Diego Gómez Pickering es un escritor, periodista y diplomático mexicano. Su libro más reciente es ‘Diario de Londres’.

El 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas —cinco de ellos españoles—, una trabajadora del hogar y su hija de 16 años fueron masacrados en la sede de la Universidad Centroamericana de San Salvador (UCA) por miembros del batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño. El propósito del asesinato, gestado por altas esferas del gobierno ultraconservador de entonces, era descarrilar las negociaciones de paz con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Su efecto fue justo el contrario, pues la matanza se constituyó en un punto de inflexión de la longeva guerra civil del país.

En junio de este año inició en Madrid un proceso judicial contra el viceministro de Defensa del gobierno del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani en 1989, Inocente Orlando Montano, por su presunta participación en “la decisión, diseño o ejecución” de la masacre. Con ello se abre una oportunidad para hacer justicia, honrar la memoria de los llamados “mártires de la UCA” y de los más de 75,000 muertos en el conflicto y, sobre todo, de advertir que, en El Salvador, el Ejército tiene cada día más poder, como lo tuvo en la guerra fratricida que sucedió hace más de 30 años.

A poco más de un año de asumir el gobierno, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se erige aún como el paladín que habrá de terminar con la desgarradora violencia que ha azotado a El Salvador durante las últimas décadas y que lo colocó entre los países con más muertes violentas por número de habitantes en el planeta.

Para ello, ha declarado una guerra sin cuartel a las pandillas y ha diseñado una estrategia llamada Plan de Control Territorial, que implica, en su tercera fase y tan solo para este 2020, el mayor incremento presupuestal para las fuerzas armadas salvadoreñas desde la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que en 1992 pusieron fin a la cruenta guerra civil.

La estrategia, si bien ha disminuido el número de homicidios dolosos en el país, levanta alarmas pues implica militarizar la seguridad y obliga a hacer un repaso del doloroso y aún muy reciente pasado de la nación centroamericana.

“Un paso más en la militarización de la seguridad pública de Bukele”, titulaba el sitio El Faro una nota el 8 de marzo en la que se escudriña un préstamo solicitado por el gobierno de Bukele al Banco Centroamericano de Integración Económica por 109 millones de dólares, con los cuales el mandatario pretende financiar la tercera fase de su plan. Según la nota, alrededor de la mitad del préstamo iría a aumentar la movilidad y despliegue del Ejército en todo el territorio, para realizar labores de inteligencia y seguridad pública.

La negociación del préstamo había confrontado semanas atrás al Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, puesto que los parlamentarios, tanto de derecha (Arena) como de izquierda (FMLN), mostraron reticencia respecto al plan. Bukele ordenó militarizar al máximo órgano legislativo del país y llenó el pleno con efectivos fuertemente armados.

A las pocas semanas del asalto a la Asamblea, las fotos de cientos de presos amontonados en algunas cárceles de El Salvador, en plena pandemia por coronavirus, rodeados por carceleros de formación militar que portan armas largas, le trajo críticas mundiales a Bukele, a quien poco le importó el hecho pues cuenta con altos índices de popularidad y sabe que en El Salvador la gente está cansada de la violencia.

Sin embargo, su fórmula de tintes autoritarios para abordar el problema, extralimitando el rol del Ejército en un país que sufrió tanto por sus abusos, debe preocuparnos a todos en América Latina, no solo a los salvadoreños. El presente de la nación mesoamericana alarma y trae recuerdos de un pasado no olvidado del todo. Las dictaduras castrenses del Cono Sur, la militarización de la seguridad en México, el rol del Ejército en la guerra colombiana y en la Venezuela chavista, son solo algunos ejemplos.

Por eso tiene una importancia especial el proceso judicial que se desarrolla en Madrid contra parte de la cúpula militar ultraderechista de El Salvador; la cual, con la venia de los Estados Unidos, no solo combatió al FMLN, sino que masacró a miles de salvadoreños inocentes con una impunidad que lleva más de 30 años solapándose. El rol de la justicia ibérica da contexto y coyuntura para hacer frente a una realidad innegable en América Latina, en donde los ejércitos —desde el de Brasil con el presidente Jair Bolsonaro, al de México con Andrés Manuel López Obrador—, contrariando su rol y propósito, y obviando la carga histórica, están poco a poco erigiéndose como actores en una trama que no les corresponde.

Para evitar dicho destino, la sociedad civil y el poder político de nuestros países deben de tomar con seriedad lo que sucede en El Salvador y fungir de contrapeso ante cualquier intento que amenace el frágil equilibrio de la región. De lo contrario, nuestra historia, tan dolorosa, sangrienta y llena de culpables, golpes de Estado, víctimas e injusticias, amenaza con repetirse.

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