Olga Behar es periodista, politóloga y escritora colombiana. Durante más de tres décadas ha investigado sobre el conflicto armado y político de Colombia. Es autora de una veintena de libros, entre ellos novelas históricas, periodísticos y académicos.

Quienes hemos sido testigos de las detenciones de los grandes líderes políticos de América Latina en las últimas décadas, sabemos el daño irreparable que estos eventos pueden llegar a causar a la política partidista en el país donde esto sucede.

Es difícil olvidar el descenso en 2004 del entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez —custodiado y esposado— del avión que lo llevó desde Washington hasta Costa Rica para enfrentar acusaciones de corrupción. También queda en nuestra memoria el caso del poderosísimo expresidente peruano, Alberto Fujimori, capturado en Chile en 2005, para responder en su país por varios delitos —entre ellos, asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado y desaparición forzada—. Y quién no tiene en su mente la detención del legendario obrero metalúrgico y dos veces presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en 2016. O, más recientemente, la del peruano Alejandro Toledo (2001-2006), arrestado en julio de 2019 en California, Estados Unidos, por un pedido de extradición, originado en acusaciones de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Esto sucede especialmente en nuestra región, donde caudillos contemporáneos han pasado de ser dioses a simples ciudadanos al ser procesados por el poder Judicial.

Hay muchos más ejemplos de gobernantes en cuyas historias de vida se aplicó la sentencia de que el poder ilimitado no existe y que las leyes son para todos. Pero esto no parecía posible en el caso del dos veces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Uribe es el político colombiano más influyente y reconocido de las últimas dos décadas; al punto de que intentó construir su alter ego llevando primero a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a la presidencia (2010-2018); y hace dos años, a Iván Duque, un abogado joven y poco experimentado cuya máxima virtud fue haber sido escogido por el caudillo —con la intermediación de una encuesta interna de su partido, el Centro Democrático— para ser el candidato oficial.

Colombia parecía ser la excepción a esa regla contemporánea, a pesar del programa “el que la hace la paga” que lanzó Duque muy al inicio de su gobierno para combatir la corrupción y la delincuencia. Esto se debía a que, en el imaginario popular, existía la tesis de que Uribe era un intocable y que no habría un juez con la valentía suficiente para encausarlo.

Según RCN Radio, el expresidente cuenta con más de 180 denuncias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara —de las cuales, menos de la mitad avanza lentamente— y 28 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia (1995-1997), además de tener denuncias penales por eventos sucedidos como senador (2014-2020). Parecía haber abundante material, pero poca decisión de los jueces.

Este mito se rompió el pasado 4 de agosto, cuando la Sala de Instrucción Especial de la Corte Suprema le impuso a Uribe una medida de aseguramiento (detención preventiva), que por ahora cumple en la hacienda El Ubérrimo, una propiedad de entre 1,300 y 1,500 hectáreas, ubicada en las sabanas del departamento de Córdoba.

La resolución, de 1,554 páginas, establece la necesidad de recluirlo, por su calidad de determinador (autor intelectual) de varios delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Dos días después, un juez de la capital ordenó una medida igual contra el abogado de Uribe, Diego Cadena, como presunto responsable (autor material) de los sobornos.

Ahora, como lo explica el abogado penalista Élmer Montaña en una entrevista, “una vez se haya recaudado la prueba necesaria para calificar, o vencido el término de instrucción (18 meses), la Sala Especial de Instrucción deberá cerrar la investigación y concederá a los sujetos procesales un término de ocho días para que presenten alegatos; acto seguido, la Sala deberá calificar el mérito del sumario con resolución de acusación o preclusión”.

Esto significa que, difícilmente, Uribe —el preso número 1087985, de acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario— podrá regresar a la arena política antes de la próxima elección presidencial, programada para mayo de 2022. Por el contrario, deja su curul en el Senado y no podrá acompañar a su próximo candidato presidencial en las correrías por el país, como lo hizo con Duque.

Una realidad que traerá consecuencias de fondo para la política colombiana, regida por una polarización irreconciliable que, como la describe el reconocido politólogo Eduardo Pizarro en una entrevista por correo electrónico, no es ajena a una tendencia en otros países. Pizarro cree que “Colombia está viviendo lo que (el escritor) Moisés Naím denomina la otra pandemia del siglo XXI: la polarización política extrema, que está afectando la gobernabilidad democrática, debido a la incapacidad de los gobiernos para construir acuerdos básicos”.

Los diferentes partidos, especialmente los que declararon su independencia del gobierno o su oposición a él, saben que solo por esa vía, la de un gran pacto nacional, podrán llegar al poder en 2022 y terminar con dos décadas de uribismo. Por su parte, el partido Centro Democrático, debido a la immovilización política de su líder, tendrá dificultades para sobrevivir. Pizarro cree que “la lucha entre fracciones y personalidades está siendo muy intensa y, en el caso hipotético del retiro de Uribe, se vería agravada”.

El politólogo Ariel Ávila dijo en entrevista que tres ejes del partido —Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo y Rafael Nieto— “se están matando entre ellos para saber quién es el próximo designado, ahí hay una guerra civil desde hace tiempos”.

Sin embargo, es posible que esa lucha fratricida no sea el acta de defunción del uribismo. Esto se debe a que, en Colombia, mientras la derecha es capaz de dejar atrás viejas enemistades para no perder las mieles del poder, el centro y la izquierda han demostrado que los pequeños fundamentalismos pueden ser obstáculos para conseguir una coalición que los lleve a la presidencia.

En medio de este panorama está el presidente Iván Duque, con mayorías en el Congreso, pero sin un norte seguro para manejar la pandemia del COVID-19, ni para encarar la reconstrucción económica y social del país una vez disminuya la crisis sanitaria.

El evento de partida para Colombia ya llegó. Sin embargo, aún falta más de un año para que queden definidos quiénes serán los escogidos entre una veintena de precandidatos que, desde hace ya varios meses, intentan imponerse sobre los otros para estar en el partidor con una coalición fuerte que los lleve a la residencia oficial Casa de Nariño. Pero este desprestigio del gobierno puede ser un factor que incline la balanza electoral de 2022 hacia un verdadero cambio de dirección.

Nota del editor: En una versión anterior se mencionaba equivocadamente que los mismos magistrados que habían impuesto la medida de aseguramiento para Uribe lo habían hecho también para el abogado Diego Cadena. Este dato ha sido actualizado.

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