Dachelys Valdés, psicóloga cubana, y Hope Bastian, antropóloga estadounidense, se enamoraron en Cuba. Pero cuando decidieron casarse, en 2017, tuvieron que viajar a la Florida para concretar su matrimonio, pues en la isla aún no está permitida la unión legal entre personas del mismo sexo. La pareja vive en La Habana y quiso tener un bebé en 2018. Sin embargo, en el país los tratamientos de fertilidad no son aplicados a las relaciones de dos mujeres. De nuevo, ambas viajaron a la Florida para que Hope fuese inseminada artificialmente por medio de la fertilización in vitro. Así nació Paulo, y tanto Bastian como Valdés quedaron registradas en el certificado de nacimiento en Estados Unidos como sus madres.

Antes de regresar a Cuba, la familia comenzó los trámites para inscribir al niño en la isla como hijo de una ciudadana cubana nacido fuera del país. No fue hasta casi un año después que el Ministerio de Justicia cubano emitió un dictamen en el cual, sin reconocer el matrimonio de las chicas, aprobó que se emitieran certificaciones donde en lugar de “madre y padre” figurara la configuración “madre y madre”. Paulo es el primer niño que se inscribe en Cuba como hijo de dos personas del mismo sexo.

La noticia es una gran victoria para la comunidad LGBT+ cubana que lucha por conseguir la instauración y el respeto de sus derechos dentro de una sociedad que se rige, en gran medida, por las históricas normas de un Estado homófobo y machista. Así lo demuestra la reciente censura en la televisión de un beso entre dos hombres que generó una pequeña manifestación en las afueras del Instituto de Radio y Televisión, y las declaraciones de dos funcionarios de la misma institución que se filtraron a la prensa donde dejaron claro que excluyen a los locutores, periodistas y presentadores cuyas voces no son “masculinas”.

Estas expresiones son solo una muestra de la homofobia latente que padece la sociedad cubana y, a su vez, desnudan la antiquísima postura de varios entes decisores del gobierno, cuyo parlamento hace un año no permitió que el matrimonio del mismo sexo quedara en la letra de la Carta Magna y decidió someter el código de familia a referéndum en 2021, cuando podría quedar o no registrada la unión legal entre personas del mismo sexo.

Al sacar al matrimonio gay del borrador de la Constitución en 2018, el gobierno cubano perdió una gran oportunidad de hacer de este país un lugar menos discriminatorio y, de esa manera, firmó un capítulo más de transgresiones legales al llevar a plebiscito un derecho humano. No hay mayor injusticia que colocar el futuro de una comunidad minoritaria en manos de una mayoría.

No obstante, la homofobia de Estado no fue lo único que provocó la marcha atrás del parlamento unicameral cubano que había incluido al matrimonio gay dentro de su propuesta inicial de Constitución. Durante el proceso de consulta popular, el régimen observó una inusual actitud en contra de su propuesta que provenía mayoritariamente de sectores religiosos fundamentalistas, quienes no aceptan la relación homosexual: las calles se llenaron de carteles contra el matrimonio gay, de feligreses manifestándose, los templos se desbordaron para alabar “el diseño original de la familia” y varias denominaciones religiosas recogieron firmas y emitieron declaraciones públicas.

Mariela Castro, diputada del parlamento y directora del Centro Nacional de Educación Sexual, reconoció en ese momento: “Grupos de fundamentalistas religiosos están tratando de chantajear al gobierno cubano”.

En una jugada estratégica para mantener su status quo intacto —lo que obviamente le garantiza el control absoluto del país— el régimen se vio en la obligación de apagar esa llama encendida que le podría generar un vuelco en sus previsiones de votos. Según un estudio de 2018 del Departamento de Estado de los Estados Unidos —en Cuba no hay cifras oficiales recientes—, los católicos representan entre 60 y 70% de los 11.2 millones de cubanos, y los protestantes alrededor de 5%.

La jugada consistió en prescindir del matrimonio gay en la Carta Magna, complaciendo así a los religiosos y a los homófobos del aparato estatal, para adjudicarse esos votos “SÍ”, a cambio de certificar el rígido sistema político, declarar al Partido Comunista como “único, martiano, fidelista, marxista y leninista” y como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, además de no permitir la libertad de asociación ni de prensa.

El giro de timón a última hora respecto al matrimonio gay va más allá del miedo del castrismo a ceder libertades en su marco legal. El régimen cubano es homófobo y, a lo largo de su historia, ha castigado sin piedad a los homosexuales, los ha encerrado en campos de trabajo forzoso “para corregir sus desviaciones” y los ha hostigado cuando, sin su consentimiento, se han manifestado de manera pacífica para exigir demandas que son sus derechos legítimos.

De esas discriminaciones históricas y de la cercanía del referéndum del código de familia nace la incertidumbre y la incomodidad de la comunidad LGBT+ acerca de su porvenir, al ver que el Estado, nuevamente, en vez de garantizar el cumplimiento irrestricto de todos los derechos de todas las personas por igual, somete a plebiscito los de una población minoritaria y en desventaja social.

Declarar legal el matrimonio para unos sí y para otros no, es una decisión autoritaria y anticonstitucional porque el artículo 42 de la Constitución establece que: “Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género (…) La violación del principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley”.

No es necesario que existan mayorías para reconocer los derechos de las personas, por lo que la comunidad LGBT+ no debe admitir que se plebiscite el matrimonio gay. El Estado tiene la obligación de legislarlo. Si no lo hace, incurriría en otra flagrante violación de los derechos de sus ciudadanos.

Leer más: