Pablo Méndez Shiff es periodista y escritor argentino.

A comienzos del año, la legalización del aborto se perfilaba como uno de los temas más importantes de la agenda política argentina. Fue una promesa de campaña del actual presidente, Alberto Fernández, quien en marzo, en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, ratificó su compromiso de enviar un proyecto de ley al Congreso. Hasta que llegó la pandemia.

Ahora, Fernández busca solventar la crisis sanitaria con un paquete de leyes económicas y el anuncio de una reforma judicial. Mientras tanto, el debate por el aborto ha entrado en zona de espera. "Es una convicción que yo tengo y lo voy a mandar tan pronto como pueda”, dijo el presidente a Futurorock el 11 de agosto, pero sin dar una fecha específica.

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, es una de las funcionarias de mayor confianza de Fernández y quien ha estado a cargo del proyecto que se enviará al Congreso, tal vez, hacia fin de año. “Nos parece que tenemos que estar en mejores condiciones de abordar este debate”, planteó Ibarra a Perfil semanas atrás.

Habla con el conocimiento de una batalla de la que ella fue parte, como coautora del proyecto, exactamente 10 años atrás. El 15 de julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país en aprobar el matrimonio igualitario en toda América Latina y el décimo en el mundo, incluso antes que Francia y Reino Unido. Como pasó con la ley que habilitó el divorcio en 1987, fue una discusión que enfrentó a los sectores laicos de la sociedad con el poder de la Iglesia católica y otros grupos confesionales. El entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, dijo que se trataba de “una guerra con el plan de Dios”.

Este aniversario, y las similitudes que presenta con la discusión sobre el aborto, constituye una buena oportunidad para revisar hacia dónde podría dirigirse el debate.

Como la ley de matrimonio igualitario, la ley de aborto viene impulsada por un conjunto de organizaciones sociales que cosecharon el apoyo de la comunidad artística y un grupo amplio de políticos tanto de centroizquierda como de centroderecha. Pero ampliar los derechos civiles enciende alarmas en los sectores más conservadores de la sociedad, que quieren invocar al nombre de Dios para sí.

La campaña por la reforma del matrimonio igualitario fue exitosa por la confluencia de varios factores: la labor del activismo, la elección del momento adecuado y el fuerte apoyo gubernamental que recibió.

En 2008, dos años antes de la sanción de la norma, Argentina vivió su conflicto más intenso de lo que va del siglo XXI. Una discusión por gravámenes a la exportación de soja derivó en un enfrentamiento que polarizó a la sociedad. Desde ese momento, pareciera que no se puede discutir casi nada por fuera de la lógica binaria del oficialismo (kirchnerismo) y el antikirchnerismo.

La ley de matrimonio igualitario logró lo que entonces parecía un milagro: cosechar votos cruzando las líneas de los partidos políticos y las alianzas parlamentarias. El apoyo del expresidente y entonces diputado, Néstor Kirchner, y de la entonces presidenta —y hoy vicepresidenta—, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), también fue crucial para la aprobación de la ley.

CFK decidió sumar a dos senadoras que estaban en contra del proyecto a un viaje diplomático a China para, de ese modo, dejar sus bancas vacías. El Senado aprobó la ley por una mayoría ajustada: 33 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

Ocho años después, el entonces presidente Mauricio Macri manifestó su apoyo a que se debatiera el aborto por primera vez en el Congreso. Algunos analistas dijeron que la motivación de Macri era distraer a la opinión pública de la apremiante situación económica; otros, que buscaba cosechar algunos votos del progresismo. Pero, más allá de algunos referentes de su partido que impulsaron la norma, el gobierno de Macri trabajó para que la ley no se aprobara. Incluso la entonces vicepresidenta, Gabriela Michetti —conocida por su oposición a los derechos LGBT+— festejó en el recinto la derrota del proyecto.

Ese debate legislativo de 2018 se dio tres años después de una de las movilizaciones masivas más importantes de la historia reciente argentina, conocida como Ni Una Menos. El reclamo contra la violencia machista logró galvanizar a las militancias históricas feministas con nuevas generaciones.

Las discusiones parlamentarias fueron seguidas, como con la ley de matrimonio, por multitudes frente al Congreso y por numerosos artistas que expresaron su apoyo. Al igual que con la conquista civil de 2010, la televisión tuvo un lugar central en el avance del debate social. De hecho, el primer espacio en el que se pronunció la palabra aborto, considerada tabú por décadas, fue en Intrusos, un programa de espectáculos.

El apoyo que Macri negó está ahora presente en el gobierno de Fernández. Más allá del posicionamiento público en favor de la ley, su gobierno tiene una oficina pública en la que convergen por primera vez las demandas feministas con las de la diversidad sexual: el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La agenda confluyente del feminismo con la comunidad LGBT+ se ve también en otros proyectos que se están discutiendo.

Para cumplir su palabra, Fernández se deberá enfrentar a una serie de desafíos. Además de encontrar el momento adecuado pospandemia, deberá lidiar con movilizaciones de la derecha que empiezan a mostrar signos de radicalización tanto en las calles como en la televisión, en un contexto de apremios económicos y angustia social. Y también deberá enfrentarse a una dificultad que no existía al momento de aprobarse el matrimonio igualitario: Bergoglio, el arzobispo que hablaba de la guerra contra Dios, hoy es el Papa Francisco. Con ello la oposición a la iniciativa gana un aliado muy poderoso, al cual el gobierno de Fernández también deberá confrontar en unos meses.

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