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Opinión En el Caso Ayotzinapa no puede haber justicia a medias

Familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Rural de Ayotzinapa protestan frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia en Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2020. (Alfredo Estrella/AFP)

Témoris Grecko es autor de los libros ‘Ayotzinapa. Mentira histórica’ y ‘Killing the Story’, y guionista de los documentales ‘MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala’ y ‘No se mata la verdad’.

La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, cimbró a México y al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Durante un año, la Procuraduría General de la República (PGR) intentó imponer su “verdad histórica”: grupos locales de policías corruptos y delincuentes habrían trasladado a los 43 en un solo grupo para asesinarlos e incinerarlos en el basurero de Cocula y arrojado sus cenizas al río San Juan. Tras 14 meses de pruebas en campo y análisis de laboratorio, el Equipo Argentino de Antropología Forense demostró que no hubo un gran fuego en ese lugar.

Una vez que entendió que no podría imponer esa versión, el gobierno cambió a una estrategia de confusión con “coculización”, que sostuvo durante tres años más: fue filtrando mentiras, audios manipulados y producto del espionaje, y acusaciones bajo la lógica de que si nadie creía su verdad, que no se creyera la de nadie. Se empeñó en distraer estirando el cuento del basurero de Cocula a través del poder de la televisión y de los grupos de influencia cultural, fidelizados mediante contratos millonarios, para mantenernos discutiendo si hubo o no fuego en ese sitio, en lugar de debatir las responsabilidades de militares, policías y funcionarios federales en los crímenes de Iguala y el enorme montaje de una falsa investigación.

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Como presidente electo, en septiembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a entregar justicia y verdad a las madres y los padres de los 43 estudiantes, quienes a su vez expresaron que, por primera vez desde que inició su tragedia, sentían esperanza. Hay avances, pero las cosas marchan con lentitud. Y en este caso, fundamental para la historia moderna del país, no puede haber ni media justicia ni media verdad.

Necesitamos una discusión pública sobre qué significa entregar verdad y justicia, sobre cómo sabremos que estas nuevas investigaciones han concluido con éxito.

En enero de 2019 fue instalada una Comisión para la Verdad, pero sus acciones carecieron de la fuerza legal necesaria hasta que se creó una unidad especial de investigación, encabezada por Omar Gómez Trejo, dentro de la también nueva Fiscalía General de la República. Pero el personal es casi el mismo que tenía la PGR. Aunque Gómez Trejo tiene un currículum brillante en organismos internacionales, su virtud de ser ajeno a la PGR es también su debilidad porque quienes siguen trabajando ahí lo ven como un enemigo, dado que pueden ser descubiertos y procesados por sus responsabilidades.

Hay resistencias en otras instituciones. Por ejemplo, el Ejército no parece estar colaborando más allá de realizar gestos simbólicos de escaso valor investigativo. “Sigue teniendo reticencias”, me dijo Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, en entrevista para el corto MirarMorir. Addendum, una actualización del largometraje MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala.

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“Hay personas clave del crimen organizado que han sido asesinadas. Hay personas que se han dado a la fuga”, añadió Rosales. En otra entrevista para Addendum, la exfiscal colombiana Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, me explicó que se enfrentan a la “pérdida de realidad” provocada por la fabricación y destrucción de pruebas, y el uso sistemático de la tortura que hizo la PGR.

A favor, hay nuevos testigos. Estas personas, quienes antes de este gobierno temían por sus vidas o no tenían incentivos para colaborar, están aportando información valiosa. Así fue encontrada una pieza ósea que los análisis genéticos identificaron como perteneciente al estudiante desaparecido Christian Rodríguez Telumbre, el segundo del que se han hallado pistas. El fragmento no presenta huellas de fuego ni fue hallado en el basurero de Cocula, sino en un sitio llamado Barranca de la Carnicería.

Sobre Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal que dirigió la vieja investigación, pende una orden internacional de captura. Además, ya hay algunos arrestos de exagentes federales, incluido el exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta.

Son los avances logrados a seis años de la desaparición forzada y a dos del compromiso de López Obrador, quien prometió que este sábado 26 presentará un informe detallado, en el que podría haber nuevos hallazgos.

Hasta el momento, Zerón es el funcionario de mayor nivel investigado. Pero no se mandaba solo: si él es el responsable operativo de la fabricación, el responsable político es el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y sobre él, la cúpula del poder Ejecutivo: el expresidente Enrique Peña Nieto y sus secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; y de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu.

Hace falta investigar el papel de los altos oficiales directamente involucrados, como el coronel José Rodríguez Pérez y el general Alejandro Saavedra Hernández, quien fue recompensado por Peña Nieto con sucesivos ascensos y promociones.

La investigación no estará completa sin revelar el entorno criminal en Iguala. Falta descubrir la identidad de la figura a quien los policías llamaban “El Patrón”, y quien habría decidido el destino de al menos 14 normalistas en el vecino pueblo de Huitzuco. Desde la revolución, los patrones de Huitzuco han sido los caciques de apellido Figueroa: el ya fallecido Rubén Figueroa Figueroa (gobernador de Guerrero entre 1975 y 1981) fue secuestrado en 1974 por el guerrillero Lucio Cabañas, egresado de Ayotzinapa; su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, también ocupó la gubernatura en 1993, pero la dejó en 1995 a raíz de que la Policía Estatal asesinó a 17 personas en la población de Aguas Blancas.

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Las líneas de investigación también deben considerar el papel central de Iguala en el tráfico de heroína (Guerrero representa 42% de la producción nacional), lo que llevó a simular que los ataques contra los normalistas habían sido un asunto meramente municipal, ocultando la dimensión nacional que involucra a policías, militares y funcionarios de alto nivel en la ruta hasta la frontera con Estados Unidos.

Hay nuevos compromisos pero no una discusión pública sobre cómo sabremos que las investigaciones han concluido con éxito. ¿Bastará con descubrir el destino de los 43? ¿Con procesar a los agresores de septiembre de 2014? ¿Con sentenciar a Zerón y sus subordinados? ¿O se va a ir hasta el fondo, hasta responsabilizar a los protectores y beneficiarios del imperio criminal de Iguala y sus extensiones a nivel nacional?

Más allá de buenas intenciones, México necesita de la Fiscalía resultados sólidos, convincentes y que abarquen cabalmente este conjunto de crímenes. La verdad no es verdad a medias. La justicia no es justicia a medias.

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