Hace año y medio, tras la reelección burdamente amañada de Nicolás Maduro, Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional se embarcaron en una maniobra osada y de alto riesgo para intentar restaurar la democracia en Venezuela. Rompiendo con la práctica diplomática estándar, reconocieron al líder de oposición Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela.

Fue una iniciativa basada en la esperanza, pero divorciada de la realidad: aunque Guaidó demostró tener agallas, su reclamo a la presidencia no fue aceptado por ninguna institución del Estado venezolano. La Policía, las Fuerzas Armadas, los tribunales, la burocracia, todos continuaron reconociendo a Maduro como el líder legítimo del país. En vez de describir la realidad en el lugar, reconocer a Guaidó fue una acción diseñada para conjurar una nueva realidad a través de la presión internacional.

Parecía una buena idea en aquel momento. No funcionó.

Ahora, la única pregunta que queda es cómo la oposición puede reconocer e interiorizar ese fracaso. Esta semana, se hizo evidente que ese proceso se realizará de un modo bastante destructivo, reabriendo viejas heridas y sentando las bases para una separación posiblemente permanente en el movimiento opositor.

El 31 de agosto, Maduro acordó una gran amnistía, liberando de prisión o retirándole los cargos a 110 políticos opositores. Como parte de un acuerdo negociado silenciosamente por diplomáticos turcos, Maduro le pidió a una proporción sustancial de la oposición a que rompiera con Guaidó y participara en las elecciones legislativas que el régimen celebrará en diciembre.

Esa votación no será ni libre ni justa. El régimen ha tomado control legal del liderazgo de todos los principales partidos de oposición, lo que significa que Maduro tendrá la última palabra sobre quién tendrá permitido lanzarse en una contienda electoral contra él. El mismo Consejo Nacional Electoral está repleto de partidarios del régimen y tiene un sórdido historial de permitir fraudes electorales flagrantes. Así que las reglas del juego favorecen agresivamente a un lado. Sin embargo, el régimen accedió a permitir la presencia de observadores internacionales de la Unión Europea para que supervisen las elecciones. Esa concesión, junto con la amnistía a algunos presos políticos, fue suficiente para convencer a algunas figuras importantes de la oposición.

La más importante es Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, quien fue derrotado por Maduro bajo circunstancias dudosas y que sigue siendo uno de los líderes de oposición de más alto perfil de Venezuela. En un abrasador discurso el 3 de septiembre, Capriles criticó a Guaidó por “jugar a ser presidente en internet”. Parece seguro que una porción importante de lo que queda del movimiento de la oposición seguirá a Capriles y participará en las elecciones controladas por el gobierno.

¿Qué debemos deducir de todo esto?

Por un lado, Capriles tiene razón en que la oposición venezolana necesitaba desesperadamente un contacto con la realidad. La estrategia con Guaidó se había estancado, y no sirve de mucho pretender lo contrario. Un retroceso por parte de la comunidad internacional será sin duda humillante, pero el riesgo de esa posible humillación siempre estuvo presente en esa estrategia. Fue esa posibilidad, de hecho, la que la hizo tan riesgosa.

Por otro lado, la separación entre Guaidó y Capriles es catastrófica. Es una agria ruptura que podría dejar al régimen de Maduro cómodamente en control de las instituciones del país hasta la siguiente generación. El sector antichavista que está con Capriles parece estar dispuesto a aceptar su rol de oposición leal, en control de una permanente minoría en la asamblea, como el precio a pagar para permanecer fuera de la cárcel. Mientras tanto, el grupo maximalista asociado con Guaidó y su mentor, Leopoldo López, probablemente experimentará una represión del Estado aún más severa, y pareciera estar destinado a la oscuridad y la irrelevancia.

Bajo estas circunstancias, las sanciones actuales de Estados Unidos sobre Venezuela no tienen mucho sentido estratégico, sin embargo, la inercia burocrática en Washington sugiere que podrían permanecer activas por muchos años de todas maneras. Una de las muchas razones por la cual la iniciativa con Guaidó resultó contraproducente fue haber alineado al Departamento de Estado muy de cerca no con la oposición de Venezuela como un todo, sino solo con un número de facciones beligerantes dentro de ella, cuya relevancia está bajo creciente presión.

Estados Unidos nunca debería tomar partido en este tipo de disputas entre políticos de otros países. Pero en la medida que lo hace, debería tener especial cuidado en no terminar apoyando al bando perdedor. Ese es un obstáculo que tal vez este Departamento de Estado no pueda superar en Venezuela.

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