Julio Astillero es un periodista mexicano. Es columnista del diario ‘La Jornada’ y conduce en redes sociales los programas ‘Videocharlas Astilladas’ y ‘Astillero Informa’.

Nunca antes un exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) mexicano había pisado una cárcel para ser sujeto a un proceso judicial. Mucho menos, como en el caso del general de división en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, una cárcel estadounidense, donde permanece desde la semana pasada que fue detenido en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Cienfuegos Zepeda fue titular de la Sedena de 2012 a 2018, como parte del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, cuya administración estuvo llena de escándalos de corrupción.

La detención del general Cienfuegos impacta al sistema político mexicano en general, pues la gobernabilidad del país se ha sustentado largamente en un pacto no escrito de coexistencia tolerante y cómplice entre los poderes civil y militar.

Las Fuerzas Armadas han gozado de un estatus legal y fáctico de excepción en el país, que ha permitido a cada una de las partes surcar sin grandes complicaciones el enorme pantano de la corrupción institucionalizada.

México no ha tenido nunca a un civil al frente de la Sedena y todos los titulares de esta cartera han cumplido invariablemente el periodo sexenal para el cual han sido designados —es decir, el poder presidencial nunca se metió con ellos—. Hasta la llegada del centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia, el secretario saliente proponía al presidente entrante dos o tres nombres de posibles sucesores en el mando castrense, y el nuevo mandatario civil nombraba a alguno de ellos para sellar un proceso de continuidad e impunidad de las élites militares.

AMLO llegó al poder por el hartazgo ciudadano hacia las administraciones anteriores, y ha asegurado que él no aceptó las “sugerencias” del secretario saliente, el general Cienfuegos, y optó por el general Luis Cresencio Sandoval González, un oficial de caballería que rompió la preponderancia de la infantería en el mando de la Sedena y quien estaría “rompiendo” con los añejos pactos de complicidad de la élite castrense.

El general Sandoval, obviamente, no ha sido un producto espontáneo ni ha estado desligado de los procesos de construcción del poder militar, ahora puestos gravemente en entredicho por la detención de Cienfuegos. Por ejemplo, Sandoval González fue comandante de la guarnición militar de Piedras Negras, Coahuila, de 2011 a 2012, en un lapso en que el cártel de Los Zetas introdujo, asesinó e incineró a unas 150 personas en el penal de esa ciudad. Acusado de permitir tales crímenes, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aseguró que “los responsables de la seguridad en el Centro Penitenciario era de los militares, a propuesta del general secretario Guillermo Galván”.

Así que, aun cuando una primera lectura de los hechos podría sugerir que la detención del general peñista es un servicio a la causa anticorrupción de AMLO —específicamente en cuanto a la supuesta intención de levantar cargos legales contra su antecesor—, la realidad podría terminar por mostrar una afectación general al sistema político mexicano, en donde hay pactos no escritos de complicidades civiles y militares para mantener la gobernabilidad.

También al espíritu del Ejército, que en este gobierno está en un curso preocupante de expansión hacia tareas civiles: el presidente se ha afanado en ceder posiciones, negocios e influencia al poder militar encabezado por el general Sandoval y, en la Marina, por el almirante José Rafael Ojeda Durán.

Ya ha habido episodios de fricción entre AMLO y cierta élite del Ejército: en octubre de 2019, días después de la detención y posterior liberación en el estado de Sinaloa del supuesto narcotraficante Ovidio Guzmán —hijo del capo Joaquín “el Chapo” Guzmán— por fuerzas militares, el general Carlos Demetrio Ochoa Gaytán pronunció un discurso público sumamente crítico del presidente.

La detención también podría afectar la relación entre AMLO y el presidente estadounidense, Donald Trump, quien seguramente usará el tema del general corrupto para fines electorales.

En paralelo al caso Cienfuegos, que a reserva de la sentencia judicial ya ha provocado mayor condena social y política al peñismo, está el de Genaro García Luna, quien fue el secretario de Seguridad Pública durante la administración encabezada por el derechista Felipe Calderón. Hoy está también en una cárcel en Estados Unidos, acusado de ligas con el nacotráfico. Ambos, Cienfuegos y García Luna, fueron en su momento laureados por sus pares en Estados Unidos, donde se mantiene la política hipócrita de considerar que la corrupción y el crimen organizado solo se producen en una de las partes del entramado binacional.

A reserva de la evolución del expediente de Cienfuegos, no es benéfico para el interés nacional de México que en Estados Unidos se tomen acciones judiciales contra altos personajes del pasado político que en su país de origen se han mantenido intocados. El país vecino está jugando cartas que le otorgan una alta rentabilidad para su propio interés, con México como público de última hora y sin mayor participación que la observancia de los movimientos ajenos.

Ante estos impactos a las relaciones del gobierno, es sumamente delicado para el obradorismo que se generen turbulencias en un segmento estratégico como las Fuerzas Armadas, que se aceleren pugnas internas y se propicien corrientes críticas al interior de ellas.

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