Salvador Frausto Crotte es director editorial de la revista digital ‘EMEEQUIS’ y coordinador del libro ‘Los doce mexicanos más pobres: el lado B de la lista de millonarios’.

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, no pasará a la historia por su cercanía con la gente, tampoco por su sensibilidad frente a las tragedias que indignaron a los mexicanos durante su gobierno. Una estampa que retrata ese estilo distante de gobernar ocurrió cuando, poco después de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, el presidente vacacionó con su familia en una de las playas privadas más lujosas del país.

Las protestas de los padres de los jóvenes desaparecidos subían de tono a finales de 2014 y, al mismo tiempo, la prensa reportaba que el presidente jugaba golf en la Riviera Nayarita, un destino turístico con playas resguardadas por rejas, muros y garitas, al que acuden celebridades internacionales como Paris Hilton, Gwyneth Paltrow y Lady Gaga.

Peña Nieto acostumbraba hospedarse en el hotel St. Regis Punta Mita, donde las habitaciones llegan a tener un precio de 2,500 dólares por noche (unos 55 mil pesos).

Ese modo de gobernar alejado de la ciudadanía contrasta con la proximidad que sostuvo con ciertas élites empresariales, a las cuales benefició con contratos para construir carreteras, vías férreas, aeropuertos y desarrollos turísticos como los que despuntaron en la Riviera Nayarita durante su sexenio, de 2012 a 2018.

Así, los resorts de Punta Mita, Litibú y Costa Canuva se expandieron bajo la tutela de algunos hombres de negocios con los que el entonces presidente sostuvo cercanía social y política, como documenta el periodista Esteban David Rodríguez en una investigación de la revista digital EMEEQUIS.

La serie de reportajes 'Los paraísos privados de los amigos de Peña Nieto’ revela que el entonces mandatario “prodigó recursos económicos y legales para preservar y ampliar estos cotos turísticos, operó políticamente para obtener las aprobaciones legislativas de donación de tierras, controló resistencias comunales y orientó la derrama de beneficios hacia los amigos que cultivó a lo largo de su carrera política, muchos de los cuales fueron sus compañeros de juego en esos campos de golf”.

Si el desarrollo turístico requería drenaje, agua potable o alumbrado, el gobierno se los proveyó. Si algún permiso ambiental estaba por concluir, la administración de Peña Nieto lo resolvió. Cuando necesitaron de una carretera para hacer más ágil el acceso a los hoteles, fincas y casas, ahí estuvo su amigo el presidente para echar concreto sobre la terracería. La ayuda incluyó enviar operadores políticos de confianza para negociar con los ejidatarios, quienes exigían remuneraciones justas por vender sus modestas propiedades a corporativos que aglutinaron capital nacional e internacional para ofrecer albergue a personas de alto poder adquisitivo.

Fernando Senderos y José Miguel Bejos, así como Carlos, Guillermo y Jorge Ancira Elizondo —cuyo hermano Alonso está en proceso de extradición desde España—, fueron algunos de los empresarios favorecidos por Peña Nieto. Ellos son los regentes de 23 kilómetros de playas donde se asientan villas, campos de golf, plazas comerciales con tiendas selectas, restaurantes, hoteles y hasta fincas.

Tanto en Punta Mita como en los desarrollos turísticos vecinos, Litibú y Costa Canuva, hubo gestiones gubernamentales para dotar de infraestructura urbana y créditos millonarios a este grupo de empresarios para que potenciaran sus negocios en nombre del progreso de la región.

Uno de los gestos más generosos de Peña Nieto con sus amigos consistió en extender hasta 2030 la concesión ambiental de un estero que impide el acceso público a las playas de Punta Mita. La presencia de surfistas y vacacionistas locales parecía incomodar a los dueños de ese paraíso privado. Y aunque la medida fue revocada recientemente por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el guiño no se olvida: entre empresarios turísticos se sabe que, a mayor privacidad, más plusvalía.

Y mientras los apoyos a los dueños de la Riviera Nayarita no cesaron durante su sexenio, Peña Nieto fue indiferente para resolver los atropellos que marcaron su gobierno: la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y las ejecuciones extrajudiciales de civiles en Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato son sólo algunos ejemplos que caracterizaron un estilo de gobernar alejado de la gente y cercano a las élites.

Para mostrarnos ese modo desigual de ejercer el poder, Esteban David Rodríguez consultó más de un centenar de documentos notariales, decenas de informes de gestión corporativa, reportes bursátiles, manifestaciones de impacto ambiental, contratos públicos y otros documentos gubernamentales, a partir de los cuales reconstruyó las ramificaciones empresariales de uno de los negocios más lucrativos del sexenio anterior.

El tema de la explotación privada de playas públicas ya ha estado presente en los medios de comunicación. Quizá por ello, hace unos días, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, recordó que “por mandato constitucional en México no existen playas privadas, por lo que estos espacios públicos son para el disfrute de todos los mexicanos. La ley es muy clara al respecto, y hay que cumplirla sin excepciones”.

Ahora el presidente López Obrador enfrenta el reto de separar el poder político del económico, para evitar que se sigan amasando fortunas a partir de beneficios gubernamentales otorgados a los “amigos” del presidente en turno, como ha venido ocurriendo desde hace décadas. Si pretende diferenciarse del lugar que ocupará Peña Nieto en la historia, tendrá que transparentar los contratos que reciben las élites durante su sexenio.

Leer más: