Juan Jesús Garza Onofre es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Javier Martín Reyes es profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no termina de comprender su función constitucional como titular del poder Ejecutivo. En las conferencias matutinas —que ofrece diariamente— se comporta más como ciudadano que como jefe de Estado. Aunque suele escudarse en la retórica de la libertad de expresión o del derecho de réplica, cuando actúa como autoridad, el presidente no tiene derechos fundamentales sino deberes que le impone la Constitución.

El caso de Emilio Lozoya, el exdirector de la petrolera estatal Pemex acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y quien presuntamente ha aceptado colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar al expresidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, es un extraordinario ejemplo de hasta dónde puede llegar el desprecio presidencial por las reglas constitucionales. En las declaraciones de AMLO sobre este caso se han violado las reglas más esenciales del debido proceso legal.

En su conferencia del 17 de agosto, AMLO dijo que el pueblo tenía derecho a conocer “toda la denuncia del señor Lozoya”. Añadió que esto debía hacerse “con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos”, y pidió que el video que se asegura entregó Lozoya a la FGR se pudiera ver “en redes sociales, en la televisión convencional”. Dijo, además, que “si están involucrados los expresidentes” propondría “una consulta ciudadana para que el pueblo decida si se les juzga o no”.

Tales declaraciones son muy preocupantes. Si bien AMLO advirtió que respetaba “la división de poderes”, y que era necesario “guardar los requisitos del debido proceso” y “el procedimiento que marca la Constitución”, también es cierto que sus dichos atentan abiertamente contra estos principios.

Ese mismo día circuló en redes sociales un video que muestra cómo dos exfuncionarios del Senado reciben enormes cantidades de dinero en efectivo. Por la tarde, además, al menos un medio de comunicación divulgó el contenido de un supuesto documento en el cual Lozoya declara haber entregado 80 millones de pesos en efectivo a legisladores para la aprobación de la reforma energética que impulsó Peña Nieto.

Es complicado saber si el video y el documento son auténticos, o si el responsable de la filtración es la FGR o el gobierno. Pero las coincidencias son muchas. Y si la filtración parece venganza política y sirve como tal, probablemente estemos frente a una que fue orquestada desde el poder. La filtración no busca una exitosa judicialización del caso, sino su mera politización.

Peor aún, en su conferencia del 18 agosto, el presidente transmitió esta misma filtración e insistió: “Se ha difundido el video pero no mucho, los medios no le están dando la importancia que tiene; no es el video de René Bejarano, ese se difundió a nivel nacional e internacional, y este veo que en las grandes televisoras no tiene exposición, no se habla del tema”. La declaración no solo sorprende por ser una mentira, dado que la mayoría de los medios han transmitido este video en sus diversas plataformas, sino por el ánimo revanchista. La referencia al video de Bejarano, secretario particular de AMLO cuando fue jefe de gobierno de la capital mexicana, y quien fue grabado recibiendo dinero de un empresario, sugiere que el presidente piensa que ha llegado el momento de su venganza.

En términos jurídicos, el camino aún es largo. Incluso si se confirma que Lozoya fue quien entregó el video que podría servir para acreditar sobornos de Odebrecht —dinero que, según el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, fue utilizado para distintos fines ilícitos durante gobiernos pasados—, estaríamos apenas en las primeras etapas de un procedimiento que durará meses.

Para que el video sirva para condenar a funcionarios de administraciones anteriores, falta que la FGR reúna más datos de prueba y finalice la investigación inicial; que formule la imputación correspondiente ante un juez de control; que este vincule a proceso a los involucrados; que el video sea ofrecido y admitido como un medio de prueba válido; y, por último, que sea desahogado en la audiencia de juicio.

Más allá de las complejidades que supone este proceso, la presunción de inocencia se viola cuando los medios de comunicación difunden documentos o videos en los que personas son presentadas como “delincuentes”. La Suprema Corte de Justicia ha sido contundente en esta cuestión: “La sola exhibición de personas imputadas en los medios de comunicación representa una forma de maltrato que favorece el terreno de ilegalidad”. Así, el presidente pide que la prensa se convierta en cómplice de la violación al debido proceso.

La otra petición de AMLO, de someter a consulta si se enjuicia o no a los expresidentes, es igualmente problemática. De acuerdo con la Constitución, el proceso penal no se guía por la venganza, sino por el deber de respetar los derechos humanos. Y el mismo texto constitucional es clarísimo al señalar: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos… ni las garantías para su protección”.

La consulta propuesta implica que el respeto y garantía de los derechos de las víctimas quedaría a entera disposición de las mayorías. Es una propuesta inconstitucional y contraria a los criterios de la Suprema Corte.

Antes que hacer justicia por los delitos y combatir la corrupción, AMLO ha apostado por la politización de este caso. Quizá sea una estrategia que generará réditos electorales —ante los comicios intermedios de 2021— y permitirá que la gente se olvide de los errores del gobierno en el manejo de la pandemia, pero muy difícilmente servirá para terminar con el nefasto legado que ha dejado este grave problema en México.

Leer más: