Ricardo Raphael es periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es 'Hijo de la guerra’.

Casi todo es novedad en el proceso penal que comenzó el 28 de julio en México contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). La audiencia, presidida por el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza, ocurrió a distancia, bajo el formato de videoconferencia. El imputado asistió desde un lujoso cuarto privado de hospital, debido a una dolencia que presumiblemente no requiere hospitalización. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso que el asunto trascienda al Poder Judicial y sea juzgado por “un tribunal ciudadano y popular”; y las filtraciones que preceden al juicio han colocado bajo el reflector a una serie larga de políticos encumbrados, lo cual hace que, en el ambiente público, floten ánimos furibundos de Circo Romano.

Sobre todas las cosas, destaca la expectativa de una delación sin precedente en la historia nacional de las corruptelas mexicanas. A diferencia de otras culturas, aquí el delator es un personaje infrecuente y por ello ha sido tan difícil quebrar el régimen de impunidad.

La tradición política mexicana prefiere a los chivos expiatorios que asumen individualmente los pecados colectivos, sobre el desmantelamiento de los modos y la corrección de las fallas de un sistema propicio para el crimen de cuello blanco y el hurto multimillonario al contribuyente.

Sería una verdadera novedad si, con este caso, se lograse dar la espalda a los patrones del pasado. Para ello importa mucho que Lozoya haya escogido a un abogado distinto a los hampones de siempre.

A diferencia de Javier Coello Trejo, quien llevaba originalmente la defensa, el nuevo abogado, Miguel Ontiveros Alonso, tiene como propósito aligerar los cargos que pesan sobre su cliente a partir de un intercambio de información con el Estado.

Ontiveros sostiene una teoría del derecho penal que promueve “el principio de oportunidad”. El jurista alemán Claus Roxin, profesor del abogado de Lozoya, alega que este principio sirve para hacer que los intereses prioritarios del Estado, como el conocimiento de la verdad, puedan lograrse gracias a la delación del imputado.

Se trata de una política criminal frecuente en casi todo el mundo democrático que, sin embargo, no tiene precedentes relevantes en México, para asuntos grandes de corrupción nacional.

La importancia de la delación de Emilio Lozoya será mayor a las penas previstas por la ley para los delitos presuntamente cometidos si sirve para revelar el nombre de los principales responsables, así como los mecanismos empleados para orquestar los delitos en los que el exfuncionario estuvo involucrado.

En sentido inverso, si tal estrategia naufragara, la estructura de impunidad que permitió la corrupción permanecerá intacta y, por tanto, se corre riesgo de repetición en el futuro.

No es lo mismo el principio de oportunidad que el oportunismo político. La política criminal mexicana ha sido tradicionalmente oportunista porque en ella ha primado la política a secas sobre el aspecto criminal.

Este caso podría implicar un giro de 180 grados. Lozoya ha sido denunciado por su participación en tres expedientes delictivos grandes: el primero implica a la empresa mexicana Agro Nitrogenados, el segundo a la brasileña Odebrecht, y el tercero a la española Obrascón Huarte Lain (OHL). En todos estos casos se asoman el cohecho, el lavado de dinero y el ejercicio indebido de la función pública.

La Fiscalía General de la República (FGR) asegura tener pruebas de que, cuando fue director de PEMEX, Lozoya manipuló al Consejo de Administración de la paraestatal para que esta celebrara una inversión por 635 millones de dólares, la cual implicó la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados.

El dueño del negocio, Alonso Ancira, habría pagado una jugosa recompensa ilícita al exfuncionario porque esa inversión iba a significar un quebranto obvio y grave para PEMEX.

El caso Odebrecht implicó otra promoción del exfuncionario, también dentro del Consejo de Administración, a propósito del complejo Etileno 21, cuyo daño aproximado al patrimonio nacional ronda los 40,000 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un modus operandi parecido respecto a OHL, a quien Lozoya habría también beneficiado a través del Consejo de Administración de PEMEX, con un negocio que involucra una planta solidificadora de azufre, en Coatzacolacos Veracruz, y una operación fraudulenta que ronda los 1,200 millones de pesos.

Mirando estos tres casos, resulta evidente que Emilio Lozoya Austin no pudo haber actuado solo. La secretaría de Hacienda ocupa un asiento muy importante en el Consejo de Administración de PEMEX y, sin embargo, los secretarios que se desempeñaron como titulares no hicieron nada para evitar los fraudes. Tampoco sirvieron de contrapeso las demás personas integrantes del Consejo, ni los órganos de control interno de PEMEX, ni el resto del gobierno, ni los legisladores de oposición.

La oportunidad para desnudar esta maraña es única y, si no se desperdicia el caso Lozoya, la política criminal del país podría dar una vuelta definitiva a la página de la corrupción.

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