La semana pasada, durante una entrevista, unos periodistas le preguntaron al escritor y editor mexicano Paco Ignacio Taibo II, quien dirige el Fondo de Cultura Económica de México —una editorial financiada con fondos públicos, a cargo de uno de los catálogos más influyentes del mundo de habla hispana—, sobre Letras Libres y Nexos, las revistas políticas más reconocidas de México, que recientemente habían sido acusadas sin fundamento de corrupción por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). (Soy miembro del consejo editorial de Letras Libres. Enrique Krauze, el director de la revista, es mi padre).

Taibo respondió con una amenaza apenas velada: “Sugeriría que se queden en su esquina o que vayan cambiando de país”. Cuando se le preguntó si los editores de las revistas deberían tomar sus palabras como un acto de intimidación, Taibo se rió entre dientes: "Es un consejo fraternal”.

La advertencia fue ominosa y escalofriante, especialmente viniendo de Taibo, cuya propia familia buscó refugio en México después de huir de España en la década de 1950. Pero es algo que ya tiene precedentes. De hecho, la agresiva advertencia de Taibo para que los críticos más abiertos del presidente se callen o se vayan —tanto el director de Nexos, Héctor Aguilar Camín, como Enrique Krauze han criticado al presidente— es parte de un patrón de creciente intolerancia y represión del periodismo crítico y el pensamiento, que proviene directamente del propio AMLO.

Dos días antes de los comentarios de Taibo, el presidente había utilizado su conferencia de prensa matutina para revelar personalmente los contratos de publicidad gubernamental que Nexos y Letras Libres recibieron en gobiernos anteriores. Con la ayuda del vocero presidencial, Jesús Ramírez, AMLO mostró 12 años de publicidad gubernamental en ambas revistas. Ni el presidente ni su portavoz ofrecieron más contexto. No presentaron pruebas de ningún efecto pernicioso que la publicidad del gobierno hubiera tenido sobre la independencia editorial de las revistas (no hay ninguna). Convenientemente, también se olvidaron de dejar en claro que los contratos eran completamente legales. Si bien sus méritos ciertamente pueden ser debatidos, la publicidad gubernamental es legal y legítima en México. AMLO encontró tiempo para explicar las corruptas motivaciones de sus críticos: “(Krauze) estaba en contra del cambio verdadero. Me llamó ‘el Mesías Tropical’ y ahora está muy enojado porque su revista estaba subsidiada por el gobierno”.

Ninguna de las revistas fue “subsidiada por el gobierno”. Antes de AMLO, la publicidad gubernamental era solo una fracción de los ingresos de Letras Libres. La revista se publica regularmente hasta el día de hoy, al igual que Nexos, ambas desprovistas de publicidad del gobierno federal desde 2018. Cabe señalar que el gobierno de AMLO no ha terminado con la práctica de la publicidad gubernamental, invirtiendo generosamente en el periódico La Jornada, por ejemplo.

Lo que realmente le molesta a AMLO, y a sus compañeros como Taibo, son las frecuentes críticas que publican Nexos, Letras Libres y otros medios, sobre el presidente y sus políticas, en pleno ejercicio de sus capacidades periodísticas y de la libertad de expresión que queda en el país.

Los ataques de AMLO contra los medios periodísticos independientes se extienden más allá de estas revistas y sus directivos. Apenas dos días después de su diatriba contra Letras Libres y Nexos, volvió a utilizar su conferencia de prensa matutina para ir tras Reforma, uno de los periódicos más influyentes de México. “Miren el Reforma: un pasquín inmundo”, dijo sobre la portada del día. Lo que le molestó fue una nota sobre actos de presunta corrupción en su estado natal, Tabasco, que beneficiarían a su familia. “Es el caso clásico del hampa del periodismo”, dijo.

Durante estos dos años, los medios de comunicación, al igual que ciertos periodistas, se han enfrentado con frecuencia a la ira del presidente. El reportero Carlos Loret de Mola (columnista de Post Opinión) reveló recientemente grabaciones del hermano del presidente, Pío López Obrador, supuestamente recibiendo contribuciones ilegales de campaña para Morena, el partido oficial, por alrededor de dos millones de pesos (más de 90,000 dólares) entregados en efectivo. En lugar de enfrentar las acusaciones, AMLO volvió a perseguir al mensajero. Acusó a Loret de Mola de “atacarlo” y exigió al periodista que revelara las finanzas de LatinUS, la plataforma web de noticias donde publicó la nota. "¿Quién lo paga?”, dijo AMLO sonriendo.

Tras algunos de estos ataques contra periodistas o publicaciones críticas, AMLO suele intentar moderar su intolerancia, argumentando que su intención no es censurar a sus críticos sino ejercer su derecho a contestar las acusaciones. “No reprimiremos a nadie. No habrá censura ”, le gusta decir a López Obrador. Esto es pura demagogia. La relación entre los poderosos y la prensa no es simétrica. El púlpito desde donde AMLO hace bullying no puede compararse con los recursos de sus críticos o de los periodistas que investigan su gobierno.

El presidente de México debe saber que sus palabras y su ejemplo importan. Cuando usa el poder de su cargo para difamar tanto a críticos como a periodistas, AMLO sienta un precedente peligroso. Taibo ya ha mostrado la intolerancia que genera el presidente de México. La historia muestra que el paso que viene después de amenazar con echar a los críticos del país que les pertenece por derecho es algo mucho más siniestro. México, y su presidente, deberían evitarlo a toda costa.

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