Kathleen Page es doctora y profesora asociada de medicina en la Universidad Johns Hopkins. Tamara Taraciuk Broner es subdirectora interina de las Américas para Human Rights Watch.

Imaginen ser un trabajador de la salud que intenta mantener al COVID-19 a raya en un país donde el sistema sanitario ha colapsado. “Es dantesco, es como si estuviéramos en una guerra pero no hubiera caído ni una sola bomba”, nos dijo un médico en Venezuela en diciembre, incluso antes de que llegara la pandemia.

Mucho antes de que Venezuela confirmara su primer caso de COVID-19, el país ya enfrentaba una emergencia humanitaria: la desnutrición iba en aumento; regresaron enfermedades evitables con vacunas que ya habían sido erradicadas, como el sarampión y la difteria; y se incrementaron notablemente enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis. Los profesionales de la salud empezaron a tener demasiadas dificultades debido a la intermitencia de suministros básicos en los centros médicos y la emigración de muchos colegas, lo que condujo a un declive constante en la capacidad operativa de la atención médica.

Y entonces llegó el nuevo coronavirus.

Hasta el 2 de julio, Venezuela había reportado más de 6,000 casos confirmados de COVID-19, y 54 fallecimientos. Pero las estadísticas que salen de Venezuela no son confiables. Nuestra reciente investigación ha revelado que las verdaderas cifras son, con casi total seguridad, mucho más altas dada la poca disponibilidad de aplicación de pruebas confiables, la falta de transparencia y la persecución realizada a los profesionales de la salud y los periodistas que reportan problemas. El hacinamiento en zonas de bajos recursos y prisiones, así como el limitado acceso al agua y saneamiento en hospitales y hogares, son condiciones óptimas para que el virus se propague rápidamente.

Los médicos y enfermeros venezolanos, fieles a su compromiso profesional y ético con la medicina, siguen yendo a trabajar porque, como bien dijo uno de ellos: “Si no atendemos a estos pacientes, ¿quién lo hará?”. Lo hacen bajo su propio riesgo, a menudo sin tener ni siquiera un equipo de protección básico. Algunos utilizan la mitad de su salario mensual para comprar una simple botella de desinfectante para manos. Nos relatan historias sobre olores nauseabundos, infestaciones de roedores y baños averiados. Un médico contó que se lavaba las manos con el agua que goteaba de un aire acondicionado.

El colapso del sistema de salud de Venezuela no es consecuencia de un desastre natural. Se debe principalmente a las medidas irresponsables y represivas del gobierno de Nicolás Maduro. Las autoridades han intentado fuertemente negar y ocultar los datos epidemiológicos y la gravedad de una emergencia humanitaria que tiene ya varios años. También han perseguido a los que cuestionan al gobierno, incluyendo trabajadores de la salud.

Las autoridades venezolanas por lo general le atribuyen toda la culpa de la emergencia humanitaria a las sanciones económicas y petroleras impuestas por Estados Unidos. A pesar de contar con una excepción para transacciones humanitarias, las sanciones de Estados Unidos podrían ciertamente estar agravando la crisis, tanto por el riesgo de sobrecumplimiento como por el hecho de que reducen los recursos disponibles para que el gobierno atienda la crisis.

Sin embargo, el colapso del sistema de salud de Venezuela empezó antes de 2017 (año en que Estados Unidos impuso sanciones más estrictas), y varios factores —entre ellos la mala administración y la caída drástica en los precios mundiales del petróleo— han contribuido a la crisis del país.

En la actualidad, la única esperanza para frenar la propagación del COVID-19 es asegurar una respuesta humanitaria de gran escala que le dé prioridad a la población venezolana. Nuestro reporte del 26 de mayo instó a Estados Unidos a garantizar que las sanciones no contribuyeran con la crisis ni obstaculizaran labores humanitarias. Además, se le solicitó a los gobiernos extranjeros en general a despolitizar la ayuda y a financiar una respuesta liderada por las Naciones Unidas.

El 1 de junio trajo buenas noticias. El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, y la Asamblea Nacional liderada por la oposición —a través de su asesor de salud, Julio Castro— firmaron un acuerdo para coordinar esfuerzos para obtener financiamiento internacional destinado a fortalecer la respuesta de Venezuela a la pandemia. El acuerdo los obliga a darle prioridad a la detección de casos de COVID-19, proporcionar tratamiento adecuado y oportuno a los casos confirmados, aislar personas con síntomas además de poner en cuarentena a aquellos con quienes hayan entrado en contacto, y proteger a los trabajadores de la salud.

Adicionalmente, le da prioridad a establecer medidas preventivas y de control de infección en los centros de salud; a proporcionar un efectivo monitoreo epidemiológico, análisis de la información e informes sobre la situación; y a informar a la población sobre los riesgos para garantizar que los ciudadanos adopten medidas preventivas.

El acuerdo también solicita “apoyo técnico y administrativo” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una subdivisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Representantes de la Asamblea Nacional han indicado que un fondo de 20 millones que el gobierno de Estados Unidos había congelado —para evitar su uso por parte del gobierno de Maduro— será enviado a Venezuela a través de la OPS. Este fondo también ayudará a darle a los trabajadores de la salud venezolanos 100 dólares mensuales durante tres meses, y apoyará a varios grupos humanitarios independientes. El gobierno español también ha anunciado una transferencia de fondos previamente congelados a la OPS.

El acuerdo podría marcar una gran diferencia en la respuesta de Venezuela ante la pandemia, pero solo si es financiado debidamente, bien aplicado y supervisado de forma adecuada por una tercera parte independiente. El acuerdo no especifica cómo se realizará o supervisará la entrega de ayuda. Como la OPS y otras agencias de la ONU ahora radicadas en Venezuela no serán capaces de proporcionar un monitoreo completo de la entrega de ayuda por todo el territorio del país, las autoridades venezolanas deberían permitirle a todas las agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales —tanto nacionales como internacionales— a que supervisen el trato sin interferencia de ningún tipo. También es fundamental permitirle acceso total al Programa Mundial de Alimentos y sus organismos colaboradores, los cuales tienen la capacidad logística para proveer una cantidad significativa de ayuda humanitaria a nivel nacional.

Es poco probable que el acuerdo se traduzca en un cambio notable en la dirección de Maduro y su gobierno, dada la total indiferencia que han demostrado tener por la vida y la salud del pueblo venezolano. Se tuvo que ejercer una prolongada presión internacional para que aceptaran la ayuda del mundo exterior. Por eso es fundamental continuar con la presión y realizar un monitoreo significativo.

Si el mundo no logra rápidamente traer suficiente ayuda a Venezuela y asegurarse de que le llegue a las personas que la necesitan, terminaremos lamentando incontables muertes que pudieron haberse evitado.

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