Mariana Limón Rugerio es periodista independiente y feminista, actualmente estudia la maestría Erasmus Mundus en periodismo, medios y globalización.

El 28 de septiembre, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), preguntó por qué las feministas se manifestaban de “manera violenta” por demandas que ya son un derecho en la capital, como la despenalización del aborto. Otros políticos insistieron en esa versión. Esta visión enfocada a la capital no es nueva: ha sido repetida todo septiembre.

Desde la toma el 2 de septiembre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en CDMX, por parte de colectivas feministas, los medios y las conversaciones se han centrado en la capital y, después, en cómo se han “expandido” las tomas a otros estados del país. Estas narrativas comparten algo: están contadas desde el centro del poder. Y para entender y resolver la crisis nacional de violencia de género es necesario mirar más allá de él.

Si escuchamos a las mujeres organizadas que luchan por los derechos humanos fuera de la capital, entenderemos que no existe una sola causa o exigencia, y mucho menos un solo feminismo. Porque la experiencia de ser mujer no es igual en CDMX que en las ciudades más feminicidas como Ciudad Juárez o Tijuana.

Desde la toma de la CNDH, una serie de movilizaciones lideradas por mujeres han sucedido en México. De los 31 estados, 26 han registrado protestas contra organismos locales como comisiones estatales de derechos humanos, fiscalías generales o institutos de la mujer.

¿Qué tienen en común las protestas? Un hartazgo transversal: colectivas en todos los estados denuncian la persistencia —o aumento— de mujeres asesinadas y altas tasas de impunidad.

Los datos respaldan ambas exigencias: en 2017, ONU-Mujeres estimaba que siete mujeres eran asesinadas a diario; en 2020 la cifra es 10.5. La impunidad también puede medirse: investigaciones periodísticas han revelado que solo tres de cada 100 asesinatos contra mujeres termina en condena, y que 46 % de los feminicidios no se registran como tal.

La narrativa desde el centro nombra estas dos exigencias, pero no alcanza a enunciar otras realidades igual de urgentes.

En las protestas locales que siguieron a la toma de la CNDH las mujeres en el estado de Sinaloa, por ejemplo, denunciaron que este año la calcinación se ha convertido en el tercer método empleado para asesinar mujeres. En Sonora, una de las exigencias es que las autoridades busquen a las mujeres desaparecidas: tan solo en el municipio de Cajeme han desaparecido al menos 50 mujeres en los últimos 18 meses y no hay avances en sus carpetas de investigación. En Baja California y Chihuahua reclaman que, de enero a julio de 2020, Tijuana y Ciudad Juárez fueron los municipios con mayor número de feminicidios.

En Tlaxcala, colectivas señalan que el municipio de Tenancigo ha sido históricamente un lugar de captación, tráfico y explotación sexual de mujeres, bajo el cobijo e impunidad de las autoridades. En Puebla, la protesta incluyó nombres y fotografías de mujeres víctimas de transfeminicidio; y en Oaxaca se pronunció que la protesta la conformaban mujeres indígenas, afrodescendientes y otras defensoras de derechos humanos.

¿Qué sucedió en los cinco estados en donde no hubo una protesta mediática? Activistas que consulté explican que en Colima y Querétaro se planean protestas en octubre. En Baja California Sur, la solidaridad fue a través de donativos dirigidos a las activistas en la toma de la CNDH.

En San Luis Potosí y Zacatecas, sin embargo, no se pudo protestar por falta de condiciones de seguridad. En San Luis Potosí, activistas han registrado detenciones arbitrarias y, en agosto, el arzobispado anunció una demanda contra feministas por pintas en iglesias. En Zacatecas, un caso de violación sexual contra una menor generó amenazas de muerte contra la víctima, su abogada y activistas.

Al escuchar estas y más voces es posible darse cuenta de que ningún estado del país quedó sin acción. La crisis, al final, es del Estado en su conjunto: la violencia de género permea en todo el territorio y por ello las mujeres han creado resistencias con identidades propias, y estas resistencias con frecuencia son interseccionales (es decir, engloban más de una lucha).

La académica estadounidense Kimberlé Crenshaw acuñó el término “interseccionalidad” en 1989, y este año, en una entrevista a Time recordó que “es un prisma para ver la forma en que las diversas formas de desigualdad a menudo operan juntas y se exacerban”. Para ella, “la interseccionalidad es una realidad vivida antes que un término”.

En México, el feminismo debe descentralizarse. Y no únicamente de la capital, también descentralizarse de una narrativa que con frecuencia olvida las realidades de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes o trans. ¿Cuántos feminicidios hay contra ellas? Informes de violencia de género ya nos han advertido que hoy sabemos poco —o incluso nada— sobre cómo la violencia feminicida afecta a estos grupos particulares.

La consigna feminista dice que lo que no se nombra no existe. Y para nombrar es necesario entender. Rita Segato, una de las académicas más relevantes de América Latina, al hablar de violencia de género, advertía en uno de sus análisis sobre Ciudad Juárez que en los asesinatos contra las mujeres con frecuencia hay un problema de entendimiento, de inteligibilidad, “y es justamente en su ininteligibilidad que los asesinos se refugian”.

Las luchas de las mujeres en México seguirán incluso en medio de una pandemia global que afecta a las mujeres de forma particular —aumentó la violencia de género, el trabajo de cuidados no remunerado y el desempleo—. Seguirán hasta que la violencia quede erradicada y hasta que la sociedad y las autoridades municipales, estatales y nacionales entiendan la crisis. Pero ojalá las tomas, marchas, rayones y diversas formas de protesta sirvan precisamente para ver más allá del centro, para utilizar el prisma de la interseccionalidad y, así, entender mejor la violencia.

Porque hoy ver más allá del centro no es solo cuestión de discursos, análisis y teorías, es una urgencia impostergable.

Si la sociedad, los medios y, sobre todo, las autoridades ­ —en todos los niveles— siguen con una mirada miope que solo ve al centro, seguiremos con un panorama incompleto que ignora las realidades de millones de mujeres, no dimensiona las distintas formas de violencia de género y no descifra por qué a pesar de las leyes, programas y alertas de género, los feminicidios siguen en aumento. Siguiendo la idea de Segato, si no vemos más allá del centro y con interseccionalidad, la violencia feminicida seguirá refugiándose en nuestra la falta de entendimiento.

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