María José Veramendi Villa es investigadora para Sudamérica de la organización Amnistía Internacional.

Mientras que Bolivia se prepara para las elecciones presidenciales del 18 de octubre, el país atraviesa una de las más graves crisis sociales, políticas y de derechos humanos de su historia reciente. Ha transcurrido un año desde las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019, con las que se desató esta crisis postelectoral que dejó como saldo más de 35 personas muertas y 800 heridas, además de denuncias de detenciones arbitrarias y tortura, entre otras violaciones de derechos humanos.

Ha sido un año turbulento en el que el país se ha sumido en la polarización política y la incertidumbre socioeconómica. A esto se ha sumado la pandemia del COVID-19 y, con ella, el ya desigual y débil sistema de salud boliviano recibió un duro golpe. Equipamiento médico insuficiente para atender la pandemia, protestas y paros de personal sanitario reclamando falta de equipos de protección, imágenes del colapso de hospitales, funerarias y cementerios; así como acusaciones de corrupción en la compra del equipamiento necesario, fueron noticia de todos los días.

Pero la crisis postelectoral evidenció otro mal que hace décadas aqueja a Bolivia: la epidemia de impunidad.

En Amnistía Internacional hemos documentado esa historia de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos en el pasado, tales como las desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias ocurridas durante los 18 años de gobiernos militares (1964–1982); las de los sucesos ocurridos en El Alto en 2003, conocida como la masacre del “Octubre Negro”, en la que 67 personas murieron y más de 400 resultaron heridas durante unas protestas; la “Masacre de Pando”, de septiembre de 2008, en la que murieron 13 personas, en su mayoría campesinos, y el caso “24 de mayo”, también de 2008, entre otros lamentables sucesos.

A aquellos se suman las violaciones a los derechos humanos de la más reciente crisis postelectoral, como los trágicos hechos de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto, donde los testimonios y la evidencia que recogimos arrojaron fuertes indicios del uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, los ataques y amenazas a periodistas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos, así como los actos de hostigamiento a opositores políticos y personas percibidas como tales.

Documentamos estos hechos en un informe publicado el pasado 20 de agosto. La larga lista tiene un denominador común: no han sido investigados adecuadamente por las autoridades competentes y permanecen en la impunidad.

Bolivia está en una encrucijada y las elecciones son la oportunidad de salir de la crisis reconociendo las violaciones de derechos humanos independientemente del gobierno y partido político, con miras a un futuro de esclarecimiento de la verdad para alcanzar la justicia.

Tras 18 años sin debates, el 3 de octubre se realizó un foro presidencial organizado por la Federación de Asociaciones Municipales y la Confederación de Universidades de Bolivia en el que las siete personas candidatas participaron y presentaron sus propuestas sobre crisis y recuperación económica, generación de empleo, estabilidad social y desarrollo local. Al día siguiente se llevó a cabo otro debate presidencial organizado por diferentes sectores y con el apoyo de decenas de instituciones en el que, a diferencia del día anterior, el formato permitió la réplica entre las personas candidatas. Lamentablemente, no participaron el candidato del MAS-IPSP, Luis Arce, ni el de la Alianza Creemos, Luis Fernando Camacho.

Pero el gran ausente de ambos foros, de los planes y réplicas de las personas candidatas, fue el reconocimiento de que el país atraviesa una crisis postelectoral en la que Bolivia ha incumplido flagrantemente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Estuvo ausente además el compromiso de las personas candidatas de adoptar medidas para asegurar una investigación diligente, independente e imparcial, y abstenerse de impedir el juzgamiento de las personas que sean sospechosas de responsabilidad por tales violaciones de derechos humanos y de los actos de violencia cometidos durante la crisis postelectoral. Ello se contrapone a la desconfianza de las y los bolivianos en el sistema judicial y la incapacidad de este de esclarecer los hechos, lo cual se manifestó en los reiterados anuncios de las personas candidatas de la necesidad de una reforma del sistema de justicia.

Las personas candidatas parecen haber olvidado que Bolivia ya se comprometió con el establecimiento de un mecanismo independiente de investigación. El 12 de diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado firmaron un acuerdo para crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de apoyar las investigaciones sobre los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. La presidenta interina, Jeanine Áñez, se comprometió con su establecimiento, pero hasta la fecha no se ha concretado. El GIEI representa una verdadera oportunidad de garantizar justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sin verdad y justicia no hay garantías de no repetición.

Ha sido una campaña marcada por la violencia y los ataques entre personas candidatas y partidos políticos. Bolivia tiene la oportunidad de construir y comprometerse con el único camino viable para salir de esta crisis: poner los derechos humanos en el centro de las respuestas y respetar los compromisos internacionales que voluntariamente ha asumido.

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