de la pandemia.

Dado que ha pasado más de una década desde que inició el movimiento Dreamer, muchos de estos jóvenes ya formaron una familia. Se estima que más de 250,000 niños nacidos en Estados Unidos tiene al menos un padre que es beneficiario de DACA. A nivel nacional, un millón y medio de personas comparten hogar con un Dreamer.

Estas elecciones ofrecen a Estados Unidos una oportunidad de hacer lo correcto para estos jóvenes, estadounidenses de facto y de corazón: otorgarles un documento que reconozca su pertenencia a esta sociedad, y sus derechos como parte de ella. Y tal vez, también, agradecerles lo que han hecho por este país a pesar de saber que en cualquier momento podrían ser expulsados.

Los primeros meses de 2020 han mostrado a la sociedad estadounidense una imagen de sí misma que no le gusta: violencia racial, falta de programas preventivos de salud ––en plena pandemia––, y una mano de obra inmigrante esencial que ha sido mantenida en la anomia. En la elección del 3 de noviembre, se abre una puerta para convertir los paliativos políticos en una justa solución.

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