Roberto Valencia es periodista y escritor en El Salvador. Su libro más reciente es ‘Carta desde Zacatraz’.

El mundo habla pestes de este 2020, pero para El Salvador está siendo el año menos violento de su violenta historia reciente; de largo, además. No es poca cosa en un país marcado a fuego por el asesinato y las maras, un país que rara vez no ha ocupado un peldaño en el pódium de los más homicidas del mundo. “Los primeros en sacar el cuchillo”, definió en los setenta a sus compatriotas el poeta salvadoreño Roque Dalton, asesinado en la antesala de la guerra civil.

Como periodista, le aposté hace una década al monitoreo constante de la violencia homicida. Desde esa vieja obsesión por el tema, está pasando algo que creí que nunca me tocaría reportar: El Salvador cerrará 2020 con una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes inferior a la de México.

Algo realmente extraordinario tendría que suceder para que México no cierre 2020 con una tasa de entre 26 y 29 homicidios por cada 100,000 habitantes, muy similar a la de 2019. El Salvador terminará con una tasa entre 18 y 20, la mitad que en 2019.

México está en América Latina y América Latina es la región más violenta del mundo. Y México es un país ofensivamente violento si la comparación es con Europa Occidental, el mundo árabe o Asia, pero la perspectiva cambia cuando se observa desde el Triángulo Norte de Centroamérica.

En mi primer viaje largo a Ciudad de México, en 2007, me hospedé en casa de unos amigos en el Centro Histórico, un área que entonces era de alquileres cómodos debido a la inseguridad. Fuimos a una librería que estaba abierta bien entrada la noche y, lo más chocante, sin guardias de seguridad armados. Los centroamericanos entenderán mejor el calado de esta anécdota.

Que El Salvador vaya a ser un país menos homicida que México es un bombazo; visto desde El Salvador, al menos. Y resulta esperanzador que en la explicación tengan más peso los méritos salvadoreños que los deméritos mexicanos.

México cerró el año pasado con más de 35,000 homicidios, pero es un país de 127 millones de habitantes, hay corresponsales de los principales medios de comunicación que amplifican su tragedia y por décadas Hollywood se ha esforzado en presentarlo como la antesala del infierno. Y quizá lo sea, pero apenas en 2015 la tasa de homicidios de El Salvador septuplicaba la mexicana. De nuevo: septuplicaba.

El Salvador ha encadenado cinco años consecutivos de fuertes descensos en sus cifras de violencia homicida. De 6,656 homicidios en 2015 (en un país de 6.5 millones de habitantes) se ha pasado a los menos de 1,300 proyectados para todo 2020.

Es, además, una caída sólida: los números están certificados por las tres instituciones que procesan los homicidios, guarda muy poca o nula relación con la pandemia de COVID-19 y, quizá lo más relevante, está avalada por cuanta encuesta se ha publicado en la que se pregunta a los salvadoreños sobre violencia e inseguridad.

Hay, pues, razones fundadas para el optimismo en un tema clave para El Salvador, el cual ha lastrado el desarrollo económico y social por décadas. Pero creer que esos logros no pueden revertirse sería ignorar la historia y hasta la idiosincrasia del país, sobre todo después de la investigación del periódico digital El Faro, que confirma el diálogo abierto entre altos funcionarios del gobierno y líderes encarcelados de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La caída en los homicidios es un hecho, pero todavía sigue sin respuesta unánime la pregunta clave: ¿Por qué ese descenso? En una sociedad polarizada —ahora en torno al presidente Nayib Bukele— y a meses de las trascendentales elecciones legislativas de febrero de 2021, la poderosa maquinaria propagandística pro-gubernamental lo sigue presentando como obra y gracia del gabinete de seguridad; los opositores lo atribuyen a que el gobierno ha hecho concesiones bajo la mesa a las tres estructuras criminales dominantes: la MS-13, la 18-Sureños y la 18-Revolucionarios.

Como planteé en octubre de 2019, ambas hipótesis hacen agua. Por más que el gobierno repita lo contrario, las pandillas aún mantienen un férreo control en los asentamientos en los que echaron raíces en los noventa. Hace muy pocos días fui a la Nuevo Israel, un conglomerado de comunidades empobrecidas en San Salvador, y el ritual de ingreso fue el mismo: pedir permiso y acompañamiento a líderes comunales que puedan justificar la presencia de un periodista. La Nuevo Israel es uno de los bastiones más firmes de la MS-13 en la capital.

Tampoco hay de momento pruebas sólidas e irrefutables de que el descenso se deba a que el gobierno esté haciendo concesiones a los grupos criminales, carcelarios o de otro tipo. Los indicios, de hecho, apuntan en la dirección contraria, como las draconianas medidas carcelarias tomadas a inicios de mayo, en plena pandemia.

La importancia de la investigación de El Faro radica en que evidencia con pruebas irrefutables que el gobierno y la MS-13 están dialogando, algo que la administración de Bukele ha querido ocultar por el desgaste que podría generar entre sus simpatizantes. Pero el trabajo periodístico no responde si el descenso en los homicidios es consecuencia del diálogo o, por el contrario, el diálogo es consecuencia del descenso en los homicidios.

La idea del diálogo con las maras sigue violentando a buena parte de la sociedad, pero el prestigioso think-tank International Crisis Group lo sugirió de forma explícita en su más reciente informe sobre El Salvador, como una herramienta idónea para consolidar resultados, siempre y cuando se busque que “los pandilleros dejen el crimen” y no se haga de espaldas a la sociedad en general, y a las víctimas en particular.

Una respuesta inapelable al porqué del descenso no puedo darla todavía. La desconozco. Esta columna se concibió como una reflexión sobre el descenso en sí, sobre las miles de vidas que no se están perdiendo. De nuevo: miles de vidas.

Todo indica que El Salvador será en 2020 un país menos homicida que México, algo inimaginable hace apenas un lustro. Es un logro extraordinario para esta sociedad, pero me temo que la opacidad gubernamental —destapada ahora por El Faro— y la toxicidad propia del ambiente preelectoral nos están impidiendo valorar y dimensionar.

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