Pío López Obrador, hermano del presidente de México, tras ser captado en videos recibiendo ilegalmente paquetes de dinero en efectivo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). En ella se dice “víctima” y pide que se castigue con 12 años de cárcel a quien resulte responsable de la divulgación de los videos. En el mismo escrito, establece que la revelación se hizo en el programa semanal a mi cargo en la plataforma de noticias Latinus.

Pío López Obrador y quien le entregó el dinero, David León Romero, ya declararon ante la FGR por la denuncia que presentaron los partidos opositores Acción Nacional y de la Revolución Democrática tras darse a conocer los videos.

Sin embargo, Pío López Obrador fue más allá: no se quedó en rendir su declaración, sino que buscó atacar por medio de una denuncia. Fue interpuesta ante la FGR el pasado 2 de octubre. Pío López Obrador habla de la divulgación de sus videos como “hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos en agravio de su persona y de su familia(…) a través del espacio de comunicación Latinus, dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola”. Pide que se le reconozca como coadyuvante de la Fiscalía y que ésta inicie una carpeta de investigación sobre el asunto.

Este es el argumento de su denuncia: “Se divulgaron en perjuicio de mi persona y de mi familia dos comunicaciones que fueron supuestamente grabadas por David León Romero, donde el que suscribe fue uno de los interlocutores. En la transmisión de los videos se pusieron al alcance del público dos conversaciones en las que participó el suscrito, y que si bien pudieron ser lícitamente obtenidas, ello no genera el derecho para que las mismas puedan ser reveladas y mucho menos divulgadas en un medio de comunicación, pues las mismas siguen siendo confidenciales entre el suscrito y David León Romero”.

Y agrega: “Toda comunicación reservada o secreta está protegida por nuestro sistema jurídico. Las diversas conversaciones que sostuve con David León Romero tenían un carácter de reservadas y por tanto están protegidas por el derecho humano a la intimidad. Nuestro sistema de justicia protege la intimidad de las personas. Para eso existen ciertas disposiciones de ley. Todo ser humano posee una intimidad y esta debe respetarse. Con base a lo anterior es que la divulgación de las conversaciones es totalmente ilícita”.

Acto seguido, cita el Artículo 211 Bis del Código Penal Federal mexicano, y reclama el castigo: “A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa”.

Esta denuncia es la primera reacción pública que tiene Pío López Obrador desde que el 20 de agosto se revelaron dos videos en los que aparece recibiendo billetes en una bolsa y un sobre.

Quien entregó el efectivo y grabó los videos fue David León Romero, nominado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para ser el zar anticorrupción de la distribución de medicamentos, cargo que tras la revelación fue asumido por otra persona. De hecho, en su denuncia, Pío López Obrador solicita que se le tome declaración a David León como testigo, “toda vez que al parecer fue dicha persona quien intervino legalmente nuestra comunicación privada”.

En los videos, que datan de 2015, Pío López Obrador y David León señalan que esas entregas de recursos se venían repitiendo mensualmente durante el último año y medio. Acuerdan que el dinero se usará para impulsar la campaña presidencial de AMLO en 2018 y que él sabe del apoyo financiero.

Aunque la plática en los dos videos no lo establece explícitamente, se sospecha que el dinero llegó del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco —hoy senador—, de quien David León ha sido un operador cercanísimo. AMLO declaró, después de que los videos se hicieran públicos, que los paquetes de efectivo eran “aportaciones del pueblo” y no fruto de la corrupción. La explicación hizo explotar a la opinión pública en una mezcla de indignación y burla.

La denuncia de Pío López Obrador, pidiendo 12 años de cárcel para un periodista, escala aún más la permanente agresión del régimen de su hermano contra quienes hemos exhibido y denunciado sus tropiezos, y en general contra el ejercicio de la libertad de expresión. Varios organismos internacionales, como Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, han señalado a México por ello.

Hasta ahora, AMLO había insultado a diario a sus críticos en su conferencia de prensa matutina, había presionado a dueños de los medios de comunicación y había usado la inversión publicitaria con presupuesto público como chantaje para suavizar los cuestionamientos. Lo que vemos a partir de la denuncia de Pío López Obrador es el cobijo del Estado —la Presidencia y la Fiscalía en conjunto— para animar la denuncia del hermano del presidente, quien busca la cárcel y una multa contra quien haya divulgado los videos que lo exhiben en actos ilegales. Claramente, ese es un asunto de trascendencia, interés público y valor periodístico cuya difusión pública protegen tanto las leyes nacionales como los tratados internacionales. Habrá que dar la pelea.

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