Arturo Herrera Gutiérrez es secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México.

La crisis económica que estamos viviendo tiene características verdaderamente inusuales: es la primera crisis por diseño de la historia, es decir, la crisis se desencadena no por algún problema en un mercado en particular (deuda, bonos subprime, sector financiero, etc.), sino porque los gobiernos y las sociedades decidieron cerrar la economía como medida para combatir la pandemia del COVID-19.

Es por ello que desde el inicio el tono de la respuesta pública en el terreno económico ha estado condicionado a la trayectoria de la pandemia y a lo que aprendemos sobre ella; en este sentido, la respuesta se ha ido adaptando a la enfermedad.

El primer conjunto de respuestas estuvo moldeado por una lectura preliminar basada en un supuesto y una peculiaridad en la ruta de propagación del virus. El supuesto —tal vez influido por la experiencia de la influenza AH1N1 en 2009— es que se podía hacer un cierre duro por unas semanas y después volver a la normalidad. La peculiaridad es que, después de China, el virus siguió una ruta a través de economías avanzadas: Italia, España, Alemania, Reino Unido, y después Canadá y Estados Unidos como primeras etapas en América.

Dado que la vida económica y la política económica están condicionadas por la trayectoria de la pandemia, y que no regresaremos a la normalidad hasta que se haya domado al virus, es importante entender cuáles son las opciones de solución al COVID-19. Hasta el momento, se han planteado tres: lograr la inmunidad de rebaño, encontrar una vacuna o encontrar una cura.

Parece haber habido muy pocos avances en la última opción, así es que me concentro en la primeras dos. Empecemos por la llamada inmunidad de rebaño, a la que algunos países parecen haber apostado al inicio de la pandemia. La inmunidad de rebaño consiste en que un conjunto muy alto de una población se infecte y por lo tanto la velocidad de transmisión de la enfermedad se vuelve muy baja. Se estima que la inmunidad de rebaño requiere que, cuando menos, el 70% de la población se contagie. Para un país como México esto requeriría que casi 90 millones de personas fueran contagiadas, e implicaría probablemente un numero altísimo de pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, no podemos apostar a la inmunidad de rebaño como solución.

Nos queda entonces la vacuna. La información más reciente nos hace sentir optimistas con respecto a ella, pues diversas pruebas se encuentran ya en etapas avanzadas y cercanas al proceso de aprobación, y todo apunta a que en algún momento a inicios del próximo año podremos contar con alguna.

Pero pasará algún tiempo —que esperamos sea corto— entre el descubrimiento de una vacuna y el momento en que esté disponible para un porcentaje alto de la población. Asumamos que el despliegue se puede hacer relativamente rápido y tomará algunos meses, eso quiere decir que podríamos esperar tener una solución definitiva en la segunda mitad de 2021.

Aun este escenario razonablemente optimista implica que tendremos que vivir con el COVID-19 alrededor de un año más. Esto es muy distinto del escenario inicial de unas cuantas semanas. Por lo tanto, el comportamiento individual, la economía y las políticas públicas tendrán que adaptarse para aprender a convivir con la enfermedad; no se trata ya —en el corto plazo— de eliminar el COVID-19, sino de aprender a lidiar con él, y relanzar la economía y la vida social cambiando la forma de operar para minimizar los riesgos de contagio.

Hacia allá estamos dirigiéndonos. Se han abierto ya ciertos sectores (construcción, minería, autopartes) que son realizados fundamentalmente en espacios abiertos, donde el riesgo de contagio es mucho menor, o donde los protocolos de sana distancia en el trabajo o de salud en el trabajo han permitido el reinicio de actividades. Esto ha permitido, por ejemplo, que en la construcción se hayan recuperado ya casi 140,000 empleos.

Pero esto es solo un ejemplo de lo mucho que estamos observando sobre cómo la sociedad y la economía se están adaptando a convivir con el COVID-19: en algunos lugares de trabajo se ponen barreras de acrílico, en el transporte público se requiere el uso de cubrebocas, en los restaurantes el menú se lee a través de código QR para evitar los menús impresos y los partidos de futbol se realizan sin espectadores.

Las finanzas públicas y la política económica también requieren adaptarse: necesitamos operar por meses en un entorno de menores ingresos y tensiones en el aparato productivo. En esto se manifiestan de manera muy cruda algunas de las diferencias entre las economías avanzadas y las de ingresos medios, no es lo mismo lanzar un programa de impulso fiscal cuando la tasa de interés es cero (y por lo tanto no cuesta endeudarse) que cuando la tasa es del 6%. La conducción de las finanzas públicas en los próximos meses requerirá no solo de claridad, sino también de generar consensos con todos los actores relevantes.

Y estos consensos serán muy importantes, porque de manera paradójica, hay también una coyuntura muy inusual para la política económica: el COVID-19 y sus efectos en la salud y en la economía han traído de nueva cuenta a la discusión el bienestar común y la responsabilidad colectiva; por eso, aunque tenemos un tema urgente como la pandemia, es el momento de empezar a retomar temas muy importantes que dominaban la agenda internacional antes de la misma, como la desigualdad, el cambio climático y los conflictos comerciales internacionales.

Es en esta lógica de abordar lo importante y colectivo que en México planteamos una reforma al sistema de pensiones que, de ser aprobada, aumentará de manera importante los recursos de los trabajadores mexicanos al momento de su retiro.

Estos son algunos elementos que dan forma a la economía en tiempos del COVID-19.

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