Ricardo Raphael es periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es 'Hijo de la guerra’.

Un funcionario de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) llamó para darme una lección. Habían transcurrido pocos días desde la conferencia de prensa que el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, ofreció el 7 de noviembre de 2014, para dar a conocer su “verdad histórica” sobre la tragedia de Ayotzinapa.

El país entero vivía todavía en luto por la desaparición de 43 jóvenes normalistas a manos del crimen organizado.

Minutos antes de la llamada, yo había señalado en un programa de radio que la PGR no había imputado a los presuntos autores del secuestro y asesinato de los jóvenes normalistas con el delito de desaparición forzada.

Con un estilo que le pareció jocoso, el funcionario me acusó de “exquisito” desde el punto de vista legal. Luego me recordó que Al Capone no fue encarcelado por los delitos más graves que pesaban sobre su biografía sino por aquel que la autoridad sí pudo probar: el fraude fiscal.

Fuera como fuera, el señor procurador —según me explicó el funcionario— había logrado consignar a los responsables de la barbaridad.

A partir de aquel día me he visto envuelto en varias conversaciones similares que, con el tiempo, me obligaron a tomar conciencia sobre la gran brecha abierta entre dos culturas jurídicas.

Hoy entiendo que el caso Ayotzinapa arrojó una luz potente sobre esa fractura. De un lado se ubican los adherentes del sistema penal que está en vías de caducar, y del otro, los adeptos del sistema acusatorio, dentro del cual los argumentos de aquel funcionario de la PGR no tienen cabida alguna.

La principal diferencia entre unos y otros es la seriedad con la que cada cuál considera a la Constitución. La Carta Magna mexicana establece como elemento irreductible para imputar un delito la determinación del lugar, el tiempo y las circunstancias en las que éste ocurrió.

Sin embargo, para los defensores de la cultura jurídica vieja, este principio clave de la justicia penal es irrelevante.

Hay quienes argumentan que el lugar donde fueron asesinados los jóvenes no tiene importancia y tampoco las circunstancias que rodearon el hecho delictivo.

Afirman que la aparición de los restos del normalista Christian Rodríguez Telumbre en la Barranca de la Carnicería —sitio que se encuentra a casi un kilómetro del basurero de Cocula, donde se suponía fueron incinerados— no modifica sustancialmente la verdad histórica presentada por Jesús Murillo Karam, aquel noviembre de 2014.

¿Cómo inculpar de asesinato a un presunto criminal si no puede precisarse el lugar en el que se cometió el delito? Es difícil no ver: los restos hallados en la Barranca de la Carnicería siembran dudas sobre la teoría criminal sustentada por los testimonios auto-inculpatorios de los presuntos autores materiales. El hallazgo de la nueva evidencia también refuta la circunstancia narrada por esos perpetradores, durante la conferencia de prensa referida.

Agustín García Reyes, alias “Chereje”, declaró que 43 o 44 jóvenes habían sido trasladados a la orilla del basurero de Cocula, la madrugada del 27 de septiembre de 2014; dijo también que 15 no llegaron con vida porque se asfixiaron en el camino; que al resto los habrían ultimado con disparos; y que todos los cuerpos fueron incinerados en el corazón del vertedero.

El hallazgo de los restos de un pie, que en vida le perteneció a Rodríguez, hace tambalear esa declaración y la de varios otros supuestos autores materiales que repitieron la misma versión. Peor aún, la contradicción entre las versiones de lo ocurrido hace que toda la acusación vacile.

¿Cómo hacer justicia si no se le puede decir al juez, más allá de cualquier duda razonable, el lugar y la circunstancia en la que se cometió el delito?

Desde que Murillo Karam expuso públicamente su verdad histórica, este ha sido el principal problema de la investigación: con tal de conseguir culpables hubo quien le dio la espalda a la Constitución.

El desempeño de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ilumina la brecha que sobrevive entre las dos culturas jurídicas.

Para aquel funcionario fue válido apresar a los presuntos delincuentes acusándolos de portación ilegal de armas, en vez de desaparición forzada, interrogarlos con los peores métodos de tortura y hacerlos participar en una inspección ocular sin que mediara autorización judicial, tal como sucedió con García Reyes.

El video que recién circula en redes sociales, en el cual se ve a Zerón y sus subordinados ejercer violencia mientras interrogan a Felipe Rodríguez Salgado, alias “Cepillo”, corrobora el argumento: inventar delitos, torturar, violar el procedimiento, tergiversar la ley, fabricar culpables, lugares y circunstancias, todo fue aceptable con tal de ofrecer resultados políticos.

A cuatro años de la vigencia del nuevo sistema penal mexicano, las pulsiones de la cultura política inquisitorial continúan vivas y obstruyendo la justicia. Sus militantes siguen valorando como detalle nimio —o “exquisito”— dictar una orden de aprehensión o, aún más importante, emitir una sentencia condenatoria contra un sujeto que presuntamente cometió un asesinato sin conocer el lugar ni las circunstancias que fijan el hecho delincuencial.

Leo a mis colegas criticar a los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) supuestamente por haber obstaculizado la investigación sobre el caso Ayotzinapa. Es una opinión injusta ya que ese grupo se esmeró, hasta el máximo de sus capacidades, por realizar una investigación que respetara los principios clave del derecho penal moderno. Es por esta misma razón que procede investigar, también penalmente, a quienes fabricaron una teoría criminal sin otros asideros que la auto-confesión obtenida mediante tortura.

Funcionarios como Zerón son responsables de que se haya obstruido la justicia durante todos estos años. Otra verdad legal tendrían hoy los padres y las madres de las víctimas si, desde el día uno de la investigación, en vez de abrazar la cultura jurídica del pasado, la autoridad hubiese apostado por la cultura penal del porvenir.

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